Funcionarios de la administración del gobernador Ricardo Rosselló reaccionaron hoy, miércoles, al anuncio del Comité Oficial de Retirados sobre su preacuerdo con la Junta de Control Fiscal.

Para el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino, este acuerdo 'impactará negativamente la calidad de vida de sobre 65,000 retirados los cuales verán un recorte a sus pensiones' y por tal razón no es cónsono con la política pública del gobierno actual.

'Le tengo un gran respeto a Miguel Fabre y a los miembros del COR, pero desafortunadamente este acuerdo no se puede apoyar de ninguna manera, forma o lugar por el Gobierno de Puerto Rico. Las versiones del Plan Fiscal y el Presupuesto presentados por el Gobernador contemplan el pago total de las pensiones de nuestros retirados. Nuestros modelos financieros demuestran que es viable reestructurar la deuda sin necesidad de impactar a nuestros retirados', expresó Sobrino en declaraciones escritas.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, concordó con Sobrino y reiteró que la administración no apoyará 'ningún acuerdo judicial que sirva de subterfugio para recortar pensiones'.

'Incluso, los términos que revela este comité de acreedores reflejan que el recorte de pensiones no es fiscalmente necesario. El impacto ha sido reducido a apenas $100 millones al año, ahorros que se cubren con eficiencias en otras áreas del presupuesto, como la reducción en gastos operacionales y la externalización de servicios. Esto demuestra que el recorte de la Junta de Control Fiscal es puramente ideológico', expuso Maceira en declaraciones escritas.

Según el también director de la Autoridad de Puertos, el COR se dejó intimidar por la Junta y esto fue lo que llevó a la determinación de pactar el acuerdo.

'Es lamentable que el Comité de Retirados se haya visto presionado a aceptar este acuerdo, que va en detrimento de nuestros jubilados, pues no es más que una estrategia de la Junta para procurar aliados que validen su obsesión de recortar pensiones', denunció Maceira a la vez que nuevamente reiteró el gobierno no accederá a más recortes.

Por su parte, el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, considera que los retirados tienen derecho a transar su acuerdo y que la determinación final la tendrá la jueza Laura Taylor Swain.

'Según el proceso del Título III de PROMESA, los retirados son considerados acreedores y no asegurados, cuyo trato bajo un plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal. Afortunadamente, la Junta de Control Fiscal ha podido alcanzar este y otros acuerdos consensuales para reestructurar las obligaciones de pensiones de Puerto Rico', dijo Carrión tercero en declaraciones escritas.