La nominada será evaluada hoy por el Senado para un cargo que ocupará una década y se desconoce si la evaluación del nombramiento incluyó un informe que hace alegaciones sobre el carácter de la funcionaria.

La Oficina del Procurador General (OPG) no otorgó credibilidad a la nominada a Principal Oficial de Compras (POC) del Gobierno de Puerto Rico en un proceso disciplinario que esta intentó llevar sin éxito contra un abogado.

Los detalles del caso ético que la licenciada Karla Gabriela Mercado Rivera, designada a la posición de POC, intentó llevar contra el licenciado Carlos A. Mercado Rivera, están contenidos en un expediente de la OPG al que NotiCel tuvo acceso.

El caso se originó en el arreglo de hojalatería y mecánica de un vehículo Acura RDX 2013 propiedad de la licenciada Mercado Rivera, y que se realizó en un taller al cual el licenciado Mercado Rivera representaba. La OPG desestimó la queja de la licenciada porque, aún si la licenciada testificara en un proceso disciplinario, su versión de los hechos no le merecía credibilidad.

La queja es el primer paso en el proceso disciplinario contra los abogados y, al no pasar esa primera etapa, el asunto ni siquiera se convirtió en una querella contra el licenciado Mercado Rivera.

La Cámara de Representantes avaló el nombramiento de la licenciada Mercado Rivera en un proceso presidido por su pariente, el también presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez. De ahí pasó al Senado, cuya Comisión de Nombramientos notificó ayer domingo que la vista de evaluación de la designada ocurriría menos de 24 horas después, hoy lunes 15 de junio a las 10:30 a.m. La convocatoria no indica si alguien depondrá en la vista, además de la propia designada.

El POC es una posición de reciente creación que implica que la persona tendrá el control de las compras que hace prácticamente todo el Gobierno de Puerto Rico bajo la reforma del proceso de compras que firmó el año pasado el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. La posición cubre también ser administrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), tiene vigencia por 10 años y salario anual de al menos $120,000. La pareja actual de Mercado Rivera, el exfuncionario Anthony Omy Maceira Zayas, mantiene un contrato como asesor del Senado.

Según el informe de la OPG, con fecha del 3 de octubre de 2018, la entonces estudiante de Leyes, Mercado Rivera, tuvo un accidente el 17 de marzo de 2017 tras el cual su vehículo requirió reparaciones que se realizaron en el taller Pabón Auto Collision. La clienta se supone que pagara al taller $1,550 por reparaciones al vehículo que la aseguradora Mapfre no cubrió. Tras meses sin pagar, el taller recurrió a los servicios del licenciado Mercado Rivera para obtener de la clienta los endosos necesarios para obtener el pago.

La queja de la clienta contra el abogado del taller surgió tras una llamada que el abogado le hizo para buscar la resolución del caso y en la que este supuestamente la insultó y maltrató por ser mujer. Tras la conversación telefónica, la clienta se personó al Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico para presentar una queja contra el abogado. En el Colegio tuvo otros intercambios con empleadas de la institución y finalmente presentó queja contra el abogado ante la secretaría del Tribunal Supremo en la que dijo que el licenciado “le faltó el respeto al ser identificada como ignorante por ser mujer”.

Además de su propio testimonio, la licenciada Mercado Rivera sometió al Procurador General una declaración de su entonces pareja, el licenciado Luis Enrique Correa Gutiérrez, quien realizó gestiones en su nombre con relación a la reparación del vehículo.

Sin embargo, la OPG no le concedió credibilidad a estas versiones sino a la exposición de hechos que hizo el licenciado Mercado Rivera sustentada con dos declaraciones juradas de empleadas del Colegio y cuatro declaraciones juradas de empleados del taller de hojalatería.

En conjunto, las declaraciones del abogado y los empleados, apuntan a que la hoy designada a POC estuvo “sumamente alterada, que se hablaba a sí misma y que balbuceaba cosas incomprensibles”, así como que su “mala actitud y (sus) comentarios fuera de lugar” al personarse al Colegio hicieron que una de las empleadas se sintiera “incómoda”. Además, las declaraciones indican que Correa Gutiérrez dijo a los empleados del taller que su pareja “era una problemática y que a ellos les convenía más que él los visitara”.

Al dirimir la credibilidad de la clienta versus la credibilidad del abogado contra quien se presentó la queja, la OPG concluyó que “aunque la (clienta) declarara, no tendríamos la prueba clara, robusta y convincente para iniciar un procedimiento disciplinario en contra del licenciado Mercado (Rivera)”.

La Procuradora General Auxiliar que manejó el caso, Minnie Rodríguez López, tomó en cuenta las cinco declaraciones juradas que presentó el abogado al contestar la queja.

Añade el informe que la redacción de la queja por parte de la actual designada a POC “evidencia un estado emocional alterado, molesto, apasionado y poco objetivo”, a lo cual se suma también que la base de la queja, una llamada telefónica solo entre la clienta y el abogado, no contiene elementos objetivos que le permitan al Procurador General corroborar las alegaciones. La queja quedó archivada.

La designación como POC de Mercado Rivera, quien actualmente es subadministradora de la ASG, se conoció el 4 de junio pasado, después de que la Cámara aprobara el nombramiento, el cual requiere la aprobación de ambos cuerpos legislativos. La Fortaleza sometió la designación a la Asamblea Legislativa el 26 de mayo sin anuncio.

A la hora de publicación de esta nota, la Comisión de Nombramientos de la Cámara, que preside Méndez Núñez, no había sometido a la prensa o a los archivos legislativos ningún informe sobre el nombramiento, por lo que no se conocen oficialmente cuáles credenciales de Mercado Rivera tomaron en cuenta para aprobar la designación.

No se conoce si la evaluación del nombramiento incluyó el informe de la OPG ni cualquier otro caso judicial que haya sido entablado por la designada, o en su contra.

Tampoco se conoce qué indagaciones hicieron en la Cámara ante el hecho de que ejecutivos de la empresa Apex General Construction, quienes protagonizaron el escándalo de la compra fallida de $38 millones en pruebas rápidas de COVID-19, tenían a Mercado Rivera como la persona en la ASG que deberían contactar como parte del trámite bancario de la transacción. La propia Cámara, a través de una investigación de su Comisión de Salud, trajo a la luz pública ese trámite.

Lo que se conoce es que la Ley 73 que reformó el proceso de compras y creó la posición del POC pide que la persona que ocupa el cargo debe tener “reconocida capacidad profesional, probidad moral, conocimientos y experiencia en el campo de la administración pública y/o en la empresa privada”.

En contraste con esto, lo que se conoce del expediente de la designada es que tuvo un contrato de dos meses con la Compañía de Turismo en 2018 y luego de eso pasó a la ASG.

Como se confirma en el proceso de queja que inició contra el licenciado Mercado Rivera, a la vez que ocupó posiciones en la ASG se encontraba estudiando Leyes y luego, todavía en la agencia, tomó el exámen de reválida para convertirse en licenciada en febrero de este año.

Mercado Rivera se graduó con el honor de ser la mejor estudiante en el área de Derecho Civil, un área que acaba de ser reformada mediante la adopción de un nuevo Código Civil.

NotiCel ha solicitado a la licenciada Mercado Rivera y al contratista de comunicaciones de la ASG, entrevistar a la funcionaria pero no han contestado en la afirmativa. Tras las críticas que generó la aprobación de su nombramiento en la Cámara, tanto Mercado Rivera como el actual administrador de la ASG, Ottmar Chávez y el licenciado Maceira Zayas hicieron declaraciones escritas.

Mercado Rivera emitió una “certificación” en la que dice que no conocía de la transacción de Apex hasta que Chávez se la informó el 3 de abril, que fue el día antes de que le llegara un correo electrónico de parte del dueño de Apex, el cual asegura que había quedado ocultó en la bandeja de “chatarra” de su correo.

Chávez, quien se identificó como “saliente administrador” aparentemente dando por sentado que Mercado Rivera sería confirmada para sustituirle, defendió la ética de la designada, dijo que ha trabajado en la agencia, precisamente, en la implantación de la Ley 73 y que nadie en ASG tuvo intervención indebida en la transacción con Apex.

En sus redes sociales, Maceira Zayas dijo que la designada tiene bachillerato en Contabilidad y Maestría en Finanzas así como una trayectoria profesional para la cual no consignó más detalles. Añadió que ha tenido triunfos académicos y profesionales siendo “madre soltera que hizo todo eso mientras criaba un hijo que tuvo a temprana edad”.

Para ver el informe del Procurador General, pulse aquí.