Un avión fletado por CoreCivic, la principal empresa carcelaria de Estados Unidos, llegaría a Puerto Rico en las próximas semanas para transportar a un grupo de confinados que llegarán al aeropuerto escoltados por personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, luego de que esa agencia le adjudicara a la compañía un contrato de más de $10 millones el 31 de julio.

Antes de abordar, los confinados pasarán por un 'proceso de seguridad y chequeo medico'. Luego viajarán hasta su nuevo destino: La Palma Correctional Center en Arizona.

CoreCivic haría varios viajes a traves de su propia línea aerea, TransCor, hasta que el DCR haya logrado su meta de sacar a los primeros 1,200 confinados de las cárceles de Puerto Rico para ubicarlos en esa cárcel privada de Arizona. Los detalles de la transportación se desprenden de la propuesta de CoreCivic al DCR.

Aunque todavía no se han dado orientaciones a los presos de Puerto Rico sobre esta cárcel de Arizona, 'para el 15 de agosto pudieramos estar hablando ya de los primeros confinados que se esten montando en un avión', dijo Erik Rolón, secretario del DCR, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El secretario de Corrección dijo al CPI que el proceso de orientación a los confinados sobre los servicios que tendrían en la cárcel de Arizona comenzaría este lunes 6 de agosto. Pero este lunes las orientaciones no habían comenzado, confirmó al CPI Hector Perez, relacionista público de Corrección. Si los planes del DCR se dan como los proyecta el Secretario, quien espera que el 15 de agosto salga el primer vuelo, los confinados tendrían menos de una semana entre la fecha de orientación y la de traslado.

La Palma Correctional Center en Arizona es la cárcel que propuso CoreCivic para trasladar a confinados de la isla que participen en la primera fase del programa Out State que impulsa la administración del gobernador Ricardo Rosselló como presunta medida de ahorro. El objetivo es reubicar en cárceles privadas de Estados Unidos durante los próximos cinco años a un total de 3,200 confinados de forma escalonada, que son el 30 por ciento del total de los reclusos de Corrección.

El lunes 30 de julio, la Junta de Subastas del DCR tuvo una reunión con funcionarios de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en la que adjudicaron el contrato a la única empresa que estaba compitiendo por el.

Cuando el CPI preguntó a CoreCivic si aceptaría el contrato adjudicado por Corrección, Amanda Gilchrist, portavoz de la compañía, respondió que: 'El proceso de solicitud de propuestas todavía está en curso y por respeto a ese proceso, no vamos a ofrecer detalles de ninguna propuesta sometida'.

En la propuesta que sometió CoreCivic al DCR en mayo, la tarifa por confinado (per diem) sería de $63 y $67 diarios. La AAFAF solicitó al DCR que negociara bajar la tarifa a entre $55 y $59. 'Sin embargo [en el contrato adjudicado] se mantuvo más o menos el mismo per diem', dijo al CPI el secretario de Corrección.

'Adicional a eso, esto es un contrato que probablemente sobrepase los $10 millones, eso obliga a que el mismo tiene que ser evaluado y aprobado por la Junta de Control Fiscal. Así que todavía quedan unos pasos adicionales', añadió Rolón.

El CPI preguntó a la Junta de Control Fiscal y a AAFAF si el contrato será aprobado a pesar de que Corrección no logró bajar el precio por confinados que propuso CoreCivic. La Junta envió expresiones escritas indicando que 'no ha recibido documentación sobre este contrato para ser evaluado', pero no contestó la pregunta del CPI. AAFAF tampoco las contestó. 'El proceso de negociación en el caso de DCR no ha culminado por lo cual no podemos comentar sobre el mismo. La AAFAF, en su rol de asesor financiero, ha estado apoyando al DCR en este proceso', dijo Christian Sobrino, director de AAFAF, en declaraciones escritas.

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