En su exposición de motivos la ley 197 del 2002, Ley del Proceso de Transición del Gobierno, establece que, 'muchas de las grandes decisiones del nuevo gobierno dependerán del cuadro administrativo que se le presente en el proceso de transición', y advierte que, 'El más alto interes democrático que reviste un proceso eleccionario no puede completarse, si el proceso de transición de gobierno se culmina por la falta de cooperación y la arbitrariedad del gobierno saliente al determinar la información que habrá de ofrecerse al gobierno entrante'.

Sin embargo lo sucedido en las últimas semanas de este proceso de vistas públicas demuestra cómo los directivos de agencias de gobierno de la administración saliente, en un intento de preservar su imagen, optan por presentar las pocas victorias que se han apuntado en los últimos cuatro años, dando la impresión de eficiencia administrativa ante un cuadro fiscal que va de mal en peor.

Mientras los integrantes de la delegación entrante del Comité de Transición, con amplio conocimiento de aquellas decisiones que no tuvieron impacto positivo alguno para las finanzas locales, se niegan dar por cierto los logros de la presente administración y se aferran a una estrategia concertada para poner al descubierto medidas desesperadas para aplazar por unos meses el colapso total del gobierno y sus finanzas. Estrategia para la cual la delegación saliente del Comité de Transición no parece estar preparada ni con la intención de enfrentar.

No obstante, la delegación saliente reclama a la administración entrante a compartir su plan de acción para incorporarlo al proceso de transición en aras de mejorarlo. Lo cierto es que según dispone la ley, esa acción no es obligatoria pese a argumentos sobre los méritos prospectivos que podría tener para la creación de un plan fiscal para presentar ante la Junta de Control Fiscal (JCF) antes de finalizar el próximo mes de enero.

Así las cosas, los requerimientos de información adicional sobre personal de confianza, el interrogatorio acalorado sobre determinaciones hechas para atraer liquidez al gobierno central a costa de transparencia a los mercados y el rechazo a contratos cuestionables ha sido común en esta iteración del proceso.

A continuación un resumen de los asuntos sobresalientes de las vistas de la semana pasada:

Administración de Sistemas de Retiro del Gobierno Central y Retiro de Maestros

Como ha sido de conocimiento desde hace poco más de un año, los sistemas de retiro, tanto la de empleados del gobierno central, Administración de Sistemas de Retiro (ASR), como la de los maestros, Sistema de Retiro de Maestros (SRM), están en un camino expreso rumbo al colapso, lo que dejaría a cientos de miles de jubilados sin sus pensiones.

De entrada el administrador de la ASR, Pedro Ortiz, estableció que gran parte del derrumbe en las finanzas del sistema se debe a dos factores: la cantidad superior de pensionados en comparación a los aportadores y la suspensión del pago de la aportación patronal adicional por parte del gobierno central. Para cumplir con el pago de pensiones la ASR desembolsa mensualmente $117 millones, mientras en el lado de ingresos mensuales solo recibe $44 millones.

Dado a la situación generalizada de falta de liquidez en el gobierno, precisamente a causa de mayores gastos que ingresos, para Ortiz resulta viable pero inconsecuente demandar al estado para soltar las aportaciones que por virtud de ley se deducen de empleados públicos. El uso de estas aportaciones fue criticado por la delegación entrante como medida de emergencia para permitir al gobierno costear sus obligaciones apremiantes, específicamente servicios esenciales.

A ese fin el presidente del Comité de Transición, Elías Sánchez, insistió a Ortiz explicar porqué aún no han demandado por falta de cobro, a lo que el administrador admitió que lo ha recomendado a la Junta de Síndicos de la ASR, pero solo ellos pueden tomar esa decisión.

Por lo pronto la única opción de salvación que tanto la ASR como el SRM han identificado para mantener el pago de pensiones es la venta de sus activos líquidos, un último recurso que en el caso de ambos sistemas se vislumbra que se agotará para el próximo año. La ASR cuenta con una cartera de inversiones de $1,288 millones de los cuales $600 millones son activos líquidos. La directora ejecutiva del SRM, Wanda Santiago, indicó que en su cartera de inversiones de $801 millones queda poco más de $430 millones como activos liquidables.

En el caso del SRM, la entidad recibe $300 millones en aportaciones del Departamento de Hacienda (DH), por lo que, de drenar su cartera de inversiones, sería el único ingreso que tendría ese sistema y consecuentemente tendría que racionarlo para pagar la totalidad de las pensiones a maestros, que para muchos representa su único ingreso debido a que no cotizan para el seguro social, por lo que Santiago estimó que recibirían solo el 40% de su cheque usual.

La recomendación de los funcionarios de ASR y SRM a la administración entrante fue capitalizar de inmediato estos sistemas, sea con ahorros que surjan del proceso de reestructuración de la deuda que viabiliza la ley federal PROMESA, o por otras fuentes de ingreso. Pero para la delegación entrante las medidas que tomó la presenta administración para descapitalizar este sistema fue causa de indignación y evidencia de cómo perdieron credibilidad ante los mercados pues se contradijeron al señalar públicamente que los puertorriqueños eran prioridad, mientas usaban sus aportaciones para pagar otras deudas.

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

Para el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Alberto Bacó, las cifras que reflejó la Junta de Planificación que demostraron el declive en el desarrollo económico son imposibles de mejorar, 'aún trayendo a Batman y Superman y todo el mundo a hacer 78 aeropuertos', pues a su juicio la emigración ha sido nociva para la economía.

Mientras Bacó pintó un cuadro alentador de progreso, esbozando el surgente sector aeroespacial como muestra, la delegación entrante lo evisceró por su intento de separar la realidad fiscal y económica de la Isla y aquellos logros que en gran parte fueron producto de incentivos contributivos que las leyes 20 y 22 instituyeron, pero que a fin de cuentas no abonó a la mejoría económica que urge en tiempos de crisis.

Aún así el Secretario del DDEC lanzó propuestas para invertir aún más en la publicidad para promocionar la Isla como destino corporativo, modificar las exenciones otorgadas bajo las leyes 20 y 22 para que el estado se beneficie mejor, y encaminar una consolidación de agencias para reducir el gasto operacional de aquellos componentes dirigidos al desarrollo económico. Sobre esta última arremetió contra la Legislatura por no realizar una consolidación más abarcadora.

Pero para la delegación entrante el cuestionamiento más contundente fue por qué Bacó no encaminó estas gestiones durante su secretariado, por lo que concluyeron que simplemente optó exclusivamente por capitalizar sobre incentivos contributivos en vez de emprender gestiones más abarcadoras.

Compañía de Turismo

La directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Ingrid Rivera Rocafort, llegó a las vistas preparada para esbozar los logros de la presente administración en aumentar la ocupación hotelera, las visitas de crucero y los vuelos a otros países. La delegación entrante tenía solo un asunto en mente – el contrato secreto que acordaron con el club de fútbol español Sevilla FC.

Por el espacio de casi una hora la delegación entrante cuestionó la manera en que se gestionó el contrato, la evaluación que llevó a la CTPR a decidir que era un buen negocio a la luz de la crisis económica y los resultados que han identificado a solo un mes de vigencia. El hermetismo por parte de Rivera Rocafort no solo dominó sus respuestas sino que fue justificado ante el detalle confidencial de ese contrato a expresa solicitud de Sevilla FC.

No obstante, Rivera Rocafort insistió que la negociación se dio entre un puñado de funcionarios de su dependencia y el propio presidente del Sevilla FC, Jose Castro, y dio fe que el contrato se ha reflejado en un aumento notable a las visitas registradas en la página SeePuertoRico.com en comparación con el año pasado para la misma fecha de 125 mil visitas a 242 mil.

Posterior a la vista Alfonso Orona e Itza García, integrantes de la delegación entrante del Comité de Transición, dejaron saber su indignación con la CTPR al no proveer de antemano la información sobre el contrato bajo la catalogación de 'confidencial'. Por tal motivo dejaron saber la desconfianza que tiene con la presente administración al intentar esquivar la discusión de este contrato.

Mientras, de la administración saliente la secretaria de la Gobernación, Grace Santana, dijo que 'la ley no exige que uno traiga todos los contratos que han otorgado a la vista de transición'. Cabe destacar que las agencias que comparecen a las vistas deben entregar, por virtud de la ley de transición, un informe con la información más reciente sobre su actual situación, dentro el cual debe estar incluida un lista y copia de todos los contratos vigentes al momento de transición.

A fin de cuentas ambas delegaciones optaron por celebrar una reunión ejecutiva a puertas cerradas para discutir el contrato. Hoy continuarán su ponencia.

Informe Técnico de OGP e informe administrativo de Hacienda

Tanto la administración entrante como la administración saliente entienden que la inversión en tecnología para mejorar la comunicación entre agencias y el registro de data financiera. Por tal motivo los reclamos del director de OGP, Luis Cruz, y el secretario del DH, Juan Zaragoza, a esos fines fueron acogidos como justos.

La iniciativas que tomó Cruz para centralizar la emisión de licencias de software en el gobierno y la movida para usar sistemas de almacenamiento tipo nube, contrario a servidores tradicionales, supone una gran fuente de ahorros y mayor eficiencia que puede continuar. Sin embargo, otra fuente de ahorros proveniente de su proveedor de fibra óptica fue cuestionada bajo el argumento de posible competencia desleal.

Se trata del contrato con OnNet, afiliada de PrepaNet y ambas subsidiarias de la Autoridad de Energía Eléctrica, que entró en controversia el año pasado al ser contratada para proveer servicios de internet de alta velocidad a OGP. De inmediato el licenciado Orona preguntó si esto constituye competencia desleal al no entrar en un proceso de subasta. Cruz aseguró que una opinión del secretario de Justicia permite y promueve el intercambio de servicios entre agencias al mismo tiempo que aseguró que el costo del mismo sería de 4 millones por cuatro años con posibilidad de extender la red a otras oficinas de gobierno.

Por parte de Hacienda, el secretario Zaragoza detalló lo que el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) está encaminado a sus próximas fases que permitirá fiscalización exacta sobre arbitrios a productos como cigarrillos, bebidas alcohólicas y vehículos a partir del próximo año. Sin embargo afirmó que antes de finalizar su gestión concluirá una lista de todas las exenciones que otorga el gobierno, lo que acompañó con una recomendación para evaluarlos con el fin de que la próxima administración identifique cuales deberían continuar.