Pierluisi Urrutia asegura que el ente fiscal se excede en sus facultades al meter la nariz en el asunto.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia defendió ayer el aumento en las tarifas de acarreo terrestre, mientras reprendió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por desviar la discusión pública con información incorrecta.

Desde diciembre pasado, el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP) y la JSF pelean por un reglamento, que impuso nuevas tarifas, que el ente fiscal rechazó porque asegura dan al traste con el Plan Fiscal aprobado al cambiar el escenario de negocios en el País. También argumentó que el reglamento se aprobó sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Ante la negativa de la JSF a refrendar el reglamento, el Frente Amplio de Camioneros decretó un paro la semana pasada, que concluyó luego de que alcanzó un acuerdo con la secretaria de Gobernación, Noelia García Bardales. Ningún miembro de la JSF participó en esa negociación a pesar de que el ente fiscal impuesto por el Congreso para cuadrar las finanzas del País divulgó una comunicación expresando apertura al diálogo.

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Como parte del acuerdo, las tarifas entraron en vigor inmediatamente y el NTSP iniciará un nuevo proceso de evaluación de tarifas. El Ejecutivo también se comprometió a defender el reglamento si la Junta decide acudir a los tribunales para impugnarlo.

“Hay un proceso regulatorio ahora en curso. Todas las partes se van a poder expresar. La Junta realmente se salió de su curso cuando se pone a opinar sobre asuntos legales nuestros. Eso está en contra de su propio reglamento y del alcance de la Ley Promesa”, afirmó Pierluisi Urrutia tras participar en una ceremonia de conmemoración del natalicio de José Celso Barbosa.

“Tenemos una ley que es la que faculta al Negociado para establecer esas tarifas. Si alguien está en desacuerdo con las tarifas, ahora va a tener la oportunidad -por vía de participación en vistas públicas- de expresar su posición. Pero la Junta no puede imponer un cambio en la ley de Puerto Rico y tampoco puede opinar sobre procesos regulatorios en curso desde el punto de vista de nuestro derecho propio porque eso está fuera de su alcance como entidad”, agregó.

Las tarifas no se han revisado desde 2005. Suponen un alza de 35% en la compensación que reciben los transportistas por el acarreo de carga terrestre.

Pierluisi Urrutia también rechazó el argumento de la JSF de que ese incremento afectará los recaudos del Departamento de Hacienda.

“Hay mucha desinformación. Hoy (ayer) veo en los medios que se ponen a hablar de un aumento en los productos de un 35%. Eso es un disparate porque el costo de transportación de los productos es ínfimo en relación con el costo total del producto”, afirmó el Mandatario.

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“Aquí lo que han perdido de vista muchos es que no se ha hecho aumento alguno en las tarifas hace 16 años. Es obvio que un aumento procede. Si tienen alguna queja en cuanto al proceso que acudan a las vistas públicas y el proceso reglamentario”, abundó.

Tras divulgarse el acuerdo entre el Ejecutivo y el Frente Amplio de Camioneros, Antonio Medina, el miembro de la JSF que se convirtió en portavoz de la Junta en esa pugna, anticipó que el ente fiscal utilizará los recursos disponibles para anular ese incremento. Según el análisis de la Junta, ese incremento de 35% encarecerá el costo del productos.

La eliminación de las tarifas de acarreo forma parte de la reforma fiscal y de la propuesta de desregulación que impulsa la Junta y que hasta el momento no ha encontrado eco en el Gobierno.