Los programas de traslado de confinados que implementaron administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) en 1993 y 2012 a cárceles de Estados Unidos administradas por la empresa CoreCivic culminaron de manera violenta y no generaron ahorros al erario.

La empresa no cumplió con los servicios que prometió, los reclusos se amotinaron y regresaron a las cárceles de la isla. Los acuerdos de los traslados, así como tres contratos que recibió CoreCivic para administrar cárceles en Puerto Rico durante la administración de Pedro Rosselló en 1994, fueron un fiasco.

Pero aún así la administración de Ricardo Rosselló decidió dar otra oportunidad a CoreCivic. Hace cuatro meses el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) le adjudicó un contrato que podría costar $125 millones en cinco años para trasladar de forma escalonada al 30 por ciento de la población penal de la isla a cárceles de esa empresa en Estados Unidos.

Corrección esperaba que entre 1,000 a 1,200 confinados participaran de la primera fase de traslado y que el número aumentara a 3,000 en cinco años. 'Actualmente son cerca de 1,193 confinados los que han mostrado interes en trasladarse a cárceles en Estados Unidos', dijo Erik Rolón, secretario de Corrección, ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado el 28 de junio. Pero el martes 16 de octubre, Corrección informó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que han orientado a prisioneros de diez cárceles y que el número de confinados interesados en el programa de traslado es de 490 confinados.

El contrato fue otorgado a CoreCivic en julio de 2018 pero no ha sido firmado, ya que sobrepasa los $10 millones y debe ser aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF) impuesta por el Gobierno de Estados Unidos para controlar las finanzas del Gobierno de Puerto Rico. 'El viernes [12 de octubre] se le envió [el contrato] a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y estos lo sometieron a la Junta de Control Fiscal el mismo viernes', dijo Rolón al CPI. La Junta no respondió un pedido del CPI sobre que tiempo podría tomar la evaluación del contrato.

'Se espera que en las próximas semanas ya salga el primer grupo [de confinados]', agregó. En agosto y septiembre el secretario ya había dicho que esperaba que saliera el primer vuelo con reclusos, pero eso nunca pasó.

Amanda Gilchrist, directora de relaciones públicas de CoreCivic, no contestó preguntas del CPI. 'Por respeto a la integridad del proceso de adquisición y por razones competitivas, no damos detalles sobre ninguna propuesta que pueda haber sido presentada', dijo Gilchrist.

Un Comite Evaluador de Propuestas estaría a cargo de investigar el trasfondo de las compañías que licitaron para ver si 'han manejado situaciones y si han tenido problemas de cualquier tipo', dijo al CPI Luis Cruz Nieves, presidente de la Junta de Subastas durante una reunión el 24 de abril en la sede de la agencia en donde se orientó a las empresas interesadas en el contrato. El Comite coordinado por Ulrich Gimenez, secretario auxiliar de administración y gerencia del DCR, quedó compuesto por Alex Joel Torres, Secretario Auxiliar en Programas y Servicios de Corrección, y Janet Rivera, Jefa del Negociado de Instituciones Correccionales.

Durante la reunión con los licitantes para el programa de traslado, Gimenez López dijo que había un representante de la firma de abogados Sidney Denson LLC.

El pasado 22 de marzo de 2018 el presidente de Sidney Denson LLC, Alexis E. Quiñones Martínez, hizo un donativo de $2,500 al gobernador Ricardo Rosselló. Al día siguiente, Quiñones Martínez firmó un contrato de $20,000 con el DCR. El contrato, que tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2018, lleva la firma de Erik Rolón, secretario de Corrección. Los servicios que prestaría Quiñones Martínez al DCR incluyen 'asesoría legal general, consejería estrategica, asuntos gubernamentales y relaciones', entre otros, según el contrato. Pero el DCR no ha querido precisar el rol que tuvo la firma en el proceso de evaluación de propuestas o en el diseño del programa de traslados.

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