Con la aprobación legislativa de la 'Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal', la administración del Gobierno tendrá que incluir una partida adicional de poco más de $130 millones en el presupuesto del próximo año fiscal para remediar una enmienda hecha a esa medida para no alterar el plan medico de los empleados públicos.

Esta movida de último minuto supone que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y su equipo tendrá que identificar esta partida en menos de 72 horas, cuando venza el plazo que tienen para entregar a la Junta de Control Fiscal (JCF) el primer presupuesto que ese organismo certificará. Como parte del nuevo marco legal que la ley PROMESA impone sobre el gobierno de Puerto Rico, la certificación del presupuesto implica que los ajustes contenidos dentro del documento garantizarán un presupuesto balanceado a partir de julio de este año.

Sin embargo, no será la primera y única vez que el presupuesto pasaría por un proceso de certificación de aquí a finales de junio. Si el presupuesto que entregó el gobernador logra ser certificado, pero la Legislatura modifica el mismo, esos ajustes volverán a evaluarse por la JCF para recibir su certificación.

El jueves, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó que cuando reciban el presupuesto del gobernador, procederán a identificar los ajustes necesarios para alcanzar los $136 millones necesarios para mantener inalterado el plan médico de los empleados públicos, tal como establece la enmienda incorporada.

'Cuando llegue el presupuesto y tengamos el presupuesto ante nosotros, de la misma manera que hicimos ajustes en esta medida habrá que hacerlo en el presupuesto, reubicando recursos de modo que se puedan', declaró Rivera Schatz en rueda de prensa.

Poco después, tras reunirse con el liderato sindical que arribó al Capitolio para oponerse al Proyecto 936 y exigir se retire, el presidente senatorial argumentó que el rol de la JCF en este proceso de certificación del presupuesto se limita a constatar las metas de ahorros y eficiencias que ordenaron alcanzar mediante el plan fiscal certificado. Aunque la preservación temporera del plan médico de los empleados públicos constituye un gasto en eficiencia gubernamental y salud, dos renglones en los que la Junta ordenó recortes, Rivera Schatz insistió a este medio que el ejercicio de ajustar el presupuesto que someta el gobernador va dirigido al cumplimiento de obligaciones, evitando la insolvencia a toda costa.

'Nosotros estamos trabajando a base de lo que el gobernador someta y de lo que va a considerar la asamblea legislativa y vamos a procurar que el gobierno sea solvente porque es nuestra responsabilidad, no lo que le parezca a la Junta', dijo el senador a este medio. 'No vamos a ser intransigente, pero tampoco vamos a ser sumisos', añadió.

Durante su visita en Washington el miércoles, Rosselló Nevares reiteró que el presupuesto del próximo año fiscal incluye la reducción de beneficios a modo de frenar el plan de la JCF para despedir empleados públicos y reducir la jornada laboral a todos los empleados públicos. Luego que el gobernador entregue su versión del presupuesto, la Junta notificará a más tardar el lunes 8 de mayo si concurren con las propuestas incluidas.

Por su parte, la asamblea legislativa tendrá que entregar su propia versión del presupuesto el 22 de mayo, el cual podría ser concurrido u objetado. De ser objetado, tienen hasta el 14 de junio para corregirlo, y una última oportunidad el 21. Si la legislatura no logra entregar un presupuesto certificable por la JCF, ese ente procederá a elaborar un presupuesto a su medida.