Una oficina indistinguible, pero con historial, es sede de empresa australiana investigada por pruebas rápidas
NotiCel en colaboración con un corresponsal del diario británico The Guardian revelaron más datos dudosos de la empresa Promedical.
La dirección física de la empresa australiana Promedical Equipment, que supliría un millón de pruebas de detección de COVID-19 a Puerto Rico en un negocio abortado que ahora está bajo investigación de la Cámara de Representantes, es una oficina que está aparentemente inactiva y que también sirve de sede a otro negocio fallido que involucra al mismo dueño de Promedical.
El local ubica en un complejo de oficinas de alquiler del suburbio de Brisbane, Queensland, uno de los estados en que se divide Australia.
En este momento, la oficina está desocupada y se le realizan trabajos de remodelación. El espacio que ocupa en el complejo es solo la oficina con un pequeño garaje, un área cuyo tamaño no delata la supuesta capacidad que tenía la empresa de cumplir con las promesas de suplir millones y millones de pruebas rápida que habían hecho no solo a la compañía de construcción Apex General Contractors en Puerto Rico sino a otros intermediarios a los que aseguraron también suplirle pruebas en grandes cantidades.
Los negocios de Promedical con las pruebas rápidas son objeto de investigación por parte de las autoridades australianas y también por parte del periodista Ben Smee, corresponsal del diario The Guardian en Queensland y quien, en colaboración con NotiCel, proveyó foto e información sobre la sede de Promedical.
De manera “fast track”, Apex General, una compañía de construcción que aprovechaba oportunidades en el suplido médico por el coronavirus y que estaba representada por el exfuncionario Juan Maldonado de Jesús, usó contactos del Partido Nuevo Progresista para llegar al coordinador del “Task Force” Médico del gobierno, Segundo Rodríguez Quilichini y ofrecer las pruebas y otro equipo médico.
Rodríguez Qulichini refirió a la empresa a la coordinadora de La Fortaleza con el equipo médico, Mabel Cabeza, quien la conectó a un equipo de compras en el Departamento de Salud compuesto por personas que no tenían experiencia en el área, pero tenían conexiones políticas, quienes tramitaron, en horas, una orden de $38 millones para comprarle a Apex un millón de pruebas después de que el propio Rodríguez Quilichini lo autorizara.
El negocio implicaba usar la firma del excontratista Aaron Vick para mantener el anonimato de Maldonado de Jesús, e implicaba también la involucración de un distribuidor en Arizona, 501 Nutrition, y, al final de la cadena, de Promedical como suplidor de las pruebas.
Tanto Vick como 501 Nutrition y Promedical inicialmente negaron a la prensa conocer a Apex o a Maldonado de Jesús, o tener conocimiento de la transacción, pero evidencia revelada por NotiCel confirma la participación y conocimiento de todos en la transacción que quedó abortada cuando el banco Oriental detuvo la transferencia a Arizona del adelanto de $19 millones que el gobierno había aprobado. En el caso de Promedical, los contactos se hicieron con un ejecutivo llamado Bradley Mayo y con el presidente de la empresa Neran de Silva.
La investigación de Smee y el Guardian apunta a que Promedical pudo haber entrado en acuerdos para suplir las pruebas sin tener la autorización de las autoridades de Australia ni Estados Unidos y sin tener un acuerdo válido con el fabricante chino Guangzhou Wondfo Biotech, quien desautorizó cualquier mercadeo que hiciera Promedical usando su nombre.
Hasta ahora, Promedical no ha identificado al fabricante a quien le compra las pruebas. De hecho, tras la declaración del fabricante chino, NotiCel se comunicó con Mario Saaed, presidente del distribuidor de Promedical en Estados Unidos y Canadá, RGJS Investment Group, quien solo dijo que habían cambiado a un fabricante de Corea del Sur, sin mayores detalles.
El negocio con el que Promedical comparte dirección es Cryo Australia, una entidad que ya había estado en la discusión pública de ese país porque el ministro Stuart Robert fue parte de ella por varias semanas antes de entrar a su cargo gubernamental y antes de que la empresa se fuera a la quiebra.
En Cryo, Robert sirvió en la Junta de Directores junto a De Silva, el presidente de Promedical, quien es un violador sexual convicto a quien acreedores de Cryo acusan de malversar dinero de la empresa.
Según récords provistos por Smee, las únicas dos acciones de Promedical, con valor de $1 cada una, aparecen adquiridas por Cassandra Auty, pareja actual de De Silva y quien aparece en documentos y otro material de Promedical como gerente de la empresa.
El diario The Guardian ha indicado que no hay evidencia de actuación ilegal de Robert en Cryo, una empresa que ofrecía sesiones de terapia en equipo criogénico (terapia de frío). La empresa colapsó con deudas de $1.4 millones, de los cuales unos $400,000 serían de una compañía ligada a Robert. Sin embargo, el ministro ha estado bajo escrutinio público por aceptar regalos cuestionables del sector privado.