La propuesta final del gobierno para emitir un prestamo de $300 millones a la Autoridad de Energía Electrica (AEE) contiene cambios solicitados por las partes envueltas para preservar sus derechos, garantizar la notificación de cambios a los terminos del mismo y hacer público los reportes semanales de liquidez de la corporación pública.

Así quedó consignado en una moción de respuesta radicada por los abogados de la Junta de Control Fiscal (JFC) para informarle a la juez federal Laura Taylor Swain los adelantos logrados este fin de semana entre las partes. Como parte de esos acuerdos, el escrito de la Junta señala que la AEE proveerá su presupuesto a sus acreedores, sujeto a un acuerdo de no divulgación, 'y hará público los reportes y notificaciones provistos por el prestamista bajo las secciones 5-1 y 5-2'.

Según el acuerdo revisado, la sección 5-1 obliga a la AEE a notificar al gobierno y la JCF en caso de cambios en su gerencia, un 'evento de suspensión' o cualquier decisión por parte del prestamista (el gobierno) de relevar su personal contable. Cabe destacar que un 'evento de suspensión' se define como uno en que el gobierno informe que dentro 60 días proyecta tener un balance en su cuenta central de $800 millones, por lo que no podría continuar extendiendo credito a la AEE.

La sección 5-2 dispone que cada miercoles la AEE tendrá actualizar su informe de flujo de caja, actualizando su balance de efectivo, total de cuentas por pagar, un reporte de recuperación de la red mientras las reparaciones continúen, un reporte de generación y un reporte 'relámpago' a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en ingles).

Los terminos nuevos del prestamo disponen que será de $300 millones con una tasa de interes de 5% anual y un vencimiento a 30 años, sin trastocar los derechos de retención de los acreedores, tal como se disputó con la última propuesta. Cualquier cambio a los usos elegibles del prestamo u otros desembolsos deberá ser notificada al tribunal.

Bonistas acusan al gobierno de 'jugar la corte'

Aunque el gobierno afirmó en su respuesta que los acreedores contactados ven con buenos ojos la nueva propuesta revisada, el grupo Ad Hoc de bonistas de la AEE radicó una objeción en cuyo contenido acusó al gobierno de intentar hacer que su liquidez se vea menor de lo que realmente es.

Sus expresiones se basan en los intereses de los acreedores del gobierno central, quienes podrían verse afectados en la eventualidad que el prestamo que otorgan a la AEE afecte su flujo de caja. Sin embargo, a juicio de los bonistas de la Autoridad, los esfuerzos del gobierno van centrados a influenciar las decisiones de la corte, por conducto de omisión o manipulación de información.

'Todo esto es parte de un esfuerzo cínico para hacer ver la liquidez del gobierno central menos de lo que realmente es - para jugar el gobierno federal y loas acreedores del gobierno. Y es solo la más reciente en la contínua estrategia del gobierno - apoyada e instigada por la Junta - de retener o manipular información para poder jugar el sistema', reza la objeción.

Aunque el escrito no lo menciona directamente, una de las razones por la cual el tesoro federal aún no ha desembolsado los $4,900 millones aprobados en 'Community Disaster Loan' (CDL) es por el reconocimiento del gobierno federal de que Puerto Rico no enfrenta una crisis de liquidez inmediata y por tanto puede operar sin esos fondos. No obstante, en una carta enviada a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), FEMA indicó que desembolsará los fondos cuándo la cuenta central del gobierno disminuya a cierto nivel.

Los acreedores Ad Hoc además sentenciaron - a modo de declarar lo obvio - que la razón por la cual el gobierno central posee suficiente liquidez para extender financiamiento a la AEE es debido a los dos años que el gobierno se ha rehusado pagar servicio a la deuda en su deuda constitucional. Dicha acción más bien responde a la paralización de litigios que activó la ley de Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica (PROMESA por sus siglas en ingles) hasta tanto se confirme un plan de ajuste para retomar el pago de obligaciones en aquellas dependencias bajo el Título III.

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