La administración Rosselló está al borde de perder unos $800 millones en fondos federales que se utilizarían para la restauración de la red de telecomunicaciones de la isla luego del paso del huracán María.

Según un artículo en DoctorShopper, este dinero, que sería otorgado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en ingles), ha sido cogido de rehen, ante el mal manejo de fondos destinados para el 9-1-1.

En diversas cartas intercambiadas entre el gobernador Ricardo Rosselló y el comisionado de la FCC encargado del sistema 9-1-1 en los estados y territorios, Mike O'Rielly, trascendió que los cargos que los ciudadanos pagan por el 9-1-1 en sus servicios de telecomunicaciones no son destinados al 9-1-1, pues han sido desviados al fondo general del gobierno.

Esta situación ha sido gracias a una orden ejecutiva que firmo el exgobernador, Alejandro García Padilla, donde se estipulaba que 'todo ahorro que tuvieran las entidades gubernamentales tenía que ser movido para el uso en actividades de desarrollo económico'. Según estatutos de la FCC, quitársele esos fondos al 9-1-1 es ilegal.

Por otro lado, la FCC tambien ha cuestionado la falta de radicación de un informe anual del 9-1-1 para el año 2016, a lo que Rosselló justificó explicando que su comisionado del 9-1-1 había renunciado en noviembre de 2017.

O'Rielly estableció como ultimatum detener la extracción de fondos del 9-1-1 para continuar con su apoyo en el desembolso de los casi $800 millones

Durante una conferencia de prensa, Rosselló explicó que al momento se encuentra atendiendo las inquietudes junto al secretario de Seguridad Pública, Hector Pesquera.

'Hemos estado entablando la comunicación para dejarles saber [a la FCC] cómo es que se va a corregir y de dónde se va a sacar ese capital', expuso el primer ejecutivo.

A la misma vez, la Comisión de Seguridad Pública ha convocado vistas públicas para que se atiendan las observaciones de O'Rielly. Según un comunicado de prensa emitido por Fortaleza, citarán a Pesquera, el comisionado interino de la Policía, Henry Escalera, la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres, y el comisionado interino del Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1, lGuillermo Torruella Farinacci.