Más allá de las mofas, la misoginia y la homofobia que aflora en el 'chat' de Telegram en el cual participó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, y el cual demostró una parte de su carácter que no se había visto, varios mensajes podrían ser señal de alerta de comisión de delitos, ya que se discutían temas de política pública y se intercambiaba información privilegiada con personas ajenas al gobierno.

Aunque no se ha confirmado por una fuente oficial, el período que comprende esa porción del 'chat' es de noviembre de 2018 a enero de 2019, fechas en que los licenciados Elías Sánchez Sifonte, y en ese último mes Ramón Rosario Cortés, no ocupaban puestos oficiales en el gobierno, pero participaban de la comunicación directa con Rosselló Nevares y sus quehaceres diarios.

Todo este intercambio de información ocurre a la vez que la Administración Rosselló mantuvo, y mantiene, la postura de litigar casos en los que periodistas y organizaciones le solicitan acceso a información pública, como fue el caso llevado por el Centro de Periodismo Investigativo para obtener los datos de los muertos por el huracán María.

Además, la comunicación diaria y constante de Rosselló con el cabildero Sánchez Sifonte causa un contraste irónico con el llamado 'registro de cabilderos' que Rosselló se apresuró a crear mediante orden ejecutiva tras los arrestos por corrupción en las áreas de salud y educación de seis personas ligadas a su administración.

Estas revelaciones se hacen eco de la controversia surgida en el escandaloso 'chat' de Whatsapp revelado en el 2018, en el cual el exjuez Rafael Ramos Sáenz consultó decisiones electorales con integrantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), por tanto, violó cánones de ética judicial y profesional. Como consecuencia, Ramos Sáenz aún enfrenta un proceso criminal en el Tribunal de Aguadilla.

Ramos Sáenz enfrenta alrededor de 17 cargos por aprovechamiento ilícito de servicios y propiedad pagados con fondos públicos, un cargo por enriquecimiento ilícito, y otro por violación al artículo 12.007 del Código Electoral.

En Telegram —con casi 900 páginas publicadas—, el entonces representante del Primer Ejecutivo ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Christian Sobrino Vega, compartió comunicaciones que él mismo catalogó como 'confidenciales' o 'altamente confidenciales' en al menos tres instancias. Los datos enviados abordan la apertura y clausura del período de solicitudes de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y procesos judiciales que involucran al gobierno.

Lo mismo ocurre con el exasesor legal del Gobernador, Alfonso Orona Amilivia, quien no solo ofrecía actualizaciones en el 'chat' sobre casos judiciales en curso, sino que también divulgaba lo que sería la respuesta y el plan de acción del gobierno al respecto.

En una de las instancias, Sobrino Vega compartió una opinión más que confidencial de los abogados del Gobierno de Puerto Rico sobre el proceso de presupuesto de la Isla y sus discrepancias con la JCF. Irónicamente, ese mensaje enumera una lista de cosas que no deberían hacerse públicas por el bienestar y la estabilidad de las operaciones gubernamentales y la seguridad pública.

No obstante, además de Sánchez Sifonte, esa comunicación fue vista por los demás integrantes del 'chat' que no eran funcionarios públicos en ese momento, entiéndase: los relacionistas Carlos Bermúdez y Rafael Cerame D'Acosta, así como el publicista Edwin Miranda Reyes.

Hasta la publicación del 'chat' en su totalidad, Bermúdez fungía como asesor de comunicaciones del Gobernador y de la comisionada residente, Jenniffer González Colón. Cerame D'Acosta era oficial de prensa que inicialmente se encargaba de las versiones en inglés de los comunicados y su publicación en el extranjero, mientras que Miranda Reyes opera la empresa KOI, que ha acumulado millones de dólares en contratos.

Quien también fuera director ejecutivo de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) publica además otra carta 'confidencial' que se le enviaría al Gobernador

'Aunque la carta no se ha enviado oficialmente, ya le indique a la JSF que el primer párrafo es inflamatorio y lo mismo pudiera decirse en cuanto a ellos. Pero en cuanto a sustancia del resto, creo que lo mejor que podemos hacer es programar plan de acción en sustancia y en los medios dividir entre incumplimiento que es prerogativava vs resultado de los recortes presupuestarios. Estaré disponible para medios de la junta hacer pública la carta. Qué creen?', preguntó Sobrino Vega, lo cual desató un corto intercambio, principalmente Rosario Cortés.

Por otra parte, el 17 de enero de 2019, Sobrino Vega compartió un comunicado de prensa sobre los proponentes cualificados para el proceso de establecer la alianza público privada para el proyecto de Transmisión y Distribución de la AEE. Como parte del intercambio, los integrantes del 'chat' discutieron la fecha de publicación del comunicado, a lo que todos —incluidos los miembros externos al gobierno— concurren en que debía ser ese mismo día para evitar que se filtrara con una narrativa adversa.

-Sánchez Sifonte (identificado como F do): Las compañías mismas se encargan de filtrarlo. Mejor que la noticia salga de nosotros con el spin que se quiere

-Anthony Maceira Zayas: Exacto

-Miranda Reyes: Pero yo pensaría que es 'Governor Worthy' o mínimo una cita, al menos que lo queramos extraer por completo del proceso..es un tema altamente taquillero.

-Sánchez Sifonte: En un proceso de licitación de algo como esto, que va a ser objeto siempre de impugnaciones y bochinche, mantendría al gobernador manos afuera. Esa sería mi recomendación.

Sánchez Sifonte fue señalado el 26 de noviembre de 2017 como uno de los cabilderos de la empresa PUMA Energy, quien alegadamente lo contrató a él y la empresa World Professional Group (WPG) —donde también se le ha ligado— para acelerar los procesos de permisología en el gobierno para la construcción de una planta embotelladora de gas licuado en la Isla. Mientras estuvo en la JCF, Sánchez Sifonte mantuvo un alto nivel de privacidad respecto a sus divulgaciones financieras y sus tratos con empresas externas, por lo que los repetidos señalamientos que lo posicionan como cabildero de empresas de energía podría representar un conflicto de intereses, intervención indebida o venta de influencias.

Precisamente en las pasadas semanas salió a relucir en la prensa que Sánchez Sifonte sería foco de una alegada investigación federal, con origen en Nueva York, por supuestas irregularidades y tráfico de influencias para otorgar contratos en varias agencias del Gobierno de Puerto Rico, debido a su cercanía con el Primer Ejecutivo.

El cabildero laboró como representante del Gobernador ante la JCF por unos seis meses, posición que no tiene remuneración y que siguió a su rol como director de campaña de Rosselló Nevares cuando aspiró a la gobernación en el 2016.

En su carácter privado, Sánchez Sifonte labora en la firma de abogados Wolf Popper, la cual tuvo contratos con agencias de gobierno, entre ellas el Departamento de Educación, por más de un millón de dólares mientras Julia Keleher estuvo al mando.

Por su parte, el licenciado Rosario Cortés dejó la secretaría de Asuntos Públicos el 31 de diciembre de 2018, pero continuó participando en las decisiones que surgían en el 'chat' en enero de 2019.

Durante la única conferencia de prensa en que ha respondido a la publicación del 'chat', Rosselló Nevares insistió en que los mensajes fueron compartidos fuera de horas laborables por los funcionarios, no obstante, las estampas de las horas dictan lo contrario y los posicionan a diferentes horas del día.

Al publicarse la totalidad del 'chat' de Telegram, la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario Vega, confirmó que su agencia investigará la posible comisión de delitos de su ley originatoria.

Mientras, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, ordenó la creación de un equipo especial con el fin de examinar posibles violaciones de ley en el grupo de mensajería del Gobernador y sus allegados.

Además de los ya mencionados, en el 'chat' participaban el exprincipal oficial financiero (CFO) y exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier; el exsecretario de Estado, Luis G. Rivera Marín; el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi Cruz; y el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas.