La JSF exigió a la Legislatura iniciar el proceso de revocación y abstenerse de implementar la medida.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenó a la Asamblea Legislativa a derogar inmediatamente la Ley del Retiro Digno y abstenerse de implementar la medida, que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia convirtió en Ley el pasado 9 de junio.

Al estampar su rúbrica sobre el Proyecto de la Cámara 120, el Primer Ejecutivo convocó al ente fiscal a repensar sus propuestas de austeridad que exigían recortes a las pensiones de los servidores públicos del País.

En la misiva del pasado martes, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, reiteró al Gobernador y a la Legislatura que dicho estatuto era inconsistente con el Plan Fiscal certificado y que no existía posibilidad de eliminar o explicar esa incongruencia.

También exigió al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez confirmarle en o antes del 25 de junio que no implementará la medida y que la Asamblea Legislativa iniciará el proceso para revocar esa legislación.

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“Noten que ante la ausencia de una confirmación a ambas peticiones, la Junta de Supervisión tomará cualquier acción que considere necesaria, de conformidad con las disposiciones de Promesa, incluida la búsqueda de remedios y sanciones para anular la Ley 7 (Proyecto 120) y para prevenir la implementación y puesta en vigor de la Ley. Esperamos que tal acción sea innecesaria”, apuntó Jaresko.

Jaresko también indicó que en la certificación que Pierluisi Urrutia acompañó con la medida reconocía esa inconsistencia con el Plan Fiscal.

“Si bien la Junta de Supervisión aprecia que la Ley pretenda mejorar las condiciones de los jubilados, debemos señalar que la intención de la Ley es anular el acuerdo de la Junta con el comité de jubilados y el acuerdo básico con los acreedores financieros, que permite que la deuda pública de Puerto Rico se reduzca de $35,000 millones a $7,000 millones con una reducción proporcional en el servicio anual de la deuda”, señaló Jaresko.

Pese a que apoyaba el ánimo de la medida, Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico también había advertido que ese choque con el Plan Fiscal podría ser motivo de litigo ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside el proceso de quiebra de Puerto Rico.

Reconociendo ese escollo, el Gobernador firmó y defendió la medida, que provocó la movilización del diversos grupos de jubilados, quienes en medio de la quiebra gubernamental han visto menguar sus pensiones.

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“Los pensionados públicos dedicaron años de su vida al servicio de nuestro pueblo y fueron el motor del desarrollo de nuestra sociedad moderna. Sin embargo, debido a irresponsabilidad administrativa y gerencial que se extendió por décadas, los sistemas de retiro fueron afectándose. El gobierno de Puerto Rico reformó totalmente su principal sistema de pensiones en el 2013 afectando significativamente los beneficios de nuestros pensionados. No existe justificación fiscal o legal para los recortes adicionales propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal dado que ya los pensionados, como acreedores del gobierno, recibieron ese ajuste”, sostuvo.

La medida, que recibió el amplio apoyo de los senadores y representantes, impone parámetros de negociación de la deuda y establece un Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro, que consolidaría los recursos y las obligaciones de las pensiones del servicio público. Desde el inicio, la JSF objetó la medida.

Mira la carta de la JSF aquí.