El sistema fue instalado en el verano del año 2013 por el gobierno de Alejando García Padilla.

El gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, explicó el martes la situación con la expiración del contrato del sistema de detección de disparos (Shotspotter) que estaban instalados en varios residenciales públicos en el área metropolitana de San Juan.

“El gobierno federal, el Departamento de la Vivienda Federal, tomó la determinación hace un tiempo atrás de no seguir financiando ese programa, de no darnos los fondos para continuar con ese programa. Pero ahora tenemos otros métodos electrónicos para detectar actividad criminal. Estoy hablando de cámaras que se están instalando en las vías principales, un centro de mando a nivel del Departamento de Seguridad Pública que monitorea. Ahora tenemos otros sistemas electrónicos que son mejores, vamos a decir. Y de todas maneras, como dije, eso era un programa que lo financió el Departamento de la Vivienda Federal y decidió dejar de financiarlo”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Se ubicaban esos sistemas en residenciales públicos, principalmente, y por eso era el Departamento de Vivienda Federal el que proveía los fondos y hace un tiempo atrás decidió no hacerlo. Y hemos sustituido ese sistema por otros métodos electrónicos para monitorear la incidencia criminal”, añadió.

El sistema fue instalado en el verano del año 2013 por el gobierno de Alejando García Padilla. Comenzó en un perímetro de varias millas cuadradas en el área metropolitana de San Juan, como un programa piloto.

Shotspotter es un sistema de monitoreo cibernético que opera mediante la colocación de decenas de sensores acústicos en un perímetro determinado, que tienen la capacidad de, en 30 segundos, detectar la detonación de un disparo de arma de fuego, identificar si es un arma automática, grabar los disparos individualmente, identificar en un mapa de localización o posicionamiento global (GPS) el lugar y hora exacta en que se detonó el arma así como notificar automáticamente a las patrullas cercanas.

El sistema funcionaba en algunos residenciales públicos de San Juan, Trujillo Alto, Bayamón, partes de Carolina y Guaynabo.