El Senado aprobó esta noche el proyecto 1481, que viabiliza la privatización de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), con enmiendas que permitirán aplazará por un periodo de seis meses las transacciones de los activos de la corporación pública; periodo en el que la Asamblea Legislativa aprobaría un nuevo marco regulatorio.

Además, el proyecto devuelve a la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) su rol como regulador del mercado energetico, prohibiendo que cualquier contrato de alianza o venta incluyan provisiones para eximirlos de la jurisdicción de esa entidad. Del mismo modo, las enmiendas introducen el concepto del Certificado de Cumplimiento de Energía, el cual será emitido por la CEPR, y el cual acredita que los contratos cumplen con el marco regulatorio establecido.

Sin embargo, la medida enmendada establece un periodo de 15 días para que se emita dicha certificación. De no emitirse dentro ese periodo, se considera que el contrato queda certificado.

Por otra parte, la medida enmendada abre la puerta para que el marco regulatorio se trabaje mediante un grupo de trabajo que será designado en consenso entre el gobernador y los presidentes legislativos. Además, se abre la posibilidad de que el Southern States Energy Board y el Departamento de Energía Federal provean asesoramiento y recomendaciones.

En cuanto los empleados de la AEE, la medida conserva una disposición para que los empleados regulares retengan sus plazas en las compañías que adquieran los activos de la AEE o sean transferidos a otras entidades gubernamentales, reteniendo tambien sus derechos adquiridos.

'De esta forma, se autoriza a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas a realizar estudios de mercado o market sounding para conocer el interes de los participantes del mercado en realizar transacciones de la AEE, y demostramos que el sistema electrico se encamina hacia una transformación, mientras la Asamblea Legislativa, con el asesoramiento de un grupo de expertos, elabora una Política Pública Energetica y un marco regulatorio adecuado. Así, se concilia la necesidad del Ejecutivo de auscultar el interes del mercado en el proceso de transformación, y la responsabilidad de la Asamblea Legislativa de velar por el interes público y el bienestar de la ciudadanía', expresó el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer Rodríguez.