El gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia habla sobre las negociaciones con la Junta Fiscal para un Plan de Retiro Incentivado.

El equipo del gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia, mantiene conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con miras a acordar un Plan de Retiro Incentivado que busca allegar ahorros para el Gobierno de Puerto Rico, pero cuyo punto de inflexión es la definición de los "trabajadores esenciales".

El panorama parece conocido. Y es que desde la llegada de la JSF, hace ya cinco años, las administraciones pasadas han intentado definir lo que son "servicios esenciales" para que se protejan, sin tener éxito. De hecho, el congresista demócrata Raúl Grijalva radicó en mayo de 2020 un proyecto en el Congreso que, entre otros aspectos, definía los “servicios esenciales” como los relacionados a salud pública, educación, seguridad y pensiones. Se incluyó a la Universidad de Puerto Rico en el proyecto que, al día de hoy, no ha sido aprobado.

Ahora, tras someterse el Plan de Ajuste de la Deuda (PDA) ante la jueza Laura Taylor Swain, la administración de Pierluisi Urrutia y la JSF trabajan en un acuerdo que busca sustituir la ley 80 de 2020 luego de que la propia Junta objetara su entrada en vigor.

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La referida ley proveía una ventana de retiro que incluía una pensión vitalicia equivalente al 50% de la retribución de los funcionarios que la acogieran, una aportación patronal de $100 mensuales al plan de seguro médico que elija el participante hasta los 62 años de edad, y la liquidación de la licencia de enfermedad y vacaciones acumuladas sin pago de contribuciones.

En esa línea, la ley establecía que cada agencia debía definir, mediante un "procedimiento interno", los criterios para definir lo que se consideraban servicios públicos esenciales y por consecuencia, empleos esenciales.

Según conversó con NotiCel el Primer Ejecutivo del país, las disposiciones que se incluyan en el acuerdo que se busca pactar con la Junta no están escritas en piedra todavía, pero serán para empleados "no esenciales".

"El acuerdo hasta el momento con la Junta es que se puedan retirar de forma incentivada cargos que no son esenciales. Es decir, al no ser esencial pues entonces, luego de que se retiren, no tenemos que sustituirlos y sería un ahorro para el Gobierno. Se le puede dar el retiro y el Gobierno no va a pagar dos veces. Se podrán acoger a la medida los empleados no esenciales", dijo el Gobernador al respecto.

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No obstante, cuando se le cuestionó cuál era la definición que barajaba dentro del término "empleados no esenciales", dijo que "ese es el detalle que entra el equipo fiscal y la oficina de Recursos Humanos del Gobierno a conversar y negociar con la Junta".

Por lo que, al momento, siguen sin definirse concretamente. Tampoco se ha decidido si al igual que en la ley, serán las agencias públicas las encargadas de enumerar los puestos esenciales o no.

"Ese es parte del trabajo que se está haciendo", aseguró finalmente sobre las conversaciones con la Junta para lograr un acuerdo.

La Junta y el equipo del trabajo de Pierluisi Urrutia pactaron negociar por 60 días desde el 27 de diciembre.

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