Mientras la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, insiste en eliminar la Ley 80 de despido injustificado, la cual garantiza el pago de una mesada al empleado en casos de despido injustificado, resulta que la propia Jaresko tiene derecho a una mesada de $208,333 de ser despedida sin causa por sus empleadores.

Jaresko, quien comenzó a servir como directora ejecutiva de la Junta en propiedad desde marzo del 2017, mantiene un contrato que fija su compensación anual en $625,000 a lo largo de cuatro años. Sin embargo, la cláusula de terminación de su contrato provee para que, en caso que sea despedida sin causa por los miembros de la JCF, tendrá derecho a ser indemnizada con una mesada equivalente a su pago mensual.

De haber sido despedida previo a marzo de este año, esa mesada hubiese sido su pago equivalente a siete meses de empleo a ser pagado en plazos mensuales, lo que hubiese totalizado $364,583. Sin embargo, el acuerdo establece que posterior a marzo del 2018, esa mesada sería equivalente a 4 meses de pago o un total de $208,333.

Esta cláusula resulta ser exclusiva en termino de los beneficios que ofrece la Junta tanto a su equipo de trabajo como a los otros empleados por contrato. Este es el caso con el coordinador de revitalización, Noel Zamot, y el consejero general, Jaime El Koury, quienes tienen contratos similares a los de Jaresko -aunque con cuantías de pago distintas - pero no tienen derecho a mesada alguna de ser despedidos.

Según la Junta, la idea detrás de la eliminación de la Ley 80 es convertir a Puerto Rico en una jurisdicción de empleo 'at will', lo que supone que el empleador no está obligado a establecer justa causa al momento de despedir un empleado. Bajo el actual marco legal, si un patrono efectúa un despido de esta naturaleza está obligado a indemnizar al empleado con hasta nueve meses de sueldo, según la reforma laboral aprobada el año pasado.

En un memorando de más de 2,000 páginas que envío la JCF el lunes para presentar los datos que utilizó para justificar derogación de la ley 80 y otros beneficios laborales, ellos señalan que ese estatuto impone altos costos operacionales a patronos mediante el pago de la mesada. Según el documento, el asumir la doctrina de empleo 'at will' asistirá a los patronos del sector privado a largo plazo y aumentará la contratación de más empleados permanentes, en vez de temporeros.

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