Lo que empezó como un contrato fantasma que le valió al secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, una citación judicial so pena de desacato, se ha convertido en un ejemplo de cómo las leyes creadas para dar la impresión de pulcritud en los procesos de contratación tienen grandes rendijas que dejan pasar casos cuestionables.

Por los últimos 10 años, el Departamento de Salud (DS) ha recurrido a los servicios de limpieza y mantenimiento de Mangual's Office Cleaning Services (MOCS) una compañía que recientemente fue señalada por ejecutar un contrato con la agencia que nunca existió y cuyo principal ejecutivo cuenta con un historial criminal por trasiego de drogas.

El historial del ejecutivo no ha impedido que la empresa acumule 277 contratos con la agencia desde el 2008, con un valor de más de $34 millones en fondos públicos. El enriquecimiento notable que ha logrado MOCS por vía de contratos gubernamentales -casi exclusivamente con el DS- ocurre en un marco legal que no excluye explícitamente a exconvictos acusados por trasiego de drogas a servir como contratistas del estado.

MOCS fue incorporada en enero del 1970 por Vicente Mangual, Mirna Vázquez de Mangual y Manuel Mangual y ha permanecido una empresa familiar según su actual presidente, Vimyr Mangual Carro. La empresa fue incorporada con el propósito de proveer servicios de limpieza, conserjería y mantenimiento de oficinas, edificios industriales y comerciales, según reza su certificado de incorporación.

En entrevista con NotiCel, Mangual Carro explicó que MOCS mantuvo una relación contractual de 32 años con la Autoridad de Puertos (AP) para la limpieza y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Esa relación culminó en el 2007 y un año despues Mangual Carro asume la presidencia de MOCS -según registros del Departamento de Estado- y comienza a contratar con el DS.

Posteriormente, Mangual Carro eleva la compañía al punto de convertirse en uno de los proveedores primarios de limpieza para el DS a partir del 2008, acumulando 277 contratos hasta el presente. Durante ese plazo de tiempo, MOCS tambien obtuvo contratos de la Administración de Servicios Generales (ASG), la Autoridad de Carreteras (ACT), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Departamento de la Familia (DF) y la Compañía de Comercio y Exportación (CCE).

'Nuestra mayoría son clientes de gobierno como tal. Pero es porque básicamente se riega la voz de que se está dando un buen servicio y las agencias llaman y nosotros bregamos lo que podamos', explicó Mangual Carro sobre cómo lograron expandirse como proveedor de servicio dentro del gobierno. 'Te soy bien honesto, nosotros básicamente tenemos buena reputación… y de que damos la milla extra, damos la milla extra y siempre lo hemos hecho. Y esa es básicamente la razón para mí', añadió el ejecutivo, a la vez que señaló que siempre se ha hecho disponible para cualquier tarea de emergencia.

Sobre la acumulación de contratos con el DS, el presidente de MOCS indicó que eso se dio porque la agencia tarda en pagar a sus contratistas, algo que pudo remediar mediante la obtención de líneas de credito con el Banco de Desarrollo Económico (BDE). Explicó que su empresa obtenía líneas de credito contra los contratos que tenía para seguir a flote en lo que la agencia pagaba. Sostuvo que en un momento la deuda del DS con MOCS ascendió a más de $2 millones, mientras que en el BDE obtuvo hasta $4 millones en líneas de credito.

Entre todas las agencias, MOCS ha acumulado $59,363,752 en contratos pagos con fondos públicos. Según los estados financieros del 2018 de MOCS, la compañía mantiene una concentración de clientes en entidades gubernamentales, lo que representa un 87% de la clientela de la compañía.

Sin embargo, Mangual Carro indicó que, a partir de diciembre del año pasado, MOCS descontinuó su relación contractual con el DS, principalmente debido a la cancelación de las líneas de credito del BDE en el 2016. Registros de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) en efecto demuestran que MOCS actualmente solo tiene un contrato vigente con la agencia, mientras que varios otros culminaron el 31 de diciembre del 2018.

Alega contrato fantasma fue una orden de compra

MOCS entró en controversia en marzo de este año cuando otra empresa de limpieza, Perfect Integrated Solutions (PIS), demandó al DS por cancelar un contrato obtenido mediante subasta para la limpieza de las clínicas WIC. El DS alegó que MOCS ya tenía un contrato para ofrecer servicios de limpieza en esas instalaciones, sin embargo, durante el transcurso de esa demanda -que culminó en un acuerdo para restituir el contrato de PIS- nunca se reveló la existencia de ese contrato. NotiCel reseñó el caso judicial y la citación so pena de desacato contra el Secretario de la agencia.

Sobre este contrato, Mangual Carro insistió que se trata de una orden de compra expedida por la Oficina de Servicios Generales del DS para atender la necesidad de limpieza en los Centros WIC en los meses posteriores a septiembre, cuando culmina el año fiscal federal. Sin embargo, Mangual Carro insistió que debería ser el DS quien revele la existencia de esa orden de compra y no el, y tambien indicó que nunca advino en conocimiento de esa subasta

'El problema fue que yo no tuve conocimiento de ninguna subasta, eso es lo raro de todo, yo nunca me entere que hicieron una subasta sin embargo daba servicios allí. Y entonces, eso es una casualidad de la vida, y da la casualidad que por esas cosas del destino, pues yo estando y habiendo dado mi propuesta desde julio, agosto o septiembre, y teniendole el DS allí, pues nadie me llamó a decirme que había una subasta, y que estaba corriendo un proceso', sostuvo Mangual Carro.

'Fantasma, no lo hay. Inclusive alguien tiene que dar el servicio entre septiembre 30 a lo que tú adjudicas la subasta. Ahí hay un vacío. Pues ellos mandan unas órdenes de compra y eso se hace', añadió.

Acusado a nivel estatal y federal en Florida

Previo a asumir la presidencia de MOCS, Mangual Carro presuntamente completaba, en Puerto Rico, los terminos de libertad supervisada que autorizó un juez federal en el estado de Florida a mediados de la decada de los 90. Esto, según varios documentos de la corte en poder de NotiCel sobre el caso federal que transcurrió en el estado de Florida.

El caso remonta a diciembre del 1990, fecha en la que un pliego acusatorio, emitido por el fiscal federal Paul G. Byron del Distrito Medio de Florida, División de Orlando, señala comenzó una conspiración entre 19 personas para poseer cocaína y heroína, con intención de distribuir. Los acusados, además de Mangual Carro, fueron: Jorge Alicea, Madeline Muñiz, Wilfredo Cardona, Joshua González, Leslie Perez, Ebenezer Perez, Ruben Perez, Michael Perez, Melissa Anaya, Davis González, Víctor Rodríguez, Edwin Alexis González, Samir Akleh, Jose Soto, Luis Abrams, Francisco Salcedo, Nilda Ivette Serrano y Dennis Guillan.

Sin embargo, para la fecha en que la acusación fue presentada, el 14 de noviembre del 1996, ya Mangual Carro estaba encarcelado por un caso estatal de trasiego de drogas y el cual fue absorbido en el caso de Fiscalía Federal.

Según documentos de la corte, el 27 de marzo del 1996 Mangual Carro fue arrestado en su apartamento por oficiales de Orange County en el estado de Florida mientras recogía un paquete con 2 kilogramos de cocaína que le fue entregado. Durante una búsqueda efectuada en su apartamento, agentes encontraron los libros de droga de Mangual Carro con los nombres de los coacusados Edwin Alexis González y Jose Soto inscritos.

En cambio, durante el arresto de Jose Soto, las autoridades encontraron un libro de cheques que mostraba un pago de $4,800 a Mangual Carro. Por otra parte, el coacusado Joshua González admitió a las autoridades que la cocaína que obtuvo durante la conspiración fue provista por Mangual Carro. Tras la acusación federal, los cargos estatales por ese arresto fueron transferidos a la jurisdicción federal.

Un año despues de su arresto estatal, el 27 de marzo del 1997, Mangual Carro notifica que cambiará su pliego a uno de culpabilidad, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Federal mediante el cual se declararía culpable de los dos cargos en su contra por posesión con intención de distribuir cocaína y otro por posesión con intención de distribuir heroína y pagaría multa de $7,500.

De una condena potencial de hasta 46 meses, la sentencia impuesta por el juez fue de 24 meses, acreditando los meses que cumplió por el caso estatal, más cinco años de libertad supervisada. La reducción fue adjudicada en parte por ser la primera convicción de Mangual Carro, quien pasó ese día a continuar cumpliendo su sentencia en una cárcel en Miami.

Por su parte, Mangual Carro abundó que en medio de esa acusación tuvo que interrumpir sus estudios en gerencia y recursos humanos en la Universidad Interamericana en Cupey, los cual retomó y cumplió, graduándose a principios de la decada del 2000 mientras terminaba su sentencia en probatoria. 'Despues que uno tiene una mala experiencia, uno se da cuenta que la calle y esas amistades no valen la pena, y al final la familia son los únicos que sacan la cara por uno, pues entonces uno se debe a la familia y al trabajo', sostuvo Mangual Carro

'Me arrepiento, seguro que me arrepiento. Pero a la misma vez me enseñaron mucho en la vida. Aprende uno a madurar, aprende uno a ver la vida desde otra perspectiva y aprende uno que la calle no deja nada. Hay que saber que estudiar, hay que trabajar y que se puede lograr, uno salir hacia adelante', abundó.

¿Puede ser contratista?

Para ser contratista del Gobierno de Puerto Rico, un individuo o compañía debe someter una declaración jurada a los efectos de divulgar si fue convicto, sea a nivel estatal o federal. Sin embargo, esa disposición se limita a convicciones por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, los artículos 250 al 266 del Código Penal, el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico o por delitos que involucren mal uso de fondos públicos mencionados en la sección 6.8 de la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, una de las primeras leyes aprobada por la presente administración.

Sin embargo, un análisis de las disposiciones aplicables de estas leyes refleja que todas aplican a casos de delitos contra el fisco, es decir, crímenes como enriquecimiento ilícito, intervención indebida en operaciones de gobierno, certificaciones falsas, soborno y malversación de fondos. La única ley que hace referencia a una prohibición por concepto de drogas es la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos (ley 8 del 2017) que se limita a disponer una inelegibilidad al servicio público a aquellas personas que incurran en conducta deshonrosa, sean adictos al alcohol o sustancias controladas o que 'haya sido convicto por delito grave o por cualquier delito que implique depravación moral'.

La ley 8 del 2017 además dispone que serán inelegibles personas convictas, sea en la esfera local o federal, por una serie de delitos que añade a fraude, influencia indebida y lavado de dinero, entre otros delitos. En ese listado, sin embargo, no figuran delitos como posesión o distribución de drogas, trata humana, asesinato ni por violaciones a la ley 54.

En el caso del estatuto aplicable más reciente, el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico (ley 2 del 2018), las disposiciones contenidas no abordan en lo absoluto el asunto del narcotráfico. Sin embargo, la exposición de motivos de esa ley sí señala lo siguiente:

'El acto de corrupción más frecuente es el uso indebido del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Otros tipos de corrupción son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; tambien los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el quid pro quo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. De otra parte, la corrupción facilita o desemboca a menudo en otros tipos de actividades criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero y la prostitución, aunque no se restringe a estos crímenes organizados.'

Así las cosas, mediante una serie de omisiones en las leyes que protegen el interes del pueblo y el gobierno para evitar la contratación de exdelincuentes, la propia ley deja exentas a varias categorías de convicciones criminales. El resultado ha sido la continua contratación -a lo largo de al menos tres cuatrienios- de MOCS, al mando de Mangual Carro, a pesar de su convicción por narcotráfico.

Mangual Carro aboga por segundas oportunidades

Ante este cuadro que le atañe directamente, Mangual Carro insistió que toda persona merece una segunda oportunidad.

'Yo entiendo que está bien ahora mismo dentro del marco legal porque estás hablando de fraude, de engaños, x, y, z. A lo mejor puedes incluir asesinato, tentativa de asesinato, cosas que sean violentas, a lo mejor eso lo puedes incluir', sostuvo Mangual Carro. 'En el caso mío personal yo cometí y tome unas decisiones equivocadas, pero realmente las personas que me conocen saben el cambio que hemos hecho y el cambio que hemos logrado y lo que hemos creado. Y todo ser humano merece una segunda oportunidad. Y eso es lo que dicta el corazón del puertorriqueño, es lo que dicta el gobierno de rehabilitar y no es justo que personas que, por en algún momento hayan cometido un error, que no tengan derecho a poder participar en diferentes actividades', agregó.

'Claro, si en algún momento mentiste o falsificaste e hiciste cosas que están relacionadas al gobierno o a contratos o estafas, pues son cosas que sí se relacionan directamente con lo que es las contrataciones de gobierno. Pues yo entiendo que el marco legal no está perfecto, pero está bastante bien', manifestó.