El juez Anthony Cuevas concedió un plazo de cinco días a la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López León, para enmendar el recurso de mandamus que radicó ante el tribunal de San Juan para solicitar al gobierno divulgar los documentos que utilizaron para elaborar el plan fiscal del gobierno central.

Ramón Torres, defensa legal de López León, explicó que las enmiendas a efectuarse son de índole procesal dirigidas a justificar la jurisdicción donde se plantea la controversia y la validez de su legitimación activa como senadora. El juez sostuvo en corte que la senadora podría enmendar la demanda para efectos de que ella sostenga la demanda en su carácter personal.

Por su parte, el gobierno insistió que, como senadora, López León carece de legitimación activa para solicitar esa documentación pues anteriormente hizo el pedido en el hemiciclo senatorial, donde no dieron paso a su petición. En ese sentido argumentaron que existen varios precedentes jurídicos que establecen que un legislador no puede acudir al tribunal para reclamar alguna acción que no fue aprobada dentro el proceso legislativo.

'El tema es que hay un asunto jurisdiccional de quién puede pedir esos documentos… Hay unos casos del Tribunal Supremo que establecen que la senadora no puede venir al tribunal a hacer lo que de otro modo no ha podido hacer en la Legislatura y ese es el argumento', explicó el abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Lester Ramos.

El pedido de documentación, por otra parte, también fue impugnado por la defensa del gobierno debido a que es ambigua, vaga y extensa. Alfonso Orona, principal asesor legal del gobernador, señaló que la demanda no 'pone en posición al gobierno de Puerto Rico y a la AAFAF para hacer una evaluación sobre si los documentos que en algún momento pedirán o no pedirán son documentos públicos'.

No obstante, el juez determinó que, de resolverse el asunto de la legitimación activa a favor de López León, las partes podrían reunirse para decidir qué documentos pueden ser entregados.

La senadora, por su parte, se expresó satisfecha de las expresiones del juez Cuevas a favor del derecho ciudadano a tener acceso a documentos elaborados con fondos públicos. 'El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber con qué números, qué proyecciones, qué era el propósito de poner esos números ahí. El hecho que ellos plantearan otros términos procesales te alza bandera de que algo están escondiendo y yo creo que el juez estuvo bien claro que los documentos deben ser públicos', dijo la legisladora a su salida del tribunal.