El Tribunal de Primera Instancia denegó hoy la solicitud con la que el Departamento de Justicia insistía en desestimar el caso que presentó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra el gobierno para tener acceso a los documentos que la administración ha entregado a la Junta de Control Fiscal y que no se han hecho públicos.

La resolución emitida por la jueza Lauracelis Roques Arroyo en el caso del CPI v. Rosselló Nevares, señala además una vista para el 19 de marzo de 2018, a las 2:00 p.m. en la que el gobierno tendrá que responder por que no ha provisto la información, que se presume pública.

La jueza Roques Arroyo le aclaró al gobierno que existe un mecanismo para que la controversia no llegue a la vista. 'Tome nota la parte demandada que una certificación específica en cuanto a los documentos provistos a la parte demandante y si estos en efecto existen, podría efectivamente tornar academico el remedio solicitado', subrayó.

La demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló, incluye entre sus peticiones los documentos, informes, cartas, correos electronicos y cualquier otra informacion o material intercambiado entre La Fortaleza y la Junta de Control Fiscal, como por ejemplo: informes semanales de flujo de efectivo (incluyendo el servicio de la deuda); datos mensuales de las cuentas de banco y estados de cuenta de todas las principales cuentas bancarias; informes mensuales de cumplimiento con el presupuesto actual aprobado; informe mensual de los ingresos; informe mensual de nomina por agencia; informes mensuales de los fondos federales recibidos y desembolsados; informe mensual de las obligaciones de deuda y cuales han sido pagadas; informe trimestral de productividad y desempeno de cada agencia; así como cualquier otro documento intercambiado hasta el 3 de mayo de 2017 entre La Fortaleza y la Junta de Control Fiscal en cumplimiento con la Ley 'PROMESA', o entre el gobierno y sus dependencias y la Junta.

El caso, que se radicó en junio del 2017, tendría ahora su día en corte si el gobierno no entrega los documentos solicitados antes del 19 de marzo o prueba que estos documentos no fueron sometidos a la Junta.

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