El Colegio de Administradores de Salud de Puerto Rico busca integrarse en las estrategias del Gobernador en la capital federal para reclamar igualdad en los fondos del Programa Medicaid.

Tanto el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, Jorge Galva, como el presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), Efraín Piñero, pidieron por una solución permanente para el programa de Medicaid ante la posibilidad que el Congreso de Estados Unidos vuelva a tratar a Puerto Rico de manera desigual en torno al presupuesto del programa y la fórmula que utiliza para la asignación de fondos a partir del año fiscal federal que comienza el próximo 1 de octubre.

El Colegio de Administradores de Salud de Puerto Rico, que reúne a 800 administradores de hospitales, desarrolló una mesa redonda con Galva con el objetivo de integrarse en las estrategias del gobernador, Pedro Pierluisi, y la comisionada residente, Jenniffer González, en la capital federal para reclamar igualdad en los fondos del Programa Medicaid.

“Hemos tenido un trato discriminatorio, de inferioridad, mi exhortación es que se apoye esta gestión. Todas las entidades gubernamentales y privadas, de Medicare Advantage, entre otras entidades, deben unirse a este esfuerzo. El programa de Medicaid está ante un precipicio fiscal”, sostuvo Galva, quien de profesión es abogado y Administrador de Servicios de Salud.

A diferencia de los estados, el programa de Medicaid en Puerto Rico ha operado tradicionalmente con un tope presupuestario de unos $400 millones de fondos federales que se asignan para cubrir el 55% de sus gastos. El resto, un 45%, se ha pareado por el Gobierno de Puerto Rico. Esta fórmula de pareo se llama oficialmente el Porcentaje Federal de Asistencia para Medicaid (FMAP por sus siglas en inglés).

Durante los últimos dos años fiscales federales del 2020 y 2021, las asignaciones aumentaron $2.6 billones y $2.7 billones, respectivamente, mediante la aprobación de la Ley 116-94. Del mismo modo, la legislación cambió el porcentaje del FMAP. El porcentaje por parte del Gobierno Federal aumentó de 55%, como indicado anteriormente, a 82.2% mediante la aprobación de la ley y otra medida de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés).

Pero Galva subrayó que revertir el programa en Puerto Rico culminaría en la cancelación del plan Vital para 200,000 nuevos suscriptores y otros 400,000 beneficiarios que contaban con la cubierta antes que el Gobierno aprobara los aumentos presupuestarios. Del mismo modo, el programa tendría que reducir de manera significativa los reembolsos que reciben los proveedores de servicios. El presupuesto solicitado por ASES para el próximo año fiscal es de $3.9 billones que se podría reducir a $2.5 billones si se revierte el programa.

Cabe destacar que el presupuesto del presidente Joe Biden para el próximo año fiscal incluyó lenguaje que elimina el tope de asignación de fondos y alinea la tasa del FAMP de los estados.

Pero ahora el presupuesto está en manos del Congreso de Estados Unidos. “La pelea no está cerca de ganarse. Queda un largo trecho con obstáculos significativos. No podemos bajar la guardia ahora más que nunca todos los sectores debemos estar unidos junto al gobierno en protección de los más de 1.3 millones de beneficiarios del Plan Vital y la salud pública de Puerto Rico.”, indicó Galva.

Por su parte, Piñero subrayó que la disparidad en el programa de Medicaid en Puerto Rico guarda una estrecha relación con las condiciones de trabajo de los proveedores, la infraestructura de los sistemas hospitalarios, entre otros componentes claves de la industria.

“Si se contara con una cantidad razonable de una manera permanente, todas las instituciones podrían presupuestar para evitar la fuga de profesionales. Puerto Rico se distingue por adiestrar a excelentes profesionales de salud, pero se tienen que ofrecer salarios atractivos.”, dijo Piñero, quien enfatizó que en los próximos días tendrá una serie de reuniones con la Comisionada Residente y los presidentes de las Comisiones de Salud del Senado y la Cámara de Representantes.

El presidente del Colegio, que representa a unos 800 profesionales licenciados y colegiados para administrar los servicios de salud en Puerto Rico, advirtió que reducir el presupuesto del programa podría tener consecuencias nefastas tanto para los proveedores como los beneficiarios. “Esto afectaría a toda la industria. No habría fondos suficientes para que el sistema de salud siga funcionando. Se continúa con remedios provisionales sin tomar una decisión final,” indicó.

El gobernador Pierluisi estableció el Grupo Multisectorial de Salud de Puerto Rico mediante la Orden Ejecutiva-2021-025 para avanzar las iniciativas de salud de la Isla ante el Congreso.