El Gobierno de Puerto Rico aún no ha evaluado las fechas de entrega y los recursos económicos disponibles para cumplir con las solicitudes de preretiro de empleados públicos, medida que afecta a unos 11,600 trabajadores. Mientras, la Junta de Control Fiscal (JCF) parece estar a oscuras del procedimiento, uno que supone terminar bajo su consideración por conllevar la erogación de fondos públicos.

En diciembre 2018, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ordenó mediante ley a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a revisar estas solicitudes en un período de 30 días, termino que venció al finalizar el mes de enero del año en curso.

De acuerdo al principal oficial financiero (CFO, por sus siglas en ingles) Raúl Maldonado Gautier, 'la Oficina del CFO evaluó las peticiones de reconsideración que hicieron los empleados que solicitaron el preretiro. La evaluación tecnica ya esta completa, lo que está ahora mismo para finalizar las aprobaciones son las fechas y los recursos económicos, como las liquidaciones, que recibirán los empleados y que deben ser consideradas en el presupuesto'.

A la fecha se han elaborado al menos dos versiones del presupuesto de la Isla. La versión del Gobernador, que asciende a $9.6 billones, se presentaría este próximo domingo, 9 de junio, en Ponce, pese a que la JCF no aceptó esa cifra y estipuló que debía reducirse a $9.1 billones.

Esta no sería la primera vez que el Gobierno hace malabares para cumplir con sus promesas, pues en una entrevista previa, Maldonado Gautier confesó que el gobierno no contaba con el dinero para realizar el pago de pensiones ni del bono de Navidad para los empleados públicos pese a que exclamaron lo contrario ante la JCF. De acuerdo al Secretario, quien a su vez lidera OGP, el dinero se recaudó mediante un recorte al presupuesto que todas las agencias públicas tenían para contratos por servicios profesionales.

Con las declaraciones de Maldonado Gautier quedó demostrado que las gestiones referentes al preretiro están fuera del termino de la ley aprobada y, dado su naturaleza, es probable que el Gobierno tendrá que someter la propuesta a la JCF por tratarse de millones de dólares. Esto quiere decir, además, que la entidad financiera tiene potestad para detener los trámites o darles el visto bueno.

Al ser abordados por NotiCel, la JCF reiteró que OGP no había sometido información adicional solicitada sobre el impacto fiscal, por lo que entendían que la medida estaba en el aire.

'Se le solicitó información respecto al impacto de esa ley y nunca la sometieron [por tanto, vencieron los terminos]', explicó el portavoz de prensa de la JCF, Edward Zayas.

La orden de revaluación a OGP surgió a partir de la firma del firmó el Proyecto del Senado (PS) 1131 por parte del Gobernador, el cual se basó en la ahora derogada Ley 211 de 2015, que creó el Programa de Preretiro Voluntario para permitir que empleados de hasta 61 años de edad pudieran retirarse voluntariamente con una una pensión equivalente al 60% de su retribución promedio.

Aunque la medida fue sustituida en el 2017 por la Ley 106 --llamada Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos--, el proyecto de ley firmado por Rosselló Nevares suponía garantizar todos los derechos y las obligaciones de aquellos que iniciaron el proceso de preretiro.

En la exposición de motivos del PS 1131, de la autoría de Migdalia Padilla Alvelo y Lawrence 'Larry' Seilhamer Rodríguez, 40 agencias habían recibido la aprobación de planes de retiro con un ahorro neto de $150 millones. Como ejemplo, se estimó que 320 empleados del Departamento de Hacienda cualificaban para acogerse al programa, mientras que en el Departamento de Recreación y Deportes habían 238 solicitudes aprobadas.

Una agencia con 204 personas cualificadas para acogerse al pre-retiro, según cálculos divulgados en una de las vistas públicas, pagaría $63,576,902 por un período de 16 años, una economía de $36 millones comparado con el gasto que se incurriría para asegurar la permanencia de esos empleados en la nómina.

La aparente pasividad de la agencia contrasta con los esfuerzos de la administración de turno, puesto que es política pública del equipo de Rosselló Nevares achicar el tamaño del Gobierno de Puerto Rico sin recurrir a despidos. Mediante el Plan Fiscal, la JCF tambien insiste sobre la disminución del aparato gubernamental con cesantías y eliminación de beneficios como recomendaciones para lograrlo.

Por un lado, se niegan a actuar sobre las peticiones de retiro de estos trabajadores --que ya estaban aprobadas--, mientras que por otro se promulga el Programa de Transición Voluntaria, el cual permite que los empleados públicos se trasladen al sector privado o al tercer sector. Al formar parte de este programa, los empleados devengarían su salario como servidores públicos por un período de seis meses antes de desligarse por completo del Gobierno.

Al ser abordado sobre esto, Maldonado Gautier exclamó en sus declaraciones escritas que 'reiteramos nuestro compromiso para el bienestar de los empleados del Gobierno'.