El gobernador Ricardo Rosselló estableció unas nuevas metricas para el cálculo de los días de vacaciones y enfermedad de los funcionarios nombrados por el e incluyó, en una orden ejecutiva, de cuánto serán las vacaciones que acumularán y la mesada que recibirá en caso de renuncia o despido.

En momentos en que se discute la derogación de la Ley 80, que otorga mesada a los empleados de empresa privada en caso de despido injustificado, Rosselló le garantiza a sus funcionarios una mesada equivalente a un máximo de dos meses del salario correspondiente al cargo. Por un lado, sería una limitación a casos que se han visto en el pasado de funcionarios que, tras irse, reciben bonificaciones de decenas de miles de dólares por supuestas vacaciones no tomadas. Por el otro, establece una garantía de pago que antes no existía para todo funcionario.

Ahora los funcionarios tendrán derecho a 15 días laborables de vacaciones al año.

'Al cesar en su puesto cualquier funcionario, la agencia para la cual labora autorizará el pago de su compensación final no discrecional, o a sus beneficiarios en caso de muerte, de una suma que no excederá el equivalente a dos meses de sueldo que corresponda a su cargo', lee la orden ejecutiva OE-2018-020.

'A partir de la vigencia de la Ley Núm. 26, entiendase el 29 de abril de 2017, se acumulará bajo la licencia de vacaciones a razón de uno y un cuarto día laborable por cada mes de servicio en cualquier año natural, hasta un máximo de 15 días laborables por año', dice el documento.

'Disponiendose además que los días por enfermedad se continuarán acumulando conforme lo dispone la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal más no se liquidarán para propósitos de la compensación final no discrecional a la que alude el Artículo 3 de la Ley Núm. 125 del 10 de junio de 1967, según enmendada', agrega.

La orden ejecutiva no es clara en cuanto a los detalles de cómo cada agencia computará la cantidad de días que el funcionario tendría derecho a cobrar como mesada, pero garantiza el pago ya que especifica que es 'no discrecional'.

Rosselló ha sido blanco de críticas por los altos salarios y beneficios que algunos de sus jefes de agencia negociaron en sus contratos en caso de ser despedidos o de renunciar, como la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher.

Tambien se han cuestionado los salarios y beneficios de ejecutivos como el director de la Organización de Mercadeo de Destino (DMO por sus siglas en ingles), Brad Dean; y la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, quienes, aunque no son funcionarios nombrados por Rosselló, han sido tomados como ejemplo de las contradicciones de lo que se pretende para el pueblo y lo que buscan para sí mismos los que imponen ciertos criterios, como la JCF.

Jaresko tiene derecho a una mesada de $208,333 de ser despedida sin causa por sus empleadores. En el caso de Dean, su mesada, en caso de ser despedido sin justa causa, equivale a un año de salario. El salario anual del director de DMO es de $250,000.

Según el texto del contrato que otorgó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) a Keleher, si la agencia decide dar por terminado el contrato se comprometen al pago de una tarifa de terminación. Dicha tarifa será igual a la diferencia entre la cuantía total del acuerdo - $250,000 - y el monto total desembolsado hasta la fecha de terminación, siempre y cuando no exceda el monto total del acuerdo.

Bajo este lenguaje, Keleher potencialmente tendría derecho a la totalidad de la cuantía de su contrato de ser despedida por la AAFAF. Más aún, de renovarse su contrato con el mismo lenguaje, cuantía y vigencia - el actual acuerdo vence el 30 de junio - si la AAFAF opta por despedirla en diciembre, tendría derecho a una mesada de $133,032, lo que prácticamente sería la cuantía que resta de su contrato para ese entonces.

El asunto de las mesadas por despido injustificado surge dentro la discusión sobre la eliminación de la Ley 80 de despido injustificado, la cual obliga a patronos a pagar una mesada de indemnización a empleados despedidos sin justa causa. Esta medida surge como parte de un acuerdo entre la Fortaleza y la JCF, dirigido a aplazar la eliminación de derechos laborales adicionales, principalmente el bono de Navidad y las licencias de vacaciones y enfermedad.

Pese a que el argumento de la Junta ha sido a los efectos de que la Ley 80 encarece el costo de operaciones a patronos privados, resulta que la indemnización por despido sin justa causa aplicaba a algunos funcionarios de la Administración Rosselló y ahora, gracias a esta orden ejecutiva, aplica a todos los funcionarios nombrados por el Gobernador.

Puedes leer la orden ejecutiva del Gobernador aquí: