Por virtud de su ley orgánica, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) supone ser el ente rector que determina el rumbo de la corporación, aunque el criterio del primer mandatario de turno siempre influye en los objetivos de los miembros que designa a ese cuerpo.

En la práctica, sin embargo, el poder ejecutivo y el legislativo han trastocado la composición de la Junta de Gobierno, sin proveer una solución al problema de fondo: la intervención político partidista.

Aunque los cinco miembros de la Junta de Gobierno que renunciaron el jueves atribuyen su salida precisamente a la intervención político partidista dentro la corporación pública, lo cierto es que, al menos en el caso del ahora expresidente de la Junta de Gobierno, Ernesto Sgroi, esa intervención siempre fue evidente. Previo a ocupar la silla principal en la Junta de Gobierno, Sgroi sirvió como tesorero del comite de campaña del hoy gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, cuando fue candidato político.

En un principio, la Junta de Gobierno de la AEE estuvo compuesta por nueve miembros, de los cuales seis serían designados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado bajo distintos terminos. Uno tenía un termino de dos años, dos tenían terminos de tres años y otros tres tendrían terminos de cuatro años.

La figura del representante del consumidor electo tambien surge de la ley original, por terminos inicialmente de dos y tres años y posteriormente bajo terminos de cuatro años. El miembro restante bajo esta ley lo era el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

El primer cambio a la composición estatutaria de la Junta de Gobierno vino bajo la administración de Alejandro García Padilla en el 2013. La ley 29 del 2013 mantuvo la composición de nueve miembros, pero sólo cuatro serían electos por el gobernador con el consentimiento del Senado.

A estos cuatro se le añadió un requisito de pericia, por lo que dos de esos miembros tenían que ser ingenieros autorizados para ejercer su profesión, uno tenía que ser ingeniero electricista y el último experto en finanzas corporativas. Otro cambio requirió que estos candidatos fuesen escogidos por el gobernador de un listado de 10 personas sometido por asociaciones profesionales y entidades sin fines de lucro.

De los otros cinco miembros, tres serán representantes del consumidor, electos bajo una elección supervisada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Dos de estos miembros eran representantes del consumidor y uno era representante del consumidor comercial o industrial. Los tres representantes del consumidor suponían tener terminos de 6 años.

Los restantes dos miembros eran integrantes ex oficio. Uno era el secretario del DTOP y otro el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y ambos tenían terminos de cuatro años.

Hasta la ley 29 del 2013, los miembros de la Junta de Gobierno sólo cobraban una dieta de $300 por cada día en que se reúnan y $200 por cada día que esten en funciones delegadas por el presidente de ese cuerpo. En el 2013, la enmienda a la ley además impuso un tope de $30,000 anuales por concepto de pago a los miembros de la Junta.

El año pasado, la presente administración trastocó varios de esos principios originales, reduciendo por primera vez el número de miembros de nueve a siete y aumentando la cantidad de miembros que el gobernador puede seleccionar.

Las enmiendas del año pasado disponían que tres miembros serían electos por el gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, y serán seleccionado de una lista de 10 candidatos presentados por una firma de búsqueda de talento para juntas directivas. Estos debían ser expertos en ingeniería electrica, administración de empresas, economía, finanzas o legal, con no menos de 10 años de experiencia laboral.

El cambio más drástico fue la designación de tres de los siete miembros por el gobernador 'a su sola discreción', incluyendo un miembro independiente.

Mientras que la figura del representante del consumidor se redujo a uno solo, electo bajo un nuevo procedimiento que administraría DACO. Este procedimiento disponía que en o antes de 120 días previo a la fecha de vencimiento del termino del representante del interes de los clientes, DACO tendrá que abrir una convocatoria a elección, distribuir formularios de petición de nominación, certificar los candidatos, diseñar la papeleta y tras un periodo de 10 días siguientes a la fecha límite para recibir papeletas, adjudicar un candidato.

Ese procedimiento, sin embargo, no se ha llevado a cabo, por lo que la actual Junta de Gobierno no cuenta con un representante del consumidor. El anterior representante del consumidor, Luis Santini Gaudier, fue destituido por el gobernador a pocos días de haber ratificado la nueva ley.

No obstante, al presente Santini Gaudier mantiene un pleito reclamando la ilegalidad de su destitución. Aunque fue radicado inicialmente en el foro local, el caso fue transferido a la corte federal como un procedimiento adversativo en el caso de Título III que maneja la juez Laura Taylor Swain.

Mínimo el efecto del cambia cambia en la Junta de Gobierno AEE en el caso de quiebra

Actualmente, la AEE se encuentra en medio de un procedimiento de reestructuración de su deuda al amparo del Título III de la ley PROMESA. Aunque los cambios en su esfera administrativa podrían percibirse como negativos en el procedimiento de quiebras, el efecto de las renuncias de los miembros de la Junta de Gobierno es mínima en el caso, si no ninguna.

Es así pues todos los casos de Título III son administrados y manejados principalmente por la Junta de Control Fiscal (JCF). Mientras que la representación legal de la AEE es administrada y costeada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), que retuvo al bufete Greenberg Traurig para representar a la AEE.

'Aunque la Autoridad ha comparecido, quien lleva la voz cantante y maneja todo el proceso es la Junta. Así que, si esto es temporero, si esta Junta se reconstituye, se supone que no haya un impacto real en los casos de Título III', explicó a NotiCel el abogado de quiebras, Rolando Emmanuelli.

Aun así, Emmanuelli sostuvo que el momento en que la JCF pueda acordar un plan de ajuste de deuda para la corporación pública, el rol de la Junta de Gobierno de la AEE será determinante para certificar y hacer cumplir ese plan.

Sin embargo, el jueves, la Junta de Control Fiscal urgió pronta atención a la resolución de la presente situación en la AEE.

'La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (the Oversight Board) entiende que la transformación del sector energetico es de vital importancia para la recuperación y el desarrollo económico de Puerto Rico. Todos estamos de acuerdo en que cada residente y negocio en Puerto Rico merece tener un servicio electrico confiable y costeable', dice la declaración escrita enviada por la Junta.

'Los eventos de hoy, que han resultado en un vacío de liderato a los niveles más altos de la gerencia y gobernanza de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) son desafortunados e indebidamente demoran la pronta implantación de la transformación de la AEE'.

'La Junta de Supervisión, la gerencia de la AEE y el equipo fiscal y asesores de la Administración, han trazado una ruta clara para la transformación y rehabilitación financiera de la AEE para el beneficio de Puerto Rico, su economía y los acreedores de la AEE. Esa ruta está establecida en el Plan Fiscal de la AEE certificado por la Junta de Supervisión. Apego estricto a la implantación de dicho plan fiscal, independientemente de cambios en la gerencia y gobernanza de la AEE, es crucial no solo para alcanzar sus metas y objetivos sino para asegurar el mejor resultado posible del proceso de Título III para el beneficio de la AEE y Puerto Rico', agrega el comunicado.

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