El alcalde de Isabela y aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos ‘Charlie' Delgado Altiere confirmó que Glenda y Maura Ponce Mendoza, dos de las coacusadas federales en el esquema de corrupción del Departamento de Educación (DE), son hijas del vicepresidente de la Legislatura Municipal de su ayuntamiento, José A. Ponce.

No obstante, Delgado Altiere rechazó que las jóvenes estén asociadas al comité municipal del PPD en Isabela o que hayan formado parte de su equipo de colaboradores.

'Sí son hijas del Vicepresidente de la Legislatura Municipal. Eso es correcto. Una familia muy querida, muy respetada. Una familia que tiene todo el cariño de todo el pueblo de Isabela y que están pasando por un momento muy difícil ante esta situación de sus hijas', sostuvo Delgado Altieri en una entrevista en la emisora Radio Isla 1320.

De acuerdo con el alcalde de Isabela, los padres de las coacusadas son afiliados al PPD pero dijo que desconoce si ellas lo son porque ya no residen en su municipio desde hace varios años. Dijo que por esta razón, hace años no sabe de las féminas.

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'Ya no están viviendo en Isabela. Creo que estaban viviendo en San Juan o fuera de Puerto Rico', respondió el Alcalde.

El aspirante a la candidatura a la gobernación por el PPD aseguró que las jóvenes no están relacionadas con el Municipio de Isabela ni con su campaña. 'Absolutamente no. Absolutamente no', respondió Delgado Altieri.

Glenda Ponce Mendoza y su hermana Mayra Ponce Mendoza fueron arrestadas por las autoridades federales por participar en un esquema de corrupción en el DE. La jefa interina de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez las identificó como amigas de la exsecretaria del DE Julia Keleher, también coacusada por los federales.

De acuerdo con el pliego acusatorio emitido por un Gran Jurado Federal, Glenda Ponce Mendoza era ayudante especial de Keleher y junto a la secretaria ofrecieron información privilegiada a su hermana Mayra para que esta obtuviera un contrato de consultoría con el DE a través de su empresa Colón & Ponce, pese a que no estaba cualificada y entregó su propuesta dos días después de la fecha límite.

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Aunque se realizó un requerimiento de propuestas, el contrato estaba preotorgado a la firma de Ponce Mendoza por instrucciones de la entonces Secretaria del DE, a quien se ubica presionando para que se escogiera dicha empresa.

Keleher otorgó el contrato pese a que la Oficina de Manejo de Riesgo del Departamento Federal de Educación se comunicó con la entonces funcionaria mediante correo y telefónicamente objetando la contratación de la empresa por no cumplir los requisitos federales.

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