La aprobación del Plan Fiscal de la UPR -durante la primera reunión pública del ente fiscal desde que inició la pandemia- reflejó que existen diferencias entre sus miembros al abordar el tema de la educación superior pública.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó ayer los planes fiscales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés), Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec).

Seis se aprobaron de forma unánime y a viva voz.

El ente fiscal solo se apartó de este trámite al llevar a votación el plan propuesto para la UPR, que se realizó mediante el pase de lista y después de un amplio debate entre la mayoría de los miembros de la Junta.

En su primera reunión presencial desde que inició la pandemia, la Junta aprobó un plan fiscal para la AEE que propone dos aumentos en la tarifa de la electricidad para sufragar el pago de la deuda y el plan de pensiones de los empleados de la corporación pública.

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Este plan fiscal aprobado estimó que si la actual deuda de $9,000 millones no se reestructura, la tarifa de electricidad alcanzará un costo de 25 a 30 centavos kilovatio hora (kvh) en la próxima década. El costo actual del kvh es de 19.69 centavos. También calculó que el financiamiento del plan de pensiones, que excede los $4,000 millones, podría causar otro aumento que oscilaría entre 1.5 a 2.1 centavos kvh en el mismo periodo.

Pese al cuadro sombrío que pinta el documento, la directora ejecutiva Natalie Jaresko explicó que estas cifras consistían en aproximaciones que se ajustarían cuando se finalice el plan de ajuste de la deuda de la corporación pública, que anticipó se realizará a inicios del próximo año.

“Es importante recordar que la AEE no ha estado pagando su deuda por los pasados años. Hay una moratoria en vigor y creo que hasta cierto punto todo el mundo se ha acostumbrado a que esas tarifas sin pagar la deuda, pero es imposible pensar que se va a pagar ninguna porción de la deuda”, apuntó en rueda de prensa tras finalizar el cónclave celebrado en el Centro de Convenciones en Miramar.

“Lo que tratamos de mostrar es que si levantas la moratoria, tendrías que pagar toda la deuda y toda la deuda se traduce -creo- a un aumento de 5 a 7 centavos en la tarifa”, agregó.

Ese aumento a lo largo de una década engordaría hasta alcanzar los 30 centavos por kvh.

“Es lo mismo con las pensiones francamente, el plan de pensiones de la AEE ha sido subfinanciado por un tiempo y ¿cómo puede ser pagado? Tiene que pagarse eventualmente a través de las tarifas. Se trata de un balance entre la tarifa de los clientes y la importancia de garantizar las pensiones. ¿Dónde está ese balance y cómo redunda en los clientes?, es la pregunta que tenemos que responder al final del camino con la ayuda de la AEE y del gobierno en ese plan de ajuste”, indicó.

El incremento estimado responde a la opción de financiar todo el programa de pensiones a través de los ingresos de la tarifa.

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Ayer, Jaresko insistió en que desconocía el momento exacto en que entrarían en vigor las alzas en tarifas. Tampoco se aventuró a estimar el monto del incremento.

“No tengo una predicción para ti, pero asumo que luego del plan de ajustes se resolverán estos asuntos y se caminará hacia el futuro pagando la deuda reestructurada y financiando las pensiones para que no sean insolventes y el sistema no se vaya a la bancarrota”, respondió a preguntas de la prensa.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, quien por disposición de Ley federal Promesa no participa en las votaciones del ente fiscal, favoreció la aprobación del plan fiscal de la AEE, que indicó se ajusta a legislación vigente e impulsa una mejoría en el sector energético.

“Hemos tenido una utilidad pública incompetente por mucho tiempo”, afirmó mientras empleados de la AEE protestaban el proceso de privatización de la corporación pública.

Durante el debate previo a la votación, el presidente del cuerpo David Skeel agradeció al Mandatario su apoyo al contrato de LUMA Energy, un operador privado que a partir del 1 de junio asumirá el control del sistema de transmisión y distribución eléctrico y de las operaciones de la AEE.

“La transformación de la AEE es esencial”, indicó Skeel al concluir la presentación, que destacó las bondades del polémico contrato que forma parte de la reforma energética que el ente fiscal propone para la Isla.

A cuatro días para que se concrete la transición a LUMA, Jaresko también señaló que todavía se desconoce el número de empleados de la AEE que rechazaron trabajar con el operador privado y que pasarán a otras agencias gubernamentales.

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Contrario a documentos de la Junta, que proponían que ese plan de movilidad saliera de las arcas de la AEE, la funcionaria indicó ayer que cada agencia que reciba empleados asumirá el pago de esa nómina, que se sufragará de las vacantes presupuestadas.

“Tendrán los fondos para esa nómina”, aseguró.

Ni el presupuesto del Gobernador, ni el sometido por la Junta incluyen una partida específica para este gasto.

Difieren en trato la medicina para la UPR

Como parte de la reunión, Pierluisi Urrutia comentó cada informe antes de la votación del pleno. En el Centro de Convenciones se encontraban: Skeel y los miembros de la Junta, John Nixon, Antonio Medina y Justin Peterson. Andrew Biggs, Arthur González y Betty Rosa se conectaron virtualmente al encuentro.

Cinco de los siete miembros del ente fiscal avalaron el plan fiscal de la UPR que contempla un tijeretazo de $94 millones al presupuesto de la UPR y un recorte que podría afectar la capacidad de la institución para recibir fondos federales para paliar la pandemia del Covid-19.

Medina y Petersen rechazaron la propuesta tras consignar sus dudas con el plan a cinco años, que contempla aumentos en la matrícula.

“Creo plan propone un recorte excesivo y precipitado”, apuntó Medina.

“Estoy de acuerdo con la necesidad de las reformas, pero a la misma vez comparto la preocupación de Antonio que esto es demasiado ahora. Especialmente por todo lo que ha hecho la Universidad. Me preocupa que estemos presionando demasiado”, agregó Petersen.

Pierluisi abogó para que la Junta rechazara el plan fiscal de la UPR y adoptara una posición más flexible de guía del primer centro docente del País, en vez de imponer cambios y ajustes forzosos en la institución.

“Yo tengo una visión diferente. Respeto la autonomía fiscal y administrativa de la UPR”, indicó.

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Expresó preocupación ante los aumentos de matrícula que propone el plan y advirtió -luego de un comentario de la vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR, Mayda Velasco Bonilla- que el recorte de $94 millones podría poner en peligro los fondos federales disponibles para paliar la pandemia del Covid-19 y los fondos de pareo que necesita la institución para acceder a la ayuda de FEMA.

En su intervención durante la sección de preguntas y comentarios del público, Velasco Bonilla planteó que ya la UPR había reducido su dependencia de los fondos del Gobierno. Indicó que el Gobierno ahora solo aporta un 40% del presupuesto vigente, similar a la ayuda gubernamental que recibían las universidades en Estados Unidos, que rondaba en el 38%.

Ante la insistencia de la Junta de exigir a la UPR que agote todos los fondos federales disponibles, apuntó que esos fondos van dirigidos a instituciones con programas de bachillerato y las escuelas de medicina de la institución son para estudiantes graduados. Indicó también que los fondos federales pandémicos venían acompañados de restricciones, que dificultaban su uso y que tampoco eran fondos recurrentes.

“El recorte de $94 millones no solo nos pone en peligro el acceso a los fondos federales sino que afecta nuestra habilidad para adelantar las transformaciones que queremos encaminar”, insistió.

Jaresko reconoció esa situación. Señaló que la Junta evaluaba la legislación federal y que ajustaría el plan posteriormente tras completar su análisis.

Al insistir en su posición, el Gobernador reclamó que se reconocieran los esfuerzos de la gerencia de la UPR para acoger las recomendaciones de la Junta.

“Debemos conceder crédito cuando es debido”, apuntó.

Los otros miembros que apoyaron el plan indicaron que la UPR se resistía a realizar cambios necesarios y a reducir la burocracia administrativa, que permitía que existieran 11 oficinas de compras y 11 oficinas de recursos humanos a través de los recintos.

“Es tentador pedir que solo se hagan recomendaciones, pero si seguimos ese enfoque las reformas no se darán”, afirmó Biggs.

“Llevamos cuatro años en esto. Los problemas son los mismos que había hace cuatro años. Muy poco ha pasado”, agregó.

Unas horas después de esta reunión, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó un presupuesto para la institución que no contempla el recorte de $94 millones en un abierto desafío al ente fiscal.

Durante el encuentro que se extendió dos horas y 10 minutos, la Junta aprobó los otros cinco planes fiscales, en medio de ese trámite Pierluisi Urrutia también rechazó la propuesta en el plan de ACT para aumentar los peajes en medio de la crisis salubrista e insistió que al momento de evaluarlos debían estar atados a propuestas para mejorar la condición de las carreteras del País. Medina se inhibió del debate y de la aprobación del plan fiscal de Pridco, agencia que dirigió durante el administración del gobernador Alejandro García Padilla.