Organizaciones que agrupan a padres de niños con impedimento le pidieron hoy al gobernador Ricardo Rosselló que, como regalo de Navidad para los niños de Puerto Rico, vete la Ley de Justicia Juvenil aprobada por la Legislatura.

'La controversia que plantea la Ley de Justicia Juvenil es si la conducta, el pensamiento, el juicio social y el sentido común que se le atribuye a una persona adulta en la toma de decisiones es similar al de un niño-joven', explicó la doctora Ángeles Acosta, profesora universitaria y psicóloga especializada en educación especial.

Según expresó Andres González, presidente de la Asociación de Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos (APNI), que agrupa a múltiples organizaciones que trabajan con niños con deficiencias en el desarrollo, 'la exposición de motivos de la propuesta ley no utiliza ninguna información válida o confiable que justifique el cambio de política pública con relación al procesamiento criminal de menores de edad'.

Por su parte, Carmen Warren, directora de la Oficina del Comite Timón del Pleito de Clase de Rosa Lydia Velez, explicó que 'dos de cada tres niños ingresados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico son participantes del Programa de Educación Especial, es decir, un dramático 65% de todos los ingresados, demostrando que, al revisar la Ley de Menores, el gobierno tiene que tomar en consideración que se trata de una población especial que requiere tratamiento especial'.Mientras, la presidenta de la Alianza de Autismo de Puerto Rico, Joyce Dávila, sostuvo que 'es sumamente preocupante que cuatro de cada cinco niños, o el 80%, de todos los ingresados en las instituciones juveniles, provienen de familias bajo índices de pobreza. Estamos revictimizando a niños que, a su vez, son víctimas del sistema por sus diversas condiciones'.

Según Ángel Comas, de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, 'la capacidad para tomar decisiones racionalmente y evaluar las consecuencias, regular la conducta y la emociones, aprender de la experiencia, no son procesos que aparecen en una edad particular antes de los 18 años. Esta ley no toma como partida datos científicos sobre las diferencias biológicas, el desarrollo cognitivo y moral entre un niño y un adulto'.

Puerto Rico es uno de seis países en el mundo donde no existe una edad mínima para que un menor pueda ser procesado criminalmente, poniendo a riesgo la criminalización de cualquier niño en cualquier edad.

'Se trata de una medida que penaliza a las poblaciones más marginadas y vulnerables del país, que son y serán los niños con deficiencias en el desarrollo y con impedimentos, y los pobres' concluyó la doctora Acosta.