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Gobierno

Ganadores y perdedores en los ajustes de la deuda pública

Quién se beneficia de las reestructuraciones?

El caso del manejo de la deuda de Puerto Rico tiene importantes jugadores en el juego que se remonta a decadas de múltiples transacciones que llevaron al Gobierno a la quiebra.

El plan de ajuste de la deuda de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) y la petición de anular $6,000 millones de la deuda de los bonos de obligaciones generales (GO's) hechos por la Junta de Control Fiscal (JCF) no es la excepción en esta trayectoria.

Ante el aplauso de algunos y el escepticismo de otros, existen grandes ganadores y perdedores en el tablero del acuerdo que impactará el futuro fiscal del país y que está en manos de la jueza federal atendiendo el caso, Laura Taylor Swain. A juzgar por el tracto histórico de la situación fiscal de Puerto Rico, a continuación detallamos quienes ganan y pierden en esta primera batalla:

Luis Fortuño Burset

El exgobernador Luis Fortuño es el gran ganador del plan de ajuste de deuda de COFINA. El credito del Gobierno estaba agotado desde 2006, año en el que se creó COFINA como mecanismo para acudir al mercado de bonos, por lo que Fortuño enmendó la ley que creaba la corporación para aumentar el dinero del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) contra el cual se emitieron los bonos de la entidad a la vez que los reembolsos de un prestamo de $4,000 millones se usaron sin la autorización de la Legislatura.

En poco más de dos años, Fortuño agotó COFINA tomando prestado $11,077 millones (un 68% de la totalidad del fondo).

Con el acuerdo para el plan de ajuste de deuda de la Corporación, el Gobierno se allana a la validez de estas emisiones y a pagarlas sin que se haya revisado su constitucionalidad. Este acuerdo da la certeza que la mayor parte del dinero tomado prestado por Fortuño se pague en los próximos 40 años.

En el 2012, agotados los chavos de COFINA se crea un subterfugio a traves de la Autoridad de Edificio Públicos (AEP) para realizar dos emisiones más por $2,318 millones y $417 millones. Estos dos prestamos son parte de los $6,000 millones que la JCF solicita sean anulados, lo que para algunos es una movida para presionar a los bonistas a negociar.

Fortuño será recordado por ser el gobernante que implantó medidas de austeridad incluyendo el despido de miles empleados públicos sin que pudiera cuadrar la chequera, aunque durante sus cuatro años aumentó la deuda pública por $16,055 millones.

Carlos García

El hoy miembro de la Junta de Control Fiscal presidió el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) durante la Administración Fortuño y sería otro gran ganador con el acuerdo ante la evaluación de Swain. Artífice de las políticas financieras y los cambios a la ley de COFINA, lideró las emisiones de bonos que agotaron ese fondo desde 2009 hasta el 2011. La JCF optó por llegar a un acuerdo con los bonistas de COFINA sin que se evaluara la constitucionalidad de los cerca de $17,000 millones emitidos en bonos, casi un 70% bajo la responsabilidad de García.

Con el acuerdo, la JCF asegura intereses del expatrono de García, Santander de Puerto Rico. García fue parte de Santander antes y despues de presidir el BGF y hasta el 2016 tenía acciones en la institución financiera. Según el informe de activos de Santander de 2016, los bonos de COFINA representaban una tercera parte de la cartera de inversiones de ese banco.

Un informe de Hedge Clippers publicado por el Centro de Periodismo Investigativo en 2016 destapó que García estableció un equipo de trabajo de ejecutivos y exejecutivos de Santander que controlaron todas las decisiones financieras del BGF durante la Administración Fortuño. En total, Santander participó en unos 90 acuerdos de deuda. El acuerdo propuesto para COFINA, certificaría todas esas transacciones automáticamente sin que se hayan auditado.

Además de García, es válido cuestionar en cuántas transacciones han tenido participación otros miembros de la JCF. O incluso asesores del ente, como el Bufete O'Neil & Borges, que asesoró al gobierno de Fortuño y ahora asesora a la Junta.

Alejandro García Padilla

Uno que pierde es el exgobernador Alejandro García Padilla, quien realizó la última emisión de GO's en el 2014, la mayor transacción en la historia para bonos con clasificación chatarra en la historia del mercado. Esta es parte de las emisiones que la JCF pide anular. García Padilla autorizó la emisión de 2014 aun sabiendo que el Gobierno se acercaba a un impago. El 67% de los bonos fueron comprados por fondos buitres. De hecho, el prestamo no se utilizó para inversión sino para pagar deudas y operación del Gobierno. Quince meses despues de esta emisión, García Padilla anunciaba que la deuda no se podía pagar.

El exgobernador apoyó la aprobación de PROMESA junto al entonces comisionado residente, Pedro Pierluisi.

Tras poco más de dos años de PROMESA y la Junta, el proceso de restructuración de la deuda y ajustes fiscales no parecen dirigidos a buscar salidas reales para mejorar la economía y sacar al país a flote. Sin auditar la deuda ni definir los servicios esenciales se están tomando decisiones fiscales que hipotecan a futuras generaciones. Tal es el caso del plan de ajuste de COFINA que dispone que los bonistas senior recibirán un retorno de 93% de su inversión mientras los juniors recibirán un 56%.

La estructura de bonos contemplada conlleva una acumulación de intereses de la que la deuda de $17,640 millones aumentará progresivamente hasta llegar a $32,300 millones, hipotecando al país por 40 años.

El acuerdo asegura el pago a los bonistas, por lo que según análisis de expertos, obligaría al Gobierno a comprometer otros recursos si los recaudos del IVU se quedan cortos poniendo en riesgo otro posible impago.

Aunque la reciente moción de la JCF para invalidar $6,000 millones de las últimas tres emisiones de bonos de obligaciones generales de 2012 y 2014 puede representar un alivio quedan muchas interrogantes. ¿Por que se evaluaron esas y no las anteriores? ¿Cuántas de esas otras, si se realizara una auditoría, revelarían irregularidades, recortando aún más la deuda? ¿Se procesará etica o criminalmente a los responsables?

Al cierre de esta edición, la Junta de Control Fiscal no había respondido a una solicitud de este diario para aclarar estas y otras interrogantes.

Puede ver el documento completo sobre el desglose de COFINA aquí.

El exgobernador Luis Fortuño es uno de los grandes ganadores con el acuerdo de COFINA. (Archivo / NotiCel)

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