El 'Plan de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico', entregado por la administración de Ricardo Rosselló Nevares al Congreso de los Estados Unidos, incumple con varios puntos descritos en la ley que lo propicia, además de que pide un total de $139,000 millones sin certeza alguna de dónde provendrá el 32% de esos fondos.

El documento de 531 páginas fue enviado al Congreso el 8 de agosto para cumplir con la fecha estipulada en la Ley Bipartita de Presupuesto 2018, estatuto que condicionó la aprobación de fondos para la Isla a la creación de un plan detallado sobre las necesidades a raíz del paso de los huracanes Irma y María.

La ley especifica que el mencionado plan debía ser elaborado por el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal (JCF), sumado al hecho de que la entidad debe certificarlo para que luego sea considerado por el Congreso.

Sin embargo, el Gobierno saltó esos pasos y finalizó el plan en coordinación con agencias estatales y federales, entre otras, acto comprobado por una carta cursada por Rosselló Nevares al liderato congresional.

'Un borrador del Plan de Recuperación fue enviado a la Junta durante su desarrollo y el Plan de Recuperación completado fue provisto para su análisis en cumplimiento con la Ley. Por favor noten que la Junta aún no ha entregado su certificación. De esa manera, sería razonable anticipar que el Plan de Recuperación será sometido a revisión posterior', señaló el Primer Ejecutivo en su misiva antes de presentar el documento 'Transformation and Innovation in the Wake of Devastation'.

En una mesa redonda con la prensa celebrada el jueves, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, confirmó haber recibido el documento, no así haber iniciado su análisis. 'Sí, lo recibimos. Son 500 páginas, empezaremos de inmediato', aseguró.

La JCF podría presentar reparos con lo que interesen, de la misma manera en que han hecho en ocasiones previas con los planes fiscales del gobierno central y las agencias. Del mismo modo, podrían apuntar a las porciones del documento en que Rosselló Nevares aborda el estatus político de Puerto Rico, puesto que en ocasiones previas han evitado comentar sobre el asunto.

Algunos puntos de concordancia entre el Gobierno y la JCF descritos en el documento son la intención de facilitar hacer negocios en la Isla y la inclinación hacia la transparencia en los procedimientos.

Por medio de este documento la Administración Rosselló Nevares tambien requirió del Congreso un monto ascendente a $139,000 millones para completar una serie de reformas en la Isla, a toda vez que admitió desconocer de dónde provendrán al menos $45.4 billones de esa cantidad.

La justificación estriba en que la cantidad restante de lo solicitado provendría de fondos disponibles o fondos que el Gobierno sabe que existen, pero desconoce cuánto sería asignado a Puerto Rico.

Así, la suma de $45.4 billones tiene varios posibles puntos de procedencia, como llegar de la misma cartera del Gobierno --si identifica los fondos--, desde el sector privado o por vía de contribuciones filantrópicas, de acuerdo al documento. Aunque presenta varias posibilidades, se apunta al gobierno federal como el origen con mayor potencial de auspicio.

Igualmente, al menos $60,000 millones de ese total conllevan un 'cost-share' al ser asignados, o sea, que el Gobierno comparta los costos.

Previo a su finalización, el 'Plan de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico' estuvo sumido en una batalla legal que tuvo como fin lograr que el Gobierno publicara una versión del documento en español. De esa manera, se beneficiaría el público que interesaba comentar sobre su contenido.

La versión entregada al Congreso no incluye una sección que resuma esos señalamientos, pero se indica que sobre 200 'miembros comunitarios' participaron en el desarrollo del Plan.

El indicio más evidente de participación pública en el Plan se da a traves de citas dispersas de personas que formaron parte de grupos focales.

La participación entre organizaciones se dividió en:

127 agencias federales

97 agencias locales

67 organizaciones no gubernamentales/sin fines de lucro

55 del sector academico

99 del sector privado

Individuos:

54 alcaldes y sus representantes

Sobre 200 miembros de la comunidad

Por otra parte, la ley federal solicita que el Plan sea de 12 y 24 meses, o sea, uno y dos años. Sin embargo, el Plan de Rosselló Nevares transcurre por un plazo de 11 años, cuyas iniciativas son segmentadas entre las prioridades inmediatas (1-2 años) y aquellas a largo termino (3-11 años).

Para el tiempo ordenado por el Congreso, el gobierno local espera restablecer sistemas esenciales como la energía, las telecomunicaciones, el agua potable y la transportación; reparar 166,000 estructuras residenciales; mejorar la preparación de emergencia; y descifrar la titularidad de varias piezas de infraestructura, servicios y otros bienes.

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