Las declaraciones de la empresa permiten concluir que su posición es que la orden de la guagua está en un punto en el que el gobierno no podría cancelarla.

La empresa manufacturera de la guagua blindada que se ordenó para el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares a un costo de casi $250,000 confirmó que tienen el vehículo en su poder y sostuvo que el Gobierno de Puerto Rico está en violación del contrato desde al menos 2018.

La empresa no ofreció detalles o evidencia para sostener su posición sobre el desarrollo de la transacción. Inicialmente, indicaron que “tomamos extremadamente en serio la confidencialidad de nuestros clientes y no divulgamos detalles sobre la información del usuario (de nuestros vehículos)” pero, al conocer que esta semana las autoridades en la Isla habían indicado que los referirían para investigación por posible malversación de fondos ya que se habían hecho pagos a la empresa sin que la guagua fuera recibida, cambiaron su postura.

“Las alegaciones de malversación de fondos son completamente falsas. El Gobierno de Puerto Rico estaba oficialmente en incumplimiento de contrato cuando los detalles del proyecto fueron filtrados a la prensa en 2018. Esta filtración desató una cadena de eventos que resultó en múltiples cambios de quién era nuestra persona de contacto (en el gobierno), numerosas solicitudes para paralizar la producción y requerimiento de cambios en las especificaciones de manufactura”, dijo en un correo electrónico a NotiCel el presidente de Texas Armoring Corporation (TAC), R. Trent Kimball.

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“El vehículo será entregado tan pronto las especificaciones de manufactura sean clarificadas por el gobierno puertorriqueño. En nuestra opinión, esta situación es resultado de un liderato gubernamental pobre y una pesadilla burocrática”, añadió el ejecutivo.

Las declaraciones de la empresa permiten concluir que su posición es que la orden de la guagua está en un punto en el que el gobierno no podría cancelarla y que la única salida que ellos ven es entregar el producto según las especificaciones del gobierno, a pesar de que ya el gobierno no la quiera ni realmente la necesita. Además, apuntan a una reacción gubernamental desorganizada y torpe una vez el programa “Jay y sus Rayos X” divulgó la orden de compra tramitada a través de la Administración de Servicios Generales (ASG).

La orden de compra de la ASG es del 23 de febrero de 2018 y la divulgación ocurrió en julio de 2018, provocando de inmediato que Rosselló Nevares reaccionara diciendo que el vehículo ya no se usaría para su escolta sino que se entregaría a la división SWAT de la Policía. La orden de compra, sin embargo, demuestra que el precio base del vehículo Chevrolet Suburban Premier, $86,950, aumentó a $245,000 debido a modificaciones de seguridad y de lujo propias de un vehículo de escolta ejecutiva en vez de un vehículo policial. Las declaraciones de TAC hoy dan a entender que todavía el gobierno podría pedirles que produzcan la guagua con especificaciones distintas a las que se pidieron inicialmente para Rosselló Nevares.

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En una carta del 21 de enero de 2018, el exsecretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, detalló todo lo que hasta esa fecha había ocurrido relacionado con la adquisición de la guagua y consignó que la compra se está tramitando desde octubre de 2017, cuando todavía el país estaba a oscuras y en precario por el impactos desastroso del huracán María. Añadía que dos funcionarios del gobierno de Puerto Rico habían viajada a las facilidades de TAC en San Antonio, Texas, para inspeccionar el proceso de ensamblaje del vehículo.

Esta semana, el actual secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, pidió a la Oficina de la Contralora una investigación de la transacción porque ni encontraba la guagua ni había podido tener comunicación con los ejecutivos de TAC y dijo también que recurriría al Departamento de Justicia para cualquier trámita que pudiera iniciarse, incluyendo recobrar el dinero o investigar a la empresa. El gobierno ya ha desembolsado $224,100 por la guagua.

La controversia por la compra de la guagua blindada es distinta a otra discusión que se generó en diciembre del año pasado cuando NotiCel reveló que La Fortaleza había encontrado que se usaron fondos públicos para sufragar el alquiler de guaguas de la campaña de Rosselló Nevares. Como parte de la disolución del comité de campaña de Rosselló Nevares cuando éste anunció que no sometería una candidatura para las elecciones de 2020, el comité restituyó $226,000 al Departamento de Hacienda y a la empresa Allied Car & Truck Rental para cubrir el alquiler de las guaguas y una deuda que tenían con la empresa.

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