La agencia, sin embargo, admitió una crisis en el tema de los referidos e indicó que suman 10,418 los casos que desde 2016 no se han atendido.

El Departamento de la Familia desestimó hoy la necesidad de que se declare un estado de emergencia en la Isla por la violencia infantil, como lo establece una medida que se evalúa en la Cámara y que responde al número de casos de menores víctimas de maltrato: 5,315 en 2021.

Representantes de la agencia se presentaron a una audiencia pública ante la Comisión de Gobierno, que preside el representante Jesús Manuel Ortiz González, en la que se analizó el proyecto de la Cámara 1333 y la resolución de la Cámara 683 (para realizar una investigación sobre la violencia juvenil en Puerto Rico).

Según la subsecretaria de Familia, Ciení Rodríguez Troche, el “espíritu” del proyecto de ley es “loable”, pero aclaró que “las estadísticas muestran que las cifras de números de víctimas de la maltrato de menores en Puerto Rico se han mantenido más o menos estable en los últimos años, todo a pesar de estimarse un leve aumento poblacional entre 2018 y 2021”.

Incluso, la funcionaria aseguró que “en los últimos cuatro años hubo una reducción neta en los números de víctimas registradas”.

Ante estos datos, Rodríguez Troche afirmó que “no estamos de acuerdo con la premisa de que hay un aumento en los casos de maltrato, tal como indica la exposición de motivos de la medida al desglosar la cifra de referidos recibidos por la ADSFAN durante 2019”.

Sin embargo, reconoció que habían 10,458 referidos sin investigar desde 2016.

Sobre las cifras, para el año 2019 la agencia recibió 17,474 referidos de maltrato o negligencia a menores, de los cuales 8,365 (30.5%) fueron fundamentados.

Además, para octubre de 2020 la ADFAN tenía 8,454 referidos por maltrato de menores y, para la misma fecha, en 2022, había 12,110 referidos (aumento de 3,656).

En cuanto a las llamadas para denunciar casos a Familia, se reportaron en 2021 un total de 62,769 y de ellas se transformaron en referidos 27,846, pero no todos se fundamentaron.

“Estas cifras, a primera vista, lucen alarmantes, pero recordemos que no reflejan un aumento en la incidencia del maltrato a menores, sino en los referidos que recibe la ADFAN", expuso Rodríguez Troche.

Pese a las aclaraciones de la subsecretaria, admitió que Puerto Rico no ha “experimentado una mejoría sustancial en este tema y queda mucho camino por recorrer”.

Asimismo, dijo que la agencia está “presta” a “modificar” el enfoque en temas de la protección de menores, “a uno que se intervenga de manera temprana con las familias donde exista un riesgo de maltrato de menores, con el fin de prevenirlo.

También, la funcionaria expresó que hay otro proyecto (del Senado 537), y que está en las etapas finales del trámite legislativo, “cubre virtualmente todos los puntos considerados por el proyecto de la Cámara 1333”, además de advertir que hay legislación vigente que abarca los asuntos de la medida.

Pese a la posición de Familia, la asesora de la Oficina Auxiliar de Tratamientos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Verónica Suárez Campos, tuvo otra postura ante el proyecto y la resolución.

De acuerdo con Suárez Campos, la disminución o estabilidad de los casos de maltrato de menores podría deberse a que “muchos casos de maltrato no son reportados”.

Igualmente, dijo que muchos casos “no son reportados por la dificultad para acceder a los procesos de referidos”,

La asesora fue más allá y opinó que esa declaración de emergencia, de materializarse, debe ir “alineada” con la declaración de estado de emergencia por la violencia de género vigente y que también se debería establecer un comité interagencial y de organizaciones del tercer sector con la idea de “facilitar” las “estrategias de prevención primarias”.