La Junta de Control Fiscal (JCF) recomendó hoy, lunes, la privatización de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) al gobierno de Puerto Rico.

En una carta dirigida al gobernador, Ricardo Rosselló, y a sus presidentes de la legislatura, Thomas Rivera Schatz y Carlos 'Johnny' Mendez, la Junta propuso que el gobierno comenzara a tomar 'los pasos necesarios para transferir los derechos y titularidad de WIPR a una entidad privada sin fines de lucro'.

'La Junta reconoce y apoya los esfuerzos de WIPR en comunicar y proveer programación informativa y cultural de interes público para el pueblo de Puerto Rico; pero una transferencia de titularidad a una entidad privada sin fines de lucro podría incrementar las oportunidades de desarrollo', lee la misiva.

Según justificó el ente federal establecido bajo la ley PROMESA, corporaciones de comunicación pública alrededor de los Estados Unidos son mantenidas por organizaciones privadas y donativos federales o privados.

'WIPR debería similarmente ser operada y mantenida independientemente, mientras a la misma vez es protegida de los intereses políticos. La Junta apoya la difusión pública pero los recursos para operar a WIPR pueden y deben venir de afuera del Gobierno para que el Gobierno priorice sus gastos en los servicios que este mejor posicionado para proveer', lee la misiva.

El gobierno tendrá 90 días para contestar a la JCF su decisión ante la recomendación.

El pasado mes de diciembre, WIPR había asegurado que la corporación pública podría mantenerse en funcionamiento sin mayores percances por lo menos hasta el verano 2019.

'Desde el comienzo del año fiscal sabíamos que con la reducción presupuestaria nos enfrentaríamos a un gran reto en la operación de La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. Deseo dejar claro que este presupuesto aunque limitado nos permitirá operar hasta junio 30 del 2019', dijo en aquel entonces, el presidente de WIPR, Rafael Batista Cruz.

Por otro lado, la Junta envió una segunda carta a Rosselló donde le señalaron una serie de faltas que ha cometido la administración en contra de la ley PROMESA.

'Una de estas [faltas] involucra la sección 203(a) que prove que 'a no más de 15 días del último día del cuarto del año fiscal, el Gobernador someterá a la Junta de Control Fiscal un reporte, en tal forma lo requiera la Junta' describiendo el presupuesto actual para dichas procedencias del cuarto de año y 'cualquier información requerida por la Junta', detalla la carta.

Entre los reportes presupuestarios que la Junta alega que el gobierno no ha sometido se encuentran el de la Autoridad de Energía Electrica, el de la Universidad de Puerto Rico, el de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, entre otros.

El ente federal había dado hasta el 21 de diciembre para recibir estos reportes, pero a esa fecha solo recibió un reporte presupuestario para el primer cuarto del año fiscal 2019 del Gobierno central.

La Junta otorgó al gobierno hasta el 18 de enero para entregar los restantes reportes.

Puede leer las cartas completas aquí: