La jueza Lauracelis Roques del Tribunal de Primera Isntancia de San Juan declaró con lugar la solicitud de mandamus del senador Eduardo Bhatia y ordenó a la Adminsitración Rosselló Nevares divulgar el Plan Fiscal sometido ante la Junta de Control Fiscal (JCF) el pasado 30 de abril de 2017 'por tratarse de un documento público' y porque el Estado falló 'en justificar y demostrar el reclamo de confidencialidad del referido documento'.

'No existe justificacion válida alguna por parte del Estado que mueva a este Tribunal a mantener la secretividad del documento en cuestion. Mas aun, cuando historicamente nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que el acceso a la informacion publica constituye un pilar fundamental en toda sociedad democratica', declaró la Jueza en su sentencia divulgada hoy, viernes.

En la sentencia se reconoce que el derecho a la informacion no es absoluto. Sin embargo, las restricciones deben estar debidamente justificadas además de responder a un interes apremiante del Estado.

Pese a que no se ha legislado especificamente para delimitar el acceso a documentos gubernamentales, para que el Estado pueda reclamar confidencialidad sobre una información debe probar que: una ley declara confidencialidad, la comunicacion esta protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que pueden invocar los ciudadanos, que revelar la informacion puede lesionar derechos fundamentales de terceros, que se trate de la identidad de un confidente, o que sea 'informacion oficial' conforme a la Regla 514 de Evidencia, 2009, 32 LPRA Ap. VI (2010) (anteriormente la Regla 31 de Evidencia).

Para reclamar el privilegio de información oficial, el el gobierno debe cumplir con el siguiente proceso: (1) el jefe de la agencia que controla la informacion debe reclamarlo; (2) un oficial de la agencia debe proveer las razones precisas por las cuales se reclama la confidencialidad de la informacion o los documentos; y (3) el gobierno debe identificar y describir la informacion o los documentos que interesa proteger. Asimismo, el gobierno tiene que demostrar que el documento es 'deliberativo' y 'pre-decisional'.

La orden tambien destaca que al sopesar los intereses en conflicto, el Estado fue incapaz de establecer que existiese un proceso deliberativo que proteger vis-a-vis el derecho constitucional a tener acceso a la informacion como ciudadano o como legislador, tampoco pudo probar que el interes publico seria mas favorecido con la confidencialidad del documento, ni supo especificar al tribunal que cierta informacion en el documento fuese de caracter confidencial o privilegiado.

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