La investigación encomendada por la Junta de Control Fiscal (JCF) a la firma investigadora Kobre & Kim para dilucidar las causas del endeudamiento del Gobierno de Puerto Rico se encuentra rumbo a la publicación de un informe final y los documentos que obtuvieron de las partes consultadas, pero bajo un procedimiento de divulgación diseñado para requerir la autorización de la Junta.

Tal como anticipó a la corte durante la pasada vista de ómnibus, Kobre & Kim radicó su plan de salida ante la jueza federal a cargo de este asunto. En el escrito, la firma investigadora solicita la formalización de un procedimiento para resolver disputas en conexión con el informe final, aprobar un procedimiento de disposición de información, relevarlos de obligaciones de descubrimiento y exculparlos en conexión con la investigación y el informe final.

Para publicar el informe final, que según la firma será antes del 15 de agosto, la JCF deberá incurrir en los servicios de un vendedor neutral que se encargará de almacenar y distribuir toda la data relacionada con el informe final. Esto incluye las cartas de solicitud de documentos, órdenes de emplazamiento, listado de custodios con los terminos de búsqueda utilizados, documentos de terceros, documentos del gobierno de Puerto Rico y los comentarios públicos.

El procedimiento recomendado requiere primero el consentimiento de las partes consultadas y las que acordaron acuerdos de no divulgación para publicar documentos entregados. De haber objeciones, las partes deben reunirse para intentar resolver el asunto, mientras que, de no haber objeciones, la información procede a publicación.

Si las partes insisten en proteger los documentos entregados, podrán radicar un recurso de protección ante la corte, que se evaluara según la orden de manejo del caso. Mientras siga bajo evaluación judicial, los documentos permanecerán sin publicarse.

Sin embargo, en su escrito la firma planteó un potencial escollo con los documentos 'altamente confidenciales' del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) entregados por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para la investigación. Aunque señalaron que estos documentos serán entregados de vuelta a la agencia fiscal, AAFAF le adelantó a la firma que habrá disputas que se levantarán en relación a ciertos documentos.

Aun así, la orden propuesta por Kobre & Kim permite que las partes envueltas en el caso de Título III tengan acceso a estos documentos.

Sobre el proceso para tener acceso al informe y los documentos, la firma recomienda que aquellas personas o entidades interesadas en acceso a los documentos y que no sean parte del litigio tendrían que dirigir la solicitud a los abogados de la JCF, que a su vez lo enviará al vendedor neutral a cargo del repositorio de documentos.

Toda solicitud de documentos deberá incluir terminos de búsqueda y periodos de tiempo de interes. El vendedor neutral aplicará los terminos y notificará a los custodios de esos documentos sobre la producción y tanto la JCF como los custodios tendrán un periodo de 10 días laborales para objetar la producción.

La firma investigadora tambien se compromete con respetar documentos designados 'sólo para ojos de abogados', lo que implica que el material es sólo visible para los representantes legales, a menos que una orden judicial diga lo contrario.

Luego del 15 de agosto y la publicación del informe final, la firma investigadora sólo responderá a solicitudes de cooperación de la JCF, los deudores, los comites, el gobierno local o el síndico de Estados Unidos (United States Trustee). A menos que la JCF opte por retenerlos por un tiempo adicional, Kobre & Kim se hará disponible hasta el 1 de junio del 2019.

Tras el informe final, la firma investigadora solicita sean relevados de futuras obligaciones relacionadas al descubrimiento de documentos adicionales, a menos que alguna parte solicitante demuestre que no pudo obtener ciertos documentos de otras fuentes o bajo la solicitud de un tribunal federal presidiendo un caso criminal en el que una parte de interes requiera documentos encontrados por la firma.

Finalmente, Kobre & Kim solicitó a la corte a extender la protección de reclamos de responsabilidad en su contra, la cual la ley PROMESA le confiere a la Junta al amparo de la sección 105 de ese estatuto. De esta manera, la firma investigadora estaría exenta de cualquier denuncia en su contra por cualquier aspecto de la investigación que llevaron a cabo.

La jueza Dein proveyó un periodo de objeciones sobre el plan de salida y los documentos que debería incluir que culmina el próximo jueves 12 de julio, mientras que aquellos a favor o en apoyo del plan podrán emitir una respuesta antes del viernes 20 de julio. El miercoles 25 de julio se discutirá el plan durante en una vista ómnibus.

Vea el escrito aquí: