Un bloque de acreedores de Puerto Rico agrupados bajo fondos de UBS y otros fondos mutuos pidió a la jueza del caso de quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, que remita al Tribunal Supremo de Puerto Rico la controversia sobre si el gobierno puede usar dinero que se supone fuera para pagar bonos de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA), una movida que, de ocurrir, podría colocar la quiebra de la Isla en un carril expreso para la negociación con acreedores.

La moción fue sometida el miércoles pasado y reseñada por medios especializados estadounidenses.

Según copia del documento en poder de NotiCel, el empuje es para que Swain someta la controversia al Supremo de la isla porque cumple con el parámetro de que se trata de una controversia puramente de derecho y Constitución puertorriqueños, la ley que creó COFINA y el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) del que se nutre. Además, sería el camino más rápido porque cualquiera de las partes podría seguir pidiendo a los tribunales federales superiores que hagan ese referido.

La controversia urge porque el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico que la Junta de Control Fiscal (JCF) certificó, y el presupuesto que certificó con condiciones, cuentan con usar el dinero de COFINA para otros propósitos que no son repagar esos bonos. De un tribunal decidir que ese dinero no está disponible para el gobierno, se tendrían que rehacer el Plan y el presupuesto.

'La certificación inmediata de esta controversia al Tribunal Supremo de Puerto Rico permitiría tener una respuesta del cuerpo judicial que puede darle respuesta final y definitiva a esta controversia bajo el derecho constitucional de Puerto Rico', indica la moción.

El reclamo sobre la legalidad de los fondos del IVU como una fuente de ingresos separada del Fondo General que no debe estar disponible para pagar otros gastos y a otros bonistas está planteada en al menos tres casos ya, pero esos pleitos están paralizados, por lo que los proponentes de la certificación argumentan que levantar la paralización en esos casos para que esta controversia sea resuelta puede agilizar el proceso de la quiebra. Esto porque, una vez quede claro qué se puede hacer con ese dinero y qué no, los distintos acreedores pueden motivarse a buscar negociaciones con el gobierno y la JCF, en vez de seguir bajo el proceso de quiebra que provee el Título III de la Ley PROMESA.

'Confirmar la validez de la estructura de COFINA también facilitará la resolución de otros casos bajo Título III. Por ejemplo, los bonistas de GO finalmente entenderán que, aunque su prioridad constitucional los coloca al tope de la cascada de los ingresos de Puerto Rico, esos ingresos no incluyen fondos como los del Impuesto Dedicado (el IVU). De esta manera, los bonistas de GO entenderán mejor el valor de sus reclamaciones contra Puerto Rico. El gobierno, la Junta y los bonistas de GO estarán mejor preparados para llegar a un acuerdo consensual de reestructuración bajo un paradigma de 'post recursos disponibles', lo cual llevaría a acuerdos globales', sostienen los proponentes.

'Esta materia debe ser certificada al Tribunal Supremo de Puerto Rico para resolver este asunto central de una vez y por todas', insisten.

Los fondos de UBS que firman la moción tienen $613.3 millones en pagos adeudados, y no asegurados, de bonos de COFINA y aseguran que en sus filas hay bonistas de residentes de Puerto Rico.

Mientras, los fondos mutuos Oppenheimer Funds, Inc., Franklin Advisers, Inc., y First Puerto Rico Family of Funds colectivamente tienen deuda de COFINA por $3,500 millones y otros $2,900 millones emitidos por otras agencias incluyendo $1,800 millones en bonos de Obligaciones Generales cuyo repago está en controversia directa con el repago de los bonos de COFINA.

Moción de certificación al Tribunal Supremo sobre COFINA - NotiCel_25430