Luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) cursara una carta al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para informar sobre la revisión del contrato de servicios medicos a confinados, la agencia le devolvió una misiva estableciendo las razones por las cuales el organismo debe reconsiderar su determinación.

Recientemente, la Junta divulgó su política de revisión de contratos gubernamentales que sobrepasen los $10 millones. Tomando en cuenta que el acuerdo (2018-000042) entre el DCR y Correctional Health Services Corporation (CHSC) pudiera ascender a una anualidad de $15,460,000 tras una extensión firmada el 31 de octubre de 2017, el asesor legal de la Junta, Jaime A. El Koury, solicitó que el contrato que inicia el primero de octubre con Physician HMO Inc. sea sometido para su revisión con mínimo dos semanas de anticipación.

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Sin embargo, la agencia que lidera por Eric Rolón sostiene que el contrato cumple con ahorros económicos en la institución y recurre a recordarle a la Junta los derechos de los confinados.

'La compensación, por la administración de los servicios medicos esenciales asegurados mediante esta Extensión, fue reducida en un 23%.... Estos servicios contratados son esenciales para cumplir con los parámetros establecidos en el caso federal Morales Feliciano y el cual garantiza derechos fundamentales de los confinados', lee parte de la misiva de tres pásingas que insiste que dicho servicio no puede paralizarse.

Pese a los alegatos de la agencia, el director de la oficina de asuntos legales del DCR, licenciado Eduardo J Rivera Juanatey, sostuvo que 'Nos sorprende la desaprobación del logro del DCR para negociar y extender mes por mes estos servicios, representando ahorros que no estaban contenidos en la pasada extensión aprobada hasta octubre de 2017 por $15,460,000'.

Sobre las tres preguntas por las cuales la Junta aguardaba respuestas de la Oficina Legal, Rivera Juanatey contestó en la afirmativa sobre la inclusión de los empleados de difícil reclutamiento en el nuevo acuerdo de servicios.

Sin embargo, sobre el detalle de los ahorros hasta 2020, el director apuntó que la Oficina de Asuntos Legales del DCR no tiene la responsabilidad de manejar ese análisis pero lo refirió al personal fiscal del Departamento y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

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