Los funcionarios del gabinete del ejecutivo encargados con impulsar el proyecto del senado 860 - el cual viabiliza la privatización de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) - indicaron que la aprobación de esta medida debería estar atada a la aprobación del plan de reorganización de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR).

Al mismo tiempo, negaron vehementemente que el proyecto de ley excluye a la CEPR de los procesos de privatización, pero indicaron que el lenguaje de la medida solo busca dejar claro las partes que estarán envueltas en las negociaciones para traspasar los activos de la corporación pública.

Los señalamientos hechos formaron parte de la primera vista pública para atender el P de la S 860, convocada por la Comisión de Energía del Senado y en la cual compareció el director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP), Omar Marrero, el presidente de la junta de directores de la AAPP, Christian Sobrino, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y el director ejecutivo interino de la AEE, Justo González.

En síntesis, el lenguaje del P de la S 860 expresamente indica que la Comisión no tendrá rol durante los procesos de transacción y negociación de acuerdos de alianza o concesiones. Al mismo tiempo, indica que la CEPR sí mantendrá su autoridad regulatoria con las empresas que se establezcan, más sin embargo la medida tambien provee para que las compañías contratadas no esten sujetas a las regulaciones de la Comisión, si así lo especifica su contrato de alianza.

Aunque la ponencia conjunta entre la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la AAPP, no atiende este detalle, sí insistieron en que la reorganización propuesta para la Comisión ante la Legislatura fortalecerá ese cuerpo, aumentando el número de comisionados de tres a cinco, con terminos escalonados y sujetos a remoción por justa causa.

Aun así, tanto Sobrino como Marrero señalaron que la Comisión estará facultada para velar por el cumplimiento de los contratos de alianza y ejercer poder regulatorio, posterior a la culminación de la transacción efectuada. A preguntas del presidente de la Comisión, el senador Larry Seilhamer, el presidente de la junta de la AAPP insistió que el actual marco legal regulatorio no provee para la entrada de otros jugadores en el mercado energetico, por lo que sostienen que debe ser modificado a los fines de proveer apertura a partes interesadas en adquirir activos.

'Reconocemos, sin embargo, que la industria energetica de Puerto Rico va a sufrir cambios significativos como resultado de las transacciones de la AEE que, con toda probabilidad, van a requerir modificaciones al esquema regulatorio', reza la ponencia conjunta.

Sin embargo, la ponencia del Departamento de Justicia (DJ) reafirma el texto del proyecto de ley en cuanto a las condiciones para inhabilitar la CEPR de ejercer sus funciones cuando el contrato de alianza así lo disponga. La secretaria Vázquez se refirió a la sección 6 (d) del proyecto de ley que no solo provee para eximir a compañías contratadas de la regulación de la Comisión, sino tambien de futuras regulaciones.

'Es decir, en aquellos casos en los cuales se incluya dicha excepción en el contrato de alianza, no aplicarán los reglamentos ya aprobados o los futuros', reza la ponencia del DJ

Justicia aclara capitalización del sistema de retiro AEE

Aunque el gobernador anunció que las ganancias producto de las transacciones de la AEE pasarán a capitalizar el sistema de retiro, el texto del proyecto de ley abre la posibilidad para que esos fondos pasen a otras áreas, incluyendo el pago de la deuda de la AEE o del gobierno central.

La secretaria de justicia proveyó más detalles sobre la alternativa de capitalizar los sistemas de retiro, indicando que se dedicaría una aportación de 25% del pago inicial o pagos periódicos a la AEE o al gobierno por el contratante bajo un contrato de alianza durante un periodo de cinco años fiscales. Ese periodo comenzaría en el presente año fiscal.

Según Vázquez, tal como dispone la ley orgánica de las AAPP y sus enmiendas, sería responsabilidad de la AAFAF, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) emitir una recomendación al gobernador sobre el uso más apropiado de los pagos periódicos. 'A dicho pago se le dará el uso que finalmente apruebe el Gobernador', sostuvo la secretaria de Justicia en su ponencia.