En las afueras, el Gobierno de Puerto Rico --liderado por Ricardo Rosselló Nevares-- se ha esmerado en crear distancia con la Junta de Control Fiscal (JCF) debido a la aparente discordia en visiones respecto al futuro económico de la Isla.

No obstante, el Gobierno alegó hoy en el tribunal que la cercanía, o calidad de 'socios', con la JCF debería tomarse en consideración para atenderse un asunto. Lo crucial es que lo que se atendía en el tribunal eran documentos relativos al Análisis de Sustentabilidad de la Deuda (DSA, por sus siglas en ingles), por lo que el argumento del gobierno confirma que, a pesar de los discursos públicos, la elaboración de los documentos financieros del país no ha ocurrido unilateralmente en el Gobierno de Puerto Rico para que sea revisado por la Junta, sino en 'sociedad' con la Junta.

'La Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno son, a lo poco, 'socios' en la confección del Plan Fiscal. Es un proceso deliberativo. […] Entendemos que si se solicita información, lo menos que se le puede dar es a la Junta de Supervisión Fiscal la oportunidad de expresarse', expresó en sala Oreste Ramos Pruetzel, representación legal de la parte demandada, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Ramos Pruetzel respondía a un mandamus hecho por la organización Espacios Abiertos a los fines de hacer público el DSA, el cual tambien contiene datos sobre los que se podría delimitar el nivel migratorio y sus repercusiones en la economía, así como su efecto en el pago de la deuda pública de la Isla, una que sobrepasa los $70,000 millones.

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'Estamos dejando a la Junta de Supervisión Fiscal fuera de sus derechos y debido proceso de ley', añadió Ramos Pruetzel, quien aludió a que el ente federal era una parte indispensable del caso.

A eso, la representación legal de Espacios Abiertos --Judith Berkan y Mary Jo Mendez-- respondió que el estándar de indispensabilidad era utilizado cuando era prácticamente imposible realizar una tarea sin esa ficha restante.

Es decir, las abogadas entendían que el Gobierno podía entregar la información solicitada sin necesidad de intervención o participación de la JCF porque se trataba de unos datos independientes de la labor del ente federal.

En respuesta, el juez Anthony Cuevas Ramos fue categórico al establecer que, a su juicio, la JCF no era parte indispensable de este caso porque es una entidad separada del Gobierno.

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'No es parte indispensable la Junta en este caso porque aquí se están pidiendo unos instrumentos para elaborar un Plan Fiscal y en nada tiene que ver el ente fiscal encargado de las finanzas del País. […] Yo entiendo que la Junta no es una parte indispensable. ¿Que puedo estar errado? Para eso está el [Tribunal] Apelativo que me corrija', señaló el magistrado.

Radican moción de desestimación

Previo a la culminación de la vista, el juez Cuevas Ramos ordenó a Espacios Abiertos a responder a la moción de desestimación sometida por la Aafaf el lunes en la noche.

En el documento, la agencia gubernamental solicita que se declare nulo el pedido de publicación del DSA basándose en cuatro puntos, entre ellos: la JCF como ente indispensable --que el juez no dio paso en sala-- y el privilegio deliberativo que protege a los funcionarios públicos.

'Estamos en un proceso deliberativo que, aunque se someta un Plan Fiscal, un Plan Fiscal no se convierte en Plan Fiscal hasta que es certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Hay varios casos que protegen esa doctrina. Los casos establecen que uno no debe divulgar esa información preliminar deliberativa hasta tanto ese proceso por lo menos culmine', sostuvo Ramos Pruetzel en entrevista con NotiCel.

De acuerdo a la parte demandante, este es el elemento de mayor peso, según declaraciones a este medio. Sin embargo, Berkan y Mendez se reafirmaron en que ese recurso no aplica en el caso en cuestión.

'Nosotros entendemos que esto no es deliberación. El DSA es un documento, tiene fórmulas, hechos que meten allí, el multiplicador x, va a migrar cada porcentaje, o sea los hechos que sometieron en la fórmula para llegar a unas proyecciones de comportamiento de la economía en un futuro, para así determinar cuánto van a cortar de los servicios públicos y cuánto se va a pagar a la deuda', explicó Berkan.

Además de eso, Ramos Díaz se fundamentó en cuestionamientos procesales en torno al uso del mandamus como recurso principal, cuando generalmente se utiliza en casos extraordinarios, y que la declaración jurada que lo acompañó carecía de especificidad.

La parte demandante tendrá hasta el 11 de abril para someter su respuesta a la moción, lo cual tambien habilitará un período de replica por parte de los demandados.