El Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal de Representantes continúa hoy las vistas para discutir enmiendas a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. (PROMESA, por sus siglas en inglés) a partir de las 2:00 de la tarde con la participación de nueve testigos divididos en dos paneles.

El primer panel cuenta con el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, Heriberto Martínez Otero; el representante de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU por sus siglas en inglés), Alvin Velázquez; Lilliana Cubano de la Coalición del Sector Privado; el estudiante de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Lyvan A. Buntin Rivera; y el economista y director gerencial de Chapman Strategic Advisor, James Spiotto.

Martínez Otero recordó en su testimonio que la Asociación de Economsitas reconoció mediante resolución que los servicios esenciales son la educación, la salud, la seguridad, el retiro de empleados y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Aunque reconoce que estas discusiones para enmendar la Ley federal que instauró una Junta de Control Fiscal (JCF) en Puerto Rico en un buen comienzo para 'suavizar' las condiciones esconómicas de la Isla, son insuficientes para un crecimiento económico sostenido.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Economistas favoreció que el presupeusto de la Junta salga de fondos federales siempre y cuando se tome en cuenta que si la JCF determina que el dinero ahorrado va a pagar la deuda entonces no tendria ningún impacto positivo en la economía local.

Mientras, el representante sindical de SEIU, Alvin Velázquez, apoyó el 'Territorial Relief Act' contenido en el proyecto de enmiendas puesto que sería un mecanismo para presionar a los acreedores a negociar las deudas a corto plazo y sería también una respuesta alternativa cuando los planes de reestructuración de la Junta fallen.

Por su parte, Cubano se concentró en señalar al Congreso el riesgo de la brecha de fondos Medicaid para los residentes en Puerto Rico, y en recomendar próximas acciones entre la Junta y el Gobierno de Puerto Rico, como una verdadera reforma de permisos.

De otro lado, el exmiembro del Comité de Presupuesto de la Junta de la UPR, Lyvan A. Buntin, apuntó que los recortes presupuestarios están creando un déficit masivo en el flujo de caja de la universidad del Estado. El Plan Fiscal de la UPR ya proyecta un déficit de $88 millones para fines del año fiscal 2020, por lo que advirtió que recortes adicionales ponen en riesgo la operación de muchos recintos.

Spiotto, por su parte, se opuso a la eliminación de deudas no aseguradas a la vez que abogó por reformar el sistema de contribuciones de la Isla y devolvió a la mesa el llamada Plan Marshall para Puerto Rico.

En un segundo panel participan de Oxfam American, Adi Martínez; Annie Mayol de Foundation for Puerto Rico; Cecilio Ortiz García del Concilio Nacional para Ciencias y Ambiente (NCSE por sus siglas en inglés); y Rodrigo Masses Artze, de la Alianza Privada para el Crecimiento Económico de Puerto Rico.

Martínez expuso la importancia de 'establecer de inmediato que toda la discusión de federal sobre la coordinación de fondos de recuperación o cualquier legislación de la misma debe estar separada de la

Ley PROMESA o sus modificaciones. Es muy importante mantener clara separación entre los fondos federales de recuperación y consideraciones sobre la deuda y su reestructuración. Estos recursos no deben pensarse de ninguna manera como una forma de pagar a los acreedores o inflar las perspectivas económicas de los planes fiscales'.

Además, como representante de Oxfam favoreció la figura del coordinador de recuperación pero con un grupo de representantes elegidos de la sociedad civil. También propuso un Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil de 17 personas.

Mayol, en tanto, presentó su preocupación en torno a la figura del coordinador de recuperación, aunque favoreció la de un funcionario enlace en el gobierno federal para asegurar el desembolso de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y de los fondos CDBG del Departamento Federal de la Vivienda (HUD), a la vez que destacó al sector no gubenamental como la oportunidad para subsanar la desconfianza en el gobierno.

Ortiz, de otro lado, se concentró en resaltar la politización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la vez que abogó porque se termine 'la aberración de gobierno conocida como PROMESA mediante procesos de colaboración que garantizan la equidad y la justicia no solo en decisiones energéticas pero en todos los aspectos de la vida puertorriqueña'.

Por útlimo, Masses planteó una serie de necesidades en la Isla, como impulsar el emprendimiento de negocios entre mujeres, más consorcios energéticos entre municipios para abandonar la dependencia en la AEE, y un nuevo acercamiento a la economía del país fortaleciendo el sector de la manufactura.

Aunque no forman parte de la discusión congresional hoy, la organización Espacios Abiertos envió una carta al presidente del Comité, el demócrata Raúl Grijalva, para pedirle que si no se elimina la Junta se le imponga reglamentación de transparencia sobre sus ejecutorias y contratistas.

El analista senior de Política Pública de EA, Daniel Santamaría Ots, expresó en la misiva que las medidas de reestructuración de la deuda deben responder a los criterios de un análisis de sostenibilidad de deuda de expertos académicos independientes además de llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda por especialistas sin conflicto de interés.

'La puesta en marcha de un mecanismo que se suponía debía proveer de un marco jurídico que permitiera, entre otras cosas, una reestructuración ordenada del pago de una deuda pública insostenible, no ha otorgado a la ciudadanía mejores medios y herramientas ante la crisis', planteó de entrada Santamaría Ots.

Además, recordó que la falta de transparencia de la Junta y sus repercusiones se ejemplificó cuando recientemente el organismo filtró a la prensa un documento interno de difícil acceso para la ciudadanía que a la fecha de hoy sigue sin aparecer en su página de Internet en el que reconocen políticas fallidas, como el nulo efecto de sus propuestas reformas y la sobreestimación de la ayuda federal posdesastre de los huracanes Irma y María. La falta de acceso a los documentos precisos de la Junta impidió dilucidar tales sobreestimaciones, recalcó.

'Los supuestos produjeron unas proyecciones de crecimiento fallidas y ahora, justo cuando se pretende cerrar la reestructuración de los bonos de obligación general con proyecciones obsoletas que obligará a pagos de deuda posiblemente insostenibles para los próximos más de 40 años, nos indican que tales proyecciones de crecimiento empeoran', sostuvo el analista a la vez que enfatizó que es necesario saber en detalle a qué se debe este cambio tan repentino en las proyecciones y si, como consecuencia, se requeriría la revisión de reestructuraciones ya aprobadas, como en el caso de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

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A continuación las ponencias de los testigos en la segunda vista celebrada para discutir enmiendas a PROMESA: