El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, indicó que la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA le han facturado al consumidor puertorriqueño $665 millones de más en seis meses

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau Santiago se unieron para impugnar, ante el Tribunal Federal, la extensión del contrato de LUMA Energy que se realizó sin la aprobación en una asamblea legislativa.

Los legisladores se expresaron en conferencia de prensa, y mandaron una carta al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, que le otorga hasta el próximo lunes para que tome acción. De no haber ningún cambio, los presidentes procederán al Tribunal.

El presidente cameral resaltó que los reclamos se relacionan a la Ley 120-2018, mejor conocida como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”; y la Ley 29-2009, mejor conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas”.

Según Dalmau Santiago, hay una violación a la Ley 120-2018 por el proceso “poco transparente” para la aprobación de la extensión del contrato. Esta ley ordena a autorizar el marco legal requerido para la venta, disposición y transferencia de activos, operaciones, funciones y servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Asimismo, busca establecer las “salvaguardas necesarias para asegurar un proceso justo y transparente” y disponer sobre la aplicabilidad de la Ley 29-2009.

“Literalmente, el artículo cita: -Contratos de Alianza podrán extenderse, previa evaluación de sus méritos y resultados de eficiencia y efectividad, por términos sucesivos que en el agregado no excedan de 25 años adicionales, según determine la Autoridad, la Entidad Gubernamental Participante y el gobernador o gobernadora o la funcionaria ejecutiva o el funcionario ejecutivo en quien éste o ésta delegue. Dicha extensión tendrá que ser aprobada mediante legislación-“, citó Hernández Montañez

En la carta que al gobernador, los legisladores expusieron los siguientes seis puntos:

Factura

El primer punto apela a que, cualquier ahorro alcanzado, se refleje en una reducción directa en la factura de los abonados.

Alianzas público privadas

Ninguna alianza público privada, sobre la generación de energía eléctrica, puede arriesgar los empleos ni beneficios de empleados públicos.

Contrataciones adicionales

Ningún contrato podrá servir de pretexto para la contratación de socios, aliados, subsidiarias ni entidades ligadas a la compañía operadora.

Priorizar a los empleados locales

Para ejecutar cualquier contrato o alianza, se debe priorizar la contratación de empresas y empleados locales como primera opción. Asimismo, los servicios o subcontrataciones se podrán externalizar solo cuando una empresa local no pueda ofrecer los servicios.

Garantía a la asamblea legislativa

La rendición de cuentas, el acceso a la información y las métricas relacionadas al desempeño del contrato deben garantizarse a la asamblea legislativa de manera transparente.

Aprobación de representantes

Extensiones y acuerdos posteriores deberán contar con la aprobación de los representantes del interés público, según lo requiere la Ley 120-2018.

“Yo estoy en contra de la privatización de servicios esenciales, pero si el gobernador y el gobierno de turno quiere privatizar, que lo hagan bien. Si están mal hechos y no les sirve al pueblo de Puerto Rico, no pueden ser. Como todos sabemos, ese proceso continúa ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain en el Tribunal Federal, pues no se ha aprobado la legislación para reestructurar la deuda de la AEE, a pesar de los múltiples llamados de la asamblea legislativa para sentarnos en la mesa de diálogo y aprobar una medida de consenso. A esos efectos, en nuestro recurso de oposición exponemos el atropello a los derechos de los representantes del interés público en la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas”, indicó Dalmau Santiago.

El contrato de LUMA venció el pasado 30 de noviembre, y el gobernador otorgó una extensión sin una asamblea legislativa. Asimismo, la extensión del contrato no tiene fecha de vencimiento, por lo que, Dalmau Santiago expresó que Pierluisi Urrutia le otorgó a LUMA “un cheque en blanco” al no estipular una fecha límite.

El presidente del Senado informó que, en un cálculo que hicieron sus asesores, AEE y LUMA le han facturado al consumidor puertorriqueño $665 millones de más en seis meses.

“Así las cosas, de buena fe y respetuosamente, le solicitamos al gobernador que garantice un diálogo abierto y transparente, de forma que cualquier eventual contrato de alianza público privada cuente con el aval informado de los representantes del pueblo”, puntualizaron Dalmau Santiago y Hernández Montañez.