El gobernador Ricardo Rosselló Nevares tiene hasta este sábado para firmar o vetar la resolución que traspasaría terrenos del balneario de Carolina a una empresa vinculada a Pedro Rosario Urdaz y Eduardo Ferrer Ramírez de Arellano, dos allegados al Partido Nuevo Progresista (PNP), según denunció el abogado ambiental Pedro Saade.

Saade -en representación de grupos ambientales- solicitó al Primer Mandatario que vete la polemica Resolución Conjunta 94 que busca ordenar al Municipio de Carolina desistir de un pleito de expropiación contra CH Properties para evitar la construcción de un condo hotel en el balneario municipal.

'Esta resolución no solo va en detrimento de un bien público sino que está hecha a la medida para beneficiar solo a la empresa CH Properties de allegados de las campañas del PNP', denunció el abogado.

Ferrer Ramírez de Arellano, de CH Properties, fue el director del comite de finanzas del excomisionado residente Pedro Pierluisi durante la pasada contienda primarista y uno de sus principales donantes. Por su parte, el abogado de CH Properties, Rosario Urdaz, fue director de prensa durante la administración de Pedro Rosselló González.

Saade recordó que el proceso legislativo para evaluar y aprobar la resolución fue atropellado ya que no se realizaron vistas públicas ni se permitió la participación ciudadana.

El trámite legislativo de la resolución tampoco estuvo exento de controversias. En abril, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel R. Matos, radicó una querella ante la Comisión senatorial del Ética contra el presidente de la Comisión de Gobierno de ese cuerpo legislativo, Miguel Romero, por no abstenerse en el proceso de evaluación de la medida que presuntamente beneficiara a Ferrer Ramírez de Arellano y Rosario Urdaz, donantes de su campaña política.

'El senador Romero indujo a error a múltiples senadores de mayoría a la hora de votar a favor de un informe, sin alertar que el informe trata asuntos de donantes activos de campaña 2016 y donantes activos 2017. El Código de Ética del Senado provee múltiples mecanismos para convocarse ante cualquier planteamiento en contra de unos de sus integrantes', planteó en aquel momento Matos, representante por el Distrito 40 de Carolina. La Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico determinó por votación mayoritaria de sus miembros desestimar la querella presentada por Matos a finales de la pasada sesión ordinaria.

La posibilidad de que se firme la Resolución 94 permitiría impugnar la titularidad que tiene el municipio con el Balneario de Carolina. Para el alcalde de esa ciudad, Jose Aponte, la Legislatura estaba representando los intereses del Hotel Marriott con esta resolución.

La controversia surge por dos terrenos aledaños al balneario de los cuales tambien es titular el municipio. En uno de ellos se concedió un contrato para la construcción de un hotel Marriott con no menos de 120 habitaciones, sin embargo, el municipio mediante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, falló a favor de una expropiación del hotel en las cinco cuerdas del terreno en disputa.

No obstante, la resolución dice que no es posible dar paso a la expropiación porque cuando se dio el traspaso del balneario al municipio se estableció que: '[t]odo contrato debidamente otorgado ... permanecerá en vigor bajo las mismas cláusulas y condiciones establecidas al momento de su otorgamiento'.

Saade dijo que la pieza legislativa fue aprobada y se encuentra ante la consideración del Gobernador desde el pasado 28 de junio.

'Se le han hecho peticiones y cartas, incluso una carta de un grupo de científicos solicitando que no se apruebe porque construir otro edificio en el balneario, cerca del mar, con las experiencias que hemos tenido con huracanes, es un absurdo', insistió el abogado ambiental.

Hasta el cierre de esta edición la oficina de prensa de La Fortaleza no había informado si la resolución había sido atendida o se encontraba bajo evaluación del Primer Ejecutivo.