Desde que el huracán María azotó a Puerto Rico hace seis meses, alrededor de 200,000 residentes han emigrado hacia Estados Unidos continentales. Ellos fueron animados a hacerlo por autoridades gubernamentales que parece quieren reconstruir la Isla con 'muchos menos puertorriqueños', según reporta The Intercept.

Pronto, a los emigrados se unirán otros miles de puertorriqueños, esta vez, confinados que serán removidos de las cárceles de la Isla y mudados a instituciones correccionales en Estados Unidos como parte de un plan del gobierno de relocalizar hasta una tercera parte de los presos en los próximos cinco años.

La propuesta, que permitirá reducir costos de mantenimiento de confinados mudándolos fuera de Puerto Rico, ha causado alarma entre las familias de los presos y los defensores de los derechos de los confinados.

Pero el plan, del que se han revelado pocos detalles, ha levantado cuestionamientos en cuanto a la influencia de las compañías privadas que administran cárceles y la complicada historia de previos intentos para relocalizar confinados fuera del País.

De acuerdo con el plan fiscal del gobierno, el Departamento de Corrección y Rehabilitación reducirá costos por medio de la externalización de los servicios de encarcelamiento. Autoridades correccionales esperan mudar alrededor de 900 confinados para el próximo año y alrededor de 3,200, el 30% de la población confinada, para el año 2022.

El secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón, ha dicho que mantener a los presos en cárceles estadounidenses le costaría al gobierno $60 diarios mientras que en Puerto Rico asciende a $100 diarios. El plan le ahorraría al gobierno $17.2 millones el próximo año y $46.9 millones para el 2022.

El gobierno espera cerrar cárceles a medida que vayan mudando confinados, dijo Rolón.

Sin embargo, 34 miembros del Congreso pidieron a las autoridades puertorriqueñas que abandonen ese plan porque entienden que las prisiones privadas son conocidas por mantener a los presos en condiciones infrahumanas con el propósito de ahorrar dinero, además de que los separa de sus familias y malogran los propósitos de rehabilitación.

Puerto Rico ha intentado ese plan dos veces.

En 1993, enfrentando una sobrepoblación de presos, el gobierno envió 350 presos a la Prairie Correctional Facility en Appletown, Minnesota. Para ese estado, el contrato salvaría la institución, pero las promesas hechas no fueron cumplidas.

Hubo promesas de comida al estilo boricua, guardias que hablaran español y programas de rehabilitación especiales. Pero los guardias no hablaban español, los programas especiales eran en ingles y la comida diaria era papas majadas con gravy, según el exsecretario de Corrección, Lorenzo Villalba. 'Las cosas estaban tan mal que los confinados se amotinaron', dijo Villalba.

Para el 1995, los presos habían regresado a Puerto Rico.

En 2012 renació la idea y se envió a 480 confinados a la Cimarron Facility en Cushing, Oklahoma. Nuevamente surgieron tensiones y en un año los confinados fueron devueltas a la Isla.

Hoy, Rolón dijo que ya comenzó el proceso de solicitud de propuestas para enviar a presos de Puerto Rico a cárceles en Estados Unidos, como medida para reducir costos.

'Nosotros estamos siendo bien específicos en los servicios que queremos. Estamos pidiendo que se les garantice a los confinados un menú de comida criolla, que es el mismo menú que se les ofrece en Puerto Rico. En cuanto a la educación, estamos procurando que haya cursos vocacionales de oficio. En cuanto a salud, queremos que se garanticen los mismos servicios que se ofrecen en Puerto Rico, entiendase servicios básicos de salud, servicios mentales y servicios dentales. Estamos solicitando tambien servicios de video visita, para que los confinados puedan relacionarse con su familiar e incluso, vamos a permitir que familiares puedan viajar a visitar a su familiar', dijo el secretario en conferencia de prensa.

Rolón sostuvo que el programa impactará a la población correccional masculina, porque en el caso de las mujeres la cantidad es menor.

El secretario expresó que en el 2011-2012, entre 900 a mil confinados se acogieron al programa. Con el cambio de administración, se canceló el proyecto.