Las empresas dedicadas a proyectos de energía solar sufrirán un nuevo golpe con el propuesto Código de Incentivos, pues la medida de la Administración Rosselló Nevares suspenderá permanentemente las solicitudes para recibir incentivos y exenciones del Fondo de Energía Verde.

Dicho fondo, creado por virtud de la ley 83 del 2010, supone contar con $20 millones segregados por el Departamento de Hacienda (DH) para uso en reembolsos de hasta 40% del costo de un proyecto comercial o residencial de energía verde. Sin embargo, estos incentivos se otorgan mediante un proceso competitivo diseñado para fomentar estos proyectos.

Aunque el Proyecto del Senado 1013 no tiene un lenguaje que expresamente elimina dicho fondo o deroga el estatuto, enmienda la vigencia de la otorgación de las partidas. Según la ley, la otorgación de incentivos del fondo de energía verde termina el 31 de diciembre del 2020, pero con la propuesta enmienda esa fecha cambiaría al 30 de junio del 2018, fin del presente año fiscal. No obstante, los incentivos que ya fueron otorgados permanecerán en vigor hasta su fecha de vencimiento.

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La movida de la administración en eliminar este incentivo es contraria a los objetivos esbozados de fomentar el crecimiento de la industria de energía renovable, que tras el huracán María experimenta un 'boom' en el sector residencial. Según Juan Carlos Díaz Galarza, integrante de la Junta de Directores de la Asociación de Contratistas y Consultores de Energía Renovable (ACONER), este auge a nivel residencial responde a la desconfianza en el servicio de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) tras la pasada temporada ciclónica.

Ante esto, para Díaz Galarza resulta incomprensible que la evaluación hecha por Fortaleza concluya que el balance de beneficios de este incentivo no aporta al desarrollo de la industria de energía verde. 'En un incentivo donde tu brindas 40% y el sector privado pone el 60%, pues entonces ese retorno de inversión no aplicaba a ese caso porque se recuperaba mucho más rápido. Por cada dólar que ponía el gobierno, había quizás $2.50 puesto del lado privado. Crea empleos y aportaba en un montón de otras cosas en la cadena de distribución', sostuvo a NotiCel.

Pese a que el integrante de ACONER sostuvo que quizá se propone eliminar este incentivo ante la reducción en los costos de equipo para instalar placas fotovoltaicas, el análisis falla al no contemplar el aumento en los sistemas de almacenaje de energía por batería, lo que incrementa los costos de estos proyectos.

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'Yo creo que el tema energetico es un tema prácticamente de día a día, importante para el país y entiendo que era necesario, por lo menos, mantener algún tipo de asistencia para que el pueblo pueda adquirir este tipo de sistema', sostuvo Díaz Galarza.

Por otra parte, el Código de Incentivos tambien propina otro golpe a la industria de energía renovable al derogar la Ley para el Desarrollo de Energía Renovable. Esa ley provee una exención al pago de arbitrios a equipos de captación, acumulación, generación, distribución y aplicación de energía renovable.

De derogarse esa ley, los productos relacionados a la energía solar no gozarían de exención alguna, luego que el presidente Donald J. Trump pusiera en vigor un aumento de arbitrio a las placas fotovoltaicas manufacturadas fuera de Estados Unidos. Esa medida redunda en un aumento en los precios de estos productos, que se obtenían a menor costo de otros países.

En cuanto los $20 millones que ingresa anualmente el Fondo de Energía Verde, el nuevo Código de Incentivos propone la creación del Fondo de Incentivos Económicos, el cual absorberá esos fondos y los distribuirá según dispone la medida.

Dicho fondo será administrado por el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), y tambien consolidará otros 11 fondos especiales, entre los cuales está el Fondo Especial para la Industria Cinematográfica, los fondos del programa de incentivos industriales, el Fondo para la Promoción de Empleos y Actividad Económica, y el Fondo de la Compañía de Turismo.