Exayudantes de Wanda Vázquez Garced y Thomas Rivera Schatz asumieron puestos de confianza tras la derrota electoral.

La Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP) agencia que aglutina en su sombrilla al Negociado de Energía (NEPR), la entidad reguladora de la tarifa de luz, resultó ser refugio de funcionarios del Senado y La Fortaleza tras las elecciones generales.

Esos comicios terminaron con la gobernación de Wanda Vázquez Garced y la presidencia senatorial de Thomas Rivera Schatz, pero algunos de sus ayudantes acabaron con posiciones de confianza en la JRSP. La Junta de Control Fiscal (JCF) lleva meses presionando para que la JRSP formalice su estructura por lo que ahora esos aliados de Fortaleza y Senado podrían ver sus posiciones de confianza convertidas en puestos de carrera. El propósito de las agencias bajo la JRSP es servir de regulador y contrapeso independiente a varias industrias y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por lo que la presencia de exfuncionarios del liderato de las ramas políticas llama la atención.

Además del personal propio de la JRSP, allí se agrupa la NEPR, el Negociado de Telecomunicaciones (NET), el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTOSP) y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC).

En la JRSP, que actúa como sombrilla y preside Edison Avilés Deliz, están la exayudante de Vázquez Garced, Marisol Blasco Montaña, como ayudante especial ($6,589); la exdirectora ejecutiva de la Comisión de Nombramientos del Senado, Marialma Alfau Alemán, como asesora legal confidencial ($6,570.00); y la exsecretaria en Fortaleza, Lilliam Rodríguez Martínez, como secretaria ejecutiva confidencial II ($3,599.00).

En el NEPR, que la semana pasada ocupó la atención pública cuando se supo que habían aprobado un aumento en la tarifa eléctrica el 31 de diciembre pasado, están la actual presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, Gloria Escudero Morales como asesora ejecutiva confidencial ($7,284) y la exasesora de Infraestructura en Fortaleza, María Palou Abasolo también como asesora ejecutiva confidencial ($7,038).

NotiCel ya había reseñado los nombramientos de Milagros Jennisca Rodríguez Correa, ayudante y recaudadora de Rivera Schatz, como miembro asociada de la JSRP ($7,466) y el exsecretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto García, como comisionado asociado del NET. De la misma manera, los problemas de funcionamiento y la baja productividad que está reflejando en la práctica el diseño sombrilla de la JSRP.

La mezcla del NEPR con el resto de la estructura en la JRSP, y llenarlo de exayudantes políticos, choca con el propósito que ha establecido la JCF para un regulador “fuerte e independiente”.

En una carta el 27 de agosto de 2018, la JCF revocó movidas presupuestarias que había hecho el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares que afectaban al NEPR recordándole que el Plan Fiscal llama a que “los comisionados estén apoyados en su rol de fiscalización por un equipo de servidores públicos profesional que tenga experiencia en utilidades” y, sin embargo, sobre dos terceras partes de la nómina se invierte en empleados de confianza, lo cual es “inconsistente” con el Plan Fiscal.

Luego, el 5 de septiembre de 2018, la JCF escribió al entonces copresidente de la Comisión Especial de Asuntos Energéticos, el entonces senador y ahora secretario de Estado, Larry Seilhamer Rodríguez, para exponer su posición sobre la transformación del sector energético y el NEPR. En la misiva, indicaron sobre el NEPR que “un regulador fuerte e independiente es un elemento clave para inyectar confiabilidad, estabilidad y previsibilidad al mercado energético de Puerto Rico a medida que transiciona a un sistema energético moderno”. “Para alcanzar sus metas de manera efectiva, el regulador debe estar completamente empoderado para hacer determinaciones basadas en principios legales, regulatorios y evidenciarios generalmente aceptados en la industria libre de de influencias políticas y consistentes con los propósitos de política pública”, dijeron.

El regulador debe estar autorizado a garantizar que las tarifas son “justas y razonables” y que “igualmente importante es asegurar un regulador que trasciende los ciclos políticos mediante promover empleados de carrera y procurar fuentes independientes de financiamiento”.

Con movidas de personal como algunas de las más recientes, Avilés Deliz coloca las bases para que el personal de carrera del NEPR sea ese personal con trasfondo político.

Al momento de esa carta de 2018 al Senado, el hijo de Seilhamer, Dennis Seilhamer Anadón, era contratista del NEPR.

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