El Proyecto del Senado 775, del presidente Thomas Rivera Schatz, levantó controversias por sus propuestas de cambios al Tribunal Supremo.

Esta medida propone enmendar la 'Ley del Sistema de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces', la 'Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico', la 'Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico' y el 'Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo 21', con el objetivo de aclarar y demarcar las facultades y deberes administrativas del Tribunal Supremo de Puerto Rico en armonía con la Constitución de Puerto Rico, entre otras. Sin embargo, recibió oposición hasta de la misma jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez.

Estos son algunos de los puntos que resaltan del proyecto:

Mediante auto de certificación, a ser expedido discrecionalmente, motu propio o a solicitud de parte, (el Supremo) podrá traer inmediatamente ante sí para considerar y resolver cualquier asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia.

Cualquier panel del Tribunal de Apelaciones podrá expedir autos de hábeas corpus y de mandamus. Asimismo, cada uno de los jueces de dicho Tribunal podrá conocer en primera instancia de los recursos de hábeas corpus y mandamus, pero su resolución en tales casos estará sujeta a revisión por el Tribunal de Apelaciones. El Supremo nombrará un panel especial para revisar la resolución del Juez en cualesquiera de tales casos y dictará la sentencia que a su juicio proceda.

El Juez Presidente tendrá la facultad exclusiva de designar y asignar a los jueces administradores… y el Tribunal Supremo designará y asignará los jueces para celebrar sesiones en el Tribunal de Primera Instancia, y los jueces a los diversos paneles del Tribunal de Apelaciones.

El Tribunal Supremo tendrá la facultad de determinar los municipios incluidos en las regiones judiciales que comprenden las salas del Tribunal de Primera Instancia. Tambien podrá establecer las salas municipales que atiendan los asuntos de dos o más municipios contiguos.

El Supremo designará al menos una sala especializada para atender juicios de asesinatos en todas las regiones judiciales detalllando el proceso a seguir, el cual conlleva el referido del caso a la sala especializada, una vez se determine causa para acusar.