El Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) entre un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y esa corporación pública podría suponer una sombra de aumentos tarifarios por venir para todos los clientes, pero hasta que la jueza Laura Taylor Swain no de su aval al acuerdo y a un plan de ajuste posterior, la ventana para ejercer presión en contra de lo pactado sigue abierta.

'Esto se logra como un acuerdo como parte de los procesos de Título III de PROMESA. Una vez certificado por el tribunal, ese es el valor. Y a eso es lo que nos comprometen los procesos de bancarrota del Título III de PROMESA', explicó Tomás Torres Placa, representante del Interes Público en la Junta de Gobierno de la AEE.

El RSA es un primer paso hacia la reestructuración de la deuda de la AEE y establece los terminos de repago de esa deuda favorecido por una mayoría de acreedores representados en el grupo Ad Hoc de Bonistas de la AEE. Ese documento, sin embargo, depende de una serie de compromisos por parte del gobierno, que incluye la creación de una entidad de emisión de deuda denominada 'Corporación de Revitalización de la AEE'.

Esa creación estaría a cargo de la Legislatura y el Primer Mandatario, pero de crearse a la talla solicitada por los bonistas, sería una dependencia del gobierno exenta de 16 leyes locales, en su mayoría medidas regulatorias. A juicio del abogado de quiebras Rolando Emmanuelli, esto pone al gobierno en una posición clave para ejercer presión para modificar los terminos del pacto.

'Pueden, porque el acuerdo requiere legislación. Tienen que crear una corporación que va a estar exenta de todas las leyes regulatorias sobre todas las corporaciones públicas', sostuvo Emmanuelli, quien tambien representa al principal sindicato de empleados de la AEE, la Unión de Empleados de la Industria Electrica y de Riego (UTIER).

Por tanto, argumentó Emmanuelli, si la Legislatura no se compromete con los terminos que requiere la corporación que emitirá los bonos nuevos y que tambien recibirá la partida de la tarifa que aumentará para pagar a los bonistas, la jueza Swain no puede aprobar un plan de ajuste basado en el RSA. El actual RSA fijó para marzo del 2020 la aprobación de un Plan de Ajuste, lo que atrasaría la reestructuración de la deuda de la AEE.

Según establece el RSA, tanto el cargo por transacción de 1 centavo por kilovatio hora que entraría en vigor el primero de julio de este año como los aumentos de transición que comenzarán en poco más de 2 centavos por kilovatio hora el próximo año son ineludibles. Esto implica que aún aquellos clientes que opten por desconectarse del sistema electrico tendrían que pagar los cargos dirigidos a pagar la deuda de la AEE.

De lo dispuesto en el RSA, Torres Placa estimó que la tarifa electrica podría aumentar hasta 7 centavos al cabo de la decada para sufragar el pago a bonistas y de las pensiones de los empleados de la AEE, para una tarifa potencial de hasta 29 centavos por kilovatio hora. Para el Representante del Interes Público, el aumento tarifario sería insostenible para la economía, por lo que urgió a un esfuerzo para encontrar fondos estatales o locales que puedan sufragar parte de la deuda de más de $7,000 millones de la AEE.

Sin embargo, Emmanuelli argumentó que el RSA no es viable en la medida que invierte las prioridades establecidas por la AEE en el 'Trust Agreement' con los bonistas del 1974. El abogado sostuvo que el acuerdo persigue priorizar los gastos de la corporación pública hacia el pago de la deuda en lugar de gastos operacionales, una finalidad que podría afectar adversamente la operación de la AEE y a sus clientes.

Clientes de la AEE podrían rechazar el plan en corte

Los aumentos tarifarios que traería la aprobación de un Plan de Ajuste en acorde con el RSA convertiría a Puerto Rico en la jurisdicción con los costos energeticos más altos en Estados Unidos, advirtió Torres Placa. Aunque el Representante del Consumidor se mostró esperanzado que la transformación del sistema y la implantación de las medidas de eficiencia dirigidas a abaratar costos tarifarios puedan reducir el impacto del aumento, los clientes podrían estar viendo -en el mejor de los escenarios- una factura de hasta 25 centavos el kilovatio hora.

A diferencia del Plan de Ajuste de COFINA, dado a que los clientes de la AEE estarían en posición de pagar por los acuerdos pactados entre la corporación pública y los bonistas, podrían entrar a la discusión sobre el acuerdo en los tribunales. Según Emmanuelli, a diferencia del caso de COFINA donde la oposición a ese Plan se confinó al envío de cartas a la jueza Swain, en el caso de la AEE hay espacio para emitir una oposición formal.

'El cliente promedio tendría que intervenir mediante representación profesional y eso no se ha visto todavía, que haya alguien que represente a los abonados. Pero teóricamente, podrían intervenir si prueban que tienen 'standing' (legitimación activa) porque han recibido un 'injuring fact' (hecho perjudicial)', explicó el abogado de quiebras a NotiCel.

Este tipo de oposición podría formularse por cualquiera de las categorías de clientes de la AEE (residencial, comercial e industrial) y podría incluir múltiples partes que se unan a la oposición esgrimida. Una oposición al Plan de Ajuste en el caso de Título III de la AEE podría ser determinante a la hora de declarar si el acuerdo es viable o no a la luz de la situación económica que atraviesan los clientes de la AEE y la tendencia hacía la generación propia de energía renovable como medida para reducir costos entre individuos y compañías.