En la reunión repentina que convocó el ahora expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló Nevares, esta noche con algunos alcaldes y legisladores de la colectividad, el mandatario sumó como defensor al expresidente del partido, Leo Díaz Urbina, quien advirtió que no se podía dejar que meramente unas protestas sacaran a un gobernador electo y que el residenciamiento debe ser porque se halle evidencia de comisión de delito.

Los representantes novoprogresistas consultados por este medio a su salida de la reunión en el Centro Yoilanda Guerrero de Guaynabo, se inclinaban a dar paso al residenciamiento, si así lo dispone el informe encargado a tres juristas por el presidente de la Cámara, Carlos 'Johnny' Méndez Núñez.

Díaz Urbina es primo del consultor Carlos Bermúdez, uno de los participantes del chat y quien controla buena parte de las comunicaciones oficiales del gobierno a través de distintos relacionistas, y es esposo de Zulma Fuster, una abogada que es parte del grupo de fiscales de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, entidad que tendría que manejar cualquier imputación de delito que ocurra contra Rosselló Nevares, si ocurriere algo más que solo el juicio político que es un residenciamiento. Díaz Urbina es también uno de los expresidentes del PNP que podría asumir la presidencia interina del partido si los vicepresidentes no la asumen. Los vicepresidentes son los líderes legislativos Méndez Núñez y Thomas Rivera Schatz, y la comisionada residente, Jenniffer González.

El licenciado, quien ocupó la presidencia de la Palma un año antes que Rosselló Nevares ganara la primaria para gobernador en el 2016, participó de la reunión nocturna y afirmó a NotiCel que planteó sus preocupaciones sobre el potencial residenciamiento. En síntesis, insistió que las causas para residenciar un mandatario deberían activarse con base en ciertos delitos dispuestos en la Constitución: traición, soborno, delito grave o delito menos grave que apareje depravación moral.

'Mi preocupación es que se siente un precedente de que, porque una gran parte del pueblo sienta indignación, pues sin haber cometido ningún delito un gobernante, haya que residenciarlo', expresó en la reunión en la que participaron 10 alcaldes y 18 legisladores.

'Porque el día que eso ocurra no va a haber gobernabilidad en Puerto Rico y cuando saquen al gobernador por situaciones como esa después van a ir donde alcaldes porque no le gusten su política pública, luego van a ir donde legisladores, pueden ir al Tribunal Supremo, pueden ir donde periódicos a cerrarlos porque no le gusta la línea editorial y se sienten indignados', continuó el abogado, quien lanzó esa advertencia a los legisladores y alcaldes que asistieron a la reunión.

Al darse a conocer que el gobernador estaría en el lugar, ciudadanos de las urbanizaciones aledañas y de otras partes llegaron y se produjo una protesta espontánea que mantuvo a algunos legisladores y funcionarios de la Palma trancados adentro del complejo. Horas después de finalizada la reunión, los manifestantes fueron dispersados con gas pimienta.

Las advertencias de Díaz Urbina parecieron reforzar la visión de en los participantes de que sería el residenciamiento, y no las protestas, las que sacarían a Rosselló Nevares, quien se ha rehusado a renunciar a pesar de los llamados de líderes de su propio partido, como la alcaldesa de Ponce, María 'Mayita' Meléndez, y el alcalde de Cataño, Félix 'Cano' Delgado, quienes volvieron a reclamar est anoche que el Gobernador debe renunciar.

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'Mi posicione es, yo voy a someterme al proceso, si estos tres juristas recomiendan que se inicie el proceso yo voy a estar votándole a favor. Yo lo dije ya', expresó el representante Juan Oscar Morales quien reconoció que sentaría un precedente, pero no necesariamente uno negativo ni positivo.

Por su parte, el representante José 'Quiquito' Meléndez relató que el Gobernador afirmó en la reunión que estaba comprometido a continuar con su gestión como gobernador, 'y que uno tenía que tomar decisiones si uno iba a estar de un lado o de otro'. Meléndez se reafirmó en su llamado a que Rosselló Nevares renuncie a la gobernación, pero también indicó que esperará por el resultado del informe.

'Me parece prudente que si él no quiere renunciar pues vamos a ver qué dice el informe. Si el informe nos dice que en efecto hay que realizar el proceso, así lo haremos', manifestó Meléndez, quien adelantó que de recomendarse el proceso votaría a favor de comenzarlo.

'El derecho a la protesta es garantizado por nuestra Constitución y eso es parte de nuestra vida como pueblo. Yo creo que nosotros debemos ceñirnos por lo que dice la Constitución. Aquí, un gobernador, un alcalde, un legislador o un juez no se puede sacar solamente porque alguien proteste', dijo el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien había sido crítico de Rosselló Nevares.

La senadora Margarita Nolasco se mostró opuesta a que el Gobernador renuncie o sea residenciado e igualmente lo volvió a reiterar la representante Lourdes Ramos, quien en el chat de Telegram aparece como una de las legisladoras a quienes el Gobernador y sus allegados usaban para colocar comunicados de prensa y otros mensajes en la opinión pública.

Él (Rosselló Nevares) tiene que estar viendo lo que está ocurriendo en la calle', había dicho el alcalde de Arecibo, y presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, antes de la reunión.

Por su parte, el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, quien no ha reclamado la renuncia del Gobernador, pidió espacio adicional para escuchar lo que tenga que plantear luego del anuncio.

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