Mientras Wanda Vázquez Garced dirigía la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), la puesta en vigor de la ley 66 del 2014 - concebida, aprobada e implantada durante la administración de Alejandro García Padilla - se convirtió en pretexto para que la entonces Procuradora emprendiera en una serie de cambios temerarios en la jornada laboral de algunos empleados, que a su vez desembocó en una demanda.

Aunque tanto la demanda como el auxilio que buscaron los siete empleados de la OPM ante la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP) fueron resueltas sin entrar en los meritos de las alegaciones, las denuncias contra la administración de la Procuraduría entre el 2013 y el 2014 ilustran a Vázquez Garced como una figura autoritaria y afilada a la hora de adjudicar culpas al partido contrario al suyo.

El escrito legal, además, contiene una serie de alegaciones realizadas por los demandados sobre la conducta de la hoy Gobernadora que no distan de las denuncias vertidas mientras era Secretaria de Justicia y su manejo irregular a la investigación del chat de Whatsapp.

En síntesis, la demanda en cuestión presentada en octubre del 2014 por siete entonces empleados de la OPM, reclamaba a la agencia a cesar y desistir de dar continuidad a un turno de trabajo laborado desde la medianoche hasta las 8 de la mañana y trabajados de forma compulsoria en la sede de la agencia. Los siete demandantes estaban encargados de atender las llamadas recibidas del Centro de Respuesta Integrada de Apoyo y Servicios para la Mujer (CRIAS), un servicio que provee apoyo a víctimas de violencia domestica y que fue implantado en el 2011.

La demanda relata una serie de patrones irregulares por parte de la administración de la OPM desde el 2013 y que agraviaron las condiciones laborales de los demandantes. Estas incluyen: 'variaciones constantes en las directrices sobre el manejo de las llamadas, la atención de los expedientes, la prohibición de que subieran a otros pisos del edificio que no fuera el piso cuatro donde están ubicadas; la convocatoria a reuniones en las que eran tratadas con un tono insultante y en las que la Lcda. Vázquez Garced y otro personal gerencial las amenazaron con removerlas de sus puestos a otras agencias'.

Sin embargo, los hechos que dan paso a las reclamaciones de la demanda comienzaron en junio del 2014, cuando la ayudante especial de la entonces procuradora, Marisol Blasco Montaña, notificó a los demandantes que no recibirían un diferencial por sus servicios operando las líneas de orientación fuera del horario laboral, pues no contaban con los fondos para mantenerlo. Esos celulares alegadamente quedarían sin servicio a principios de julio del 2014, por una determinación que Blasco Montaña, ayudante de Vázquez Garced, atribuyó a una directriz de La Fortaleza.

Fuera del horario de 8:00 de la mañana a 9:30 de la noche, los empleados operaban la línea mediante esos celulares oficiales de la OPM. La alternativa planteada por la administración de OPM fue que los empleados usaran sus propios celulares para atender esas llamadas fuera de horas laborales, algo que de inmediato objetaron.

La alternativa fue más onerosa: la implantación de tres turnos rotativos de 24 horas trabajados desde la sede de la OPM para atender las llamadas, incluyendo un turno que comenzaba a la medianoche y terminaba a las 8:30 de la mañana. Por espacio de un mes, durante julio del 2014, los demandantes dilataron esa medida al comprar telefonos celulares prepagados para atender las llamadas a un costo de $90.82 que nunca fue reembolsado por la OPM.

A finales de ese mes, cuando los celulares estaban por vencer, los empleados cursaron una carta a Vázquez Garced en la que resumieron sus angustias ante la situación y en la que plantearon interrogantes sobre sus derechos como empleados públicos, señalando que sus contratos contenían un horario establecido que no concordaba con los propuestos turnos rotativos. La entonces Procuradora contestó que implantarían los turnos rotativos a partir del 11 de agosto, eximiendo a empleados que provenían de Vieques, Ponce y Aguadilla.

El 8 de agosto, Vázquez Garced reunió a los empleados demandantes en un ambiente que ellos consideraron 'amenazante'. Según la demanda: 'hubo señalamientos por parte de la Procuradora sobre lo difícil que es conseguir trabajo, sobre la cantidad de profesionales del Trabajo Social que están en la calle sin empleo, sobre la capacidad que le daba la ley para hacer traslados a otras agencias, que no se podían convertir en piedras de tropiezo porque se vería obligada a tomar medidas, entre otras cosas'.

La opción planteada por Vázquez Garced en ese momento era el uso de los celulares prepagados, pero sin reembolso alguno por la OPM.

Con la implantación de los turnos rotativos, la demanda detalla varios señalamientos que afectaron a los empleados. La falta de estacionamiento provocó que estacionaran sus vehículos en lugares inseguros, el acondicionador de aire del edificio apagaba a las 11:00 de la noche y faltaba de iluminación en partes de la oficina. De hecho, dos empleadas cursaban estudios universitarios y vieron su rendimiento academico afectado al tener que salir a las 8:30 de la mañana para continuar a sus instituciones academicas.

El caso fue tramitado de forma expedita en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, pero ese foro resolvió que carecía de jurisdicción al haber un proceso corriendo ante la CASP. Precisamente ese fue el argumento que planteó la defensa del gobierno y la OPM para desestimar la demanda, planteamiento que fue validado por el Tribunal de Apelaciones, que a su vez insistió que el caso no contaba con los elementos para establecer daños irreparables.

Según explicó el abogado de la demanda, Jose Torres Valentín, tanto en el foro de Primera Instancia como en el Apelativo se rechazaron las ofertas de presentar evidencia de daños irreparables. Torres Valentín indicó que la decisión de llevar el caso a los tribunales respondía a la notoria lentitud de la CASP en adjudicar casos ante sí. De hecho, aunque algunos de los demandantes retiraron sus peticiones ante la CASP, otros señalaron a este medio que el caso fue paralizado bajo el fundamento de que la reclamación contenía reparaciones monetarias que no se podían atender dado a la quiebra del gobierno.

Este medio supo que tras la salida de Vázquez Garced de la OPM, la agencia retomó el servicio de celulares asignados al programa CRIAS, eliminando la necesidad de trabajar el disputado turno de la medianoche en la sede de la Procuraduría.

Vea aquí la demanda: