Mediante su Plan Fiscal publicado el pasado miercoles --y certificado el jueves--, la Junta de Control Fiscal (JCF) sentó las bases para lo que sería la reorganización de las agencias de Gobierno, tarea que depende en gran medida de la reducción de nómina y gastos relacionados.

Esta determinación compete a unos 116,500 empleados públicos que laboran en 114 agencias, conglomerado que opera con un presupuesto conjunto de $8.6 billones.

Basado en sus cálculos, los grupos de agencias que enfrentarán el recorte de personal más severo desde el año fiscal 2019 son: Educación, Salud, Seguridad Pública, Tribunales y Legislatura, Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), y Obras Públicas.

La vía de los recortes y ajustes, en síntesis, es todo aquello que no sea pareo de fondos federales, reserva presupuestaria y de liquidez, inversión en mejoras permanentes, pago de pensiones 'pay as you go' y pago de la deuda.

Es decir, en áreas de personal, se pretende recortar la nómina y gastos relacionados. Asimismo, verán una reducción los materiales y suministros, la compra de equipo, los gastos de transportación, los anuncios y pautas en los medios de comunicación y costos de contratación por servicios profesionales, entre otros.

El resultado de esos ajustes será variable, según la expectativa de la JCF, por lo que los números finales a los que se pretende llegar no están expresados en el Plan Fiscal.

El argumento principal yace en que la cantidad de agencias no es equitativo a la calidad.

'A pesar de que hay cinco agencias o más dedicadas principalmente a la administración financiera de la Isla, el Gobierno ha sido incapaz de entregar estados financieros consistentes y certeros en un tiempo predeterminado', estableció la JCF en el documento.

'Además, el sistema de Educación de Puerto Rico ha tenido resultados insatisfactorios de manera consistente, incluyendo tasas de graduación por debajo del estándar en los Estados Unidos y puntuaciones por debajo de lo esperado en niveles de competencia básica', añadió.

Es por eso que reafirma la necesidad de crear 22 grupos de agencias y otras 18 que permanecerían independientes o se podrían consolidar con las agrupaciones establecidas, para un total que no sobrepase de 35.

De esta forma, tambien, se emularía a estados como Iowa (36) y Connecticut (78) que cuentan con menos agencias, pero las labores representan gran eficiencia.

Con el fin de darle continuidad administrativa a estas exigencias, la JCF le encomienda al Gobierno la elaboración de un informe trimestral que detalle las economías por agencia en relación al personal y el desempeño.

Si para el tercer trimestre de cualquier año fiscal una agencia muestra un bajo rendimiento, el ente federal automáticamente restringirá el presupuesto de dicha agencia en una cantidad correspondiente a todo aquello que no lograron ahorrar.

El texto establece que si para entendimiento de la JCF la poca productividad es sustanciosa, reducciones de personal serán necesarias para lograr los ahorros.

Sumado a ello, la JCF dedica unas páginas para reafirmar que la congelación de plazas, estandarización en las aportaciones a los planes medicos y la eliminación del bono de Navidad son rutas adicionales para alcanzar los números ideales. Por tanto, le corresponde al Gobierno implementarlo.

En total, el ente federal estima que esas tres medidas ahorrarán $402.9 millones anuales, comenzando en el año fiscal 2023.

Otros elementos que la JCF respalda e incumben a los empleados públicos abordan la reducción de días feriados y la prohibición de liquidación por concepto de días de la enfermedad y vacaciones.

Dan más detalles de las agencias

Aunque por un lado la administración de Ricardo Rosselló Nevares ha reiterado su oposición al despido de empleados públicos y ha abordado el cierre y la consolidación de agencias públicas a su manera junto a la Asamblea Legislativa, el panorama que presenta la JCF no ofrece alternativas.

En las múltiples iteraciones del Gobierno, según una versión filtrada del Plan Fiscal, una veintena de agencias serían cerradas, mientras que otras 10 estaban en lista para ser vendidas.

Entre ellas se encontraba la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), así como la externalización de los Puertos Marítimos y los Sistemas de Retiro, empero, la JCF las ubicó en la categoría de Agencias Independientes.

En total, el documento ofrece una mirada más detallada a los cambios en las agencias de lo presentado por el Gobierno y deja unas 20 sin agrupar.

Además, señala que, por petición del Gobierno, solo cinco agencias serán clausuradas.

Estas son: el Bosque Modelo, la Compañía Desarrollo Integral De La Península De Cantera, la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra, el Banco de Desarrollo Económico (BDE) y la Autoridad de Puerto Rico para Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Medicas y de Control Ambiental (AFICA, por sus siglas en ingles).

Respecto a los demás cierres, la JCF admitió en el documento que la clausura del BDE no significará ningún ahorro, mientras que las entidades sobre Cantera y Culebra tendrán un ahorro de 68%.

Desde diciembre de 2017, la Asamblea Legislativa dio paso a la Ley del Nuevo Gobierno, cuyo propósito principal es incrementar la eficiencia al tiempo que disminuye la cantidad de agencias de 114 a 35.

En esa línea, la Legislatura tambien aprobó la continuidad de esfuerzos de reorganización --cosa que la JCF menciona en el documento-- tanto en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la Junta Reglamentadora de Servicio Público, y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

En cuanto al Bosque Modelo, específicamente, los legisladores aprobaron en febrero consolidar esa oficina con la sombrilla del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Resta conocer cómo la Asamblea Legislativa responderá al boceto de reorganización dispuesto por la JCF.