Según el doctor Luis A. Ferrao, se pondría en riesgo la acreditación de Middle States Commission on Higher Education.

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el doctor Luis A. Ferrao, se opuso ante medida que propone nueva reforma universitaria, ya que pondría en riesgo la acreditación de Middle States Commission on Higher Education (MSCHE).

Ferrao se expresó en vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 1314 (P. de la C. 1314) ante la Comisión de Educación, Arte y Cultura, presidida por la representante Deborah Soto Arroyo. Esta medida propone crear la “Ley de la Universidad de Puerto Rico” para dotar a la UPR de herramientas imprescindibles para garantizar su autonomía, y que le permita contar con los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de su misión.

Según Ferrao, la medida pondría en riesgo la acreditación de los tres recintos de la UPR y las 8 unidades institucionales que componen la institución. Además, señaló que la medida “no provee los recursos económicos necesarios para su ejecución”.

“En el contexto de los criterios de la Middle States, varias de las propuestas contenidas en la pieza legislativa ponen en riesgo los fondos y la acreditación de la UPR. Acreditación que, en el mes de junio de 2018, luego de un proceso extenso, la Universidad logró obtener por un término de 8 años para todo el sistema”, destacó Ferrao.

Durante la vista, Ferrao y la exdecana de Asuntos Académicos de la UPR en Río Piedras y profesora universitaria Sonia Balet, enfatizaron que la medida “incumple con los estándares seis y siete de la Middle States”.

“Hay dos estándares: el seis y el siete. El seis habla de la suficiencia de los fondos y la sostenibilidad de esos fondos. Obviamente, la universidad ha recibido cortes enormes, y el proyecto no propone unos pasos específicos para levantar esos fondos, excepto volver a la fórmula que la universidad tenía antes. Como no hay garantías de que eso será así, la suficiencia de los fondos pues no está garantizada”, indicó la profesora a la prensa.

Mientras que, el estándar siete tiene que ver con la estructura de gobernanza, y la profesora indicó que, de acuerdo a su evaluación, la medida no es clara al respecto. Asimismo, señaló que “hay una confusión entre distintos cuerpos que podrían interpretarse que ambos están siendo Juntas de Gobierno o Consejos Universitarios y no está clara la distribución de autoridad y poder”.

De igual manera, Balet advirtió que, de ser aprobado el proyecto, implicaría un cambio legal en la estructura gerencial de la UPR.

“Por ejemplo, en su página web informativa (MSCHE) explica los pasos a seguir cuando una institución desea hacer cambios sustanciales en su estructura. La Middle States califica el cambio en el estatus legal o en la forma de control de una universidad como un ‘substantive change’, y no solo requieren que el mismo sea informado previamente, sino que haya una visita previa de un equipo de la acreditadora y se pague la cantidad de $18,500”, argumentó Ferrao.

A su vez, ambos deponentes alertaron que la pieza legislativa dejaría carente al presidente de la UPR de autonomía para desarrollar e implementar planes institucionales, seleccionar el personal, entre otras funciones para las que necesitaría autorización de la Junta Universitaria.

Mientras que, en total desacuerdo con las expresiones del presidente de la UPR, la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU) señaló que “es un intento por desacreditar el trabajo de la CMRU y de la comunidad universitaria”.

“La alta gerencia de la UPR ha alegado en años recientes que de aprobarse el la medida se pondría en peligro la acreditación de las unidades de la UPR por la MSCHE. La CMRU realizó un estudio detallado de los distintos requerimientos de esta agencia y encontró que, lejos de poner en peligro las acreditaciones por la MSCHE, la medida legislativa en discusión fortalece sustancialmente la capacidad de la UPR para cumplir con las expectativas y requerimientos de dicha agencia”, sostuvo la ponencia del Comité.

Sobre la estructura de gobernanza que propone el proyecto, Juan Carlos Martínez Cruzado, profesor del Recinto de Mayagüez de la UPR, explicó que el P. de la C. 1314 establece una estructura de gobernanza articulada y transparente que describe sus roles, responsabilidades y la necesaria rendición de cuentas.

Según Martínez Cruzado, la estructura de gobernanza constituiría en las siguientes: un Consejo Universitario como el cuerpo más alto de gobernanza; una Junta Universitaria; una Presidencia; y en las unidades, Rectorías, Senados Académicos, Juntas Administrativas, Decanatos y direcciones de Departamentos o Programas.

“Resultan preocupantes las prioridades que con sus acciones ha demostrado la alta gerencia de la UPR cuando han dedicado mucho más tiempo y esfuerzo a oponerse a la consideración de la medida por la Cámara de Representante de Puerto Rico, en vez de abogar por la asignación de un presupuesto estable y robusto que le permita a la UPR cumplir cabalmente con su misión y desarrollo futuro”, expresó el CMRU.