Mientras que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares negó alegaciones sobre canjes entre asignaciones presupuestarias con la Junta de Control Fiscal (JCF), los números y una carta entre el ente fiscalizador de las finanzas públicas de Puerto Rico cuentan otra historia.

El acuerdo entre Rosselló Nevares y la JCF dejó sin efecto los recortes al presupuesto de la Oficina de Asuntos Federales, la Oficina de la Comisionada Residente y la Legislatura. Mientras, los recortes a la Judicatura se reducirán a la mitad, según revela el documento mencionado que fue publicado por Rosselló Nevares en su cuenta de Twitter.

O sea, mientras que el presupuesto para el programa de educación especial fue reducido en $19.4 millones, entidades cuyas operaciones están estrechamente ligadas a la corriente política de turno recibieron aumentos, como la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en ingles).

PRFAA representa al gobierno a nivel federal y funge como sede de la Comisión de Igualdad, delegación en busca de la estadidad, y operaría con $3,436,000.

La Oficina del Gobernador, por su parte, tendrá un alza presupuestaria equivalente a un 182%, o sea, de $15.5 millones a $43.8 millones, cosa que fue justificada por Rosselló Nevares como iniciativas de gobierno que antes custodiaba la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

La lista de agencias agraciadas incluye a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), con un aumento de 28% en su presupuesto, y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, un aumento de 96.63%.

Esta oficina fue creada en el 2017 con el propósito de modernizar y agilizar los procesos y servicios gubernamentales en aras de lograr el desarrollo del Tercer Sector y de las Comunidades. Además, trabaja en conjunto con la Oficina de la Primera Dama en estructuras como 'Fortaleza para Ti'.

El cumplimiento de este acuerdo 'imperfecto' entre el Gobernador y la JCF no solo debilitaría las protecciones laborales de los trabajadores por un resultado ínfimo, sino que tiene ramificaciones en el presupuesto consolidado para el año fiscal 2018-2019.

El punto de vista del Primer Ejecutivo estriba en que la derogación de la Ley 80 de despido injustificado, una que otorga una indemnización al empleado, es un justo canje por preservar el bono de Navidad para trabajadores en los sectores público y privado.

Igual, evitaría la reducción de licencias por concepto de días de vacaciones y enfermedad para los empleados del sector privado, que ya sufrieron un golpe con la Reforma Laboral del 2017.

De esta manera, Puerto Rico se asemejaría a la filosofía predominante en los Estados Unidos, la cual adopta pocas protecciones a los empleados.

El beneficio a largo plazo de la derogación de la Ley 80, según esbozó la JCF mediante un memorial explicativo publicado el lunes, sería un aumento en los 'empleos, la productividad y la economía local' en .03%.

Mientras, el presupuesto --según presentado por Rosselló Nevares-- representa una reducción de 22% en comparación al último presupuesto de la administración de Alejandro García Padilla, pero triplica la asignación de fondos por concepto de servicios profesionales.

En este renglón, al año fiscal en curso le fue asignado un total de $264,849,000, pero para el año fiscal que inicia el 1 de julio, la cantidad asciende a $603,222,000, o lo mismo que un incremento de 127.76%.

En el 2016, por ejemplo, el gasto en esta área fue de $81,100,000.

Entre los aumentos dispuestos en el presupuesto proveniente del fondo general tambien se encuentran incrementos al gasto por facilidades y pagos por Servicios Públicos, servicios comprados, donativos, subsidios y distribuciones; y la asignación de pareo por Fondos Federales a raíz del paso del huracán María.

Mientras, en terminos de Asignaciones Estatales, el documento estima una reducción de 21.42% a la Universidad de Puerto Rico (UPR), una de 62.78% a la Junta de Planificación, y de 56.28% al Departamento de Educación (DE).

Para atajar cortes al presupuesto de la UPR, el documento anuncia la creación de nuevos fondos, sin embargo, son para uso de becas con comprobante de necesidad y no compensan los recortes a los fondos operacionales de la institución educativa. Esto incluye un fondo de $25 millones anuales para becas, con posibilidades de aumentar hasta $40 millones adicionales al año.